La semana pasada la disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo volvió a tomar fuerza, ahora desde el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, instancia que el Estado venezolano ve con recelo y de la que espera una posición favorable con la negación de proseguir con la demanda.
La remisión del caso a la CIJ se llevó a cabo en 2018. Desde entonces Venezuela ha rechazado la decisión del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de terminar con el proceso de buenos oficios al argumentar que con el mecanismo no se alcanzó un progreso significativo. Esto llevó a que meses después Guyana interpusiera una demanda contra Venezuela ante la CIJ con la intención de adueñarse definitivamente del territorio.
Por primera vez desde el comienzo del conflicto Guyana logró imponer su criterio de buscar una solución al problema en los organismos internacionales. Ese podría ser el primer paso para abrir el camino a un juicio a su favor.
Sin embargo, las cosas podrían no resultar como Guyana espera. La audiencia pública del 30 de junio, a la que Venezuela no asistió, fue una primera fase para que, posterior al encuentro, los jueces pudieran deliberar sobre los argumentos expuestos por la delegación guyanesa. Luego determinarán si la corte es competente para ejercer su jurisdicción y si, además, la demanda es admisible.
Antes de este 6 de julio, Guyana debió responder a la pregunta que le hizo uno de los jueces de si los mecanismos para resolver las controversias que prevé el artículo 33 de la Carta de la ONU fueron agotados antes de recurrir a la denuncia.
Mecanismo de mediación
“Con el secretario general se agotó el procedimiento de buenos oficios, pero el de mediación nunca. Aunque el secretario nombró a un noruego hace algunos años y este buen oficiante dijo que él iba a estar como mediador, nunca actuó como tal, porque el mediador actúa distinto a la función de buenos oficios en una negociación asistida, en la que las partes se sientan, conversan y se las arreglan ellos. El mediador, en cambio, llama a las partes, los sienta y hace una propuesta, y esa propuesta nunca la hizo. El mecanismo de mediación tiene que ser agotado según la excepción a la regla antes de recurrir a la regla. Esas son las consideraciones y muchas otras que hay que tener en cuenta interpretando el artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, interpretando el texto del trabajo preparatorio de la oposición de Venezuela”, asegura Víctor Rodríguez Cedeño, exrepresentante del consejo permanente alterno de Venezuela ante la ONU y expresidente del Comité Ejecutivo de la Acnur.
Cedeño afirma que sin importar el comportamiento que tenga el caso internacionalmente acerca de la jurisdicción, toda esa interpretación lleva a la conclusión de que la corte no es competente.
Pero aun así, si la corte decide que sí es competente y considera que Venezuela sí aceptó la jurisdicción, señala Cedeño, la demanda es inadmisible. Esto contradice el Acuerdo de Ginebra, que habla de una solución práctica y mutuamente satisfactoria para resolver la reclamación territorial. En este caso, explica, tendría la corte que decidir que no es competente y regresar la controversia al marco del Acuerdo de Ginebra. Así se seguirá con los mecanismos de mediación y en las negociaciones que sean pertinentes para solucionar la controversia de manera pacífica.
La no comparecencia de Venezuela
Venezuela ha optado por los buenos oficios desde los años 70. Su tradición ha sido resolver sus problemas de fronteras a través de la negociación. Por esta razón decidió no comparecer en esta fase preliminar. La no comparecencia no quiere decir que se abandonó el caso, o que la corte va a validar todo lo que la delegación de Guyana diga. Tampoco que se tomará solamente lo que ellos expusieron en la audiencia pasada. La corte está obligada por el artículo 53 de su estatuto a cerciorarse de que es competente y de que la demanda es admisible.
“Venezuela hizo llegar un memorando, no como parte del proceso. En el memorando reitera su posición de no aceptar la jurisdicción obligatoria de la corte. Ese documento lo ven los jueces y lo consideran, no como una posición procesal, porque está fuera de proceso, pero sí influirá en la posición que tomen los jueces en relación con si acepta o no la demanda de Guyana”, explica Cedeño.
“Pero, además, y esto le corresponde a otros actores no oficiales del país, si el Estado venezolano no comparece, nosotros, los individuos, las academias, las universidades, podemos emitir alguna información importante que se puede hacer llegar a la corte. No se trata de la figura de la amicus curiae que se utiliza en los tribunales internacionales, sino que uno puede enviar, hacer pública la información que la corte a lo mejor no puede conseguir porque no tiene acceso a papeles. Algunas personas, algunos grupos, algunas academias lo están tratando de preparar con documentos e informaciones para completar lo que ya tiene la corte de manera de convencerla”, agregó.
“El problema no es la validez del Laudo Arbitral de París”
Desde principios del siglo XIX, Venezuela ha reclamado como suyo casi 159.500 kilómetros cuadrados en territorio terrestre, un espacio que hoy constituye 70% del Estado guyanés. En la Constitución venezolana está demarcado desde el delta del río Orinoco hasta el río Esequibo.
Este territorio, desde 1498, fue una colonia de la corona española. Posteriormente, con la independencia, pasó a ser venezolano, pero tiempo después, con la invasión inglesa, la región del Esequibo entró en disputa, y en 1897 Gran Bretaña propuso a Venezuela dirimir la diatriba en un laudo internacional.
Dos años después, el llamado Laudo Arbitral de París falló a favor del Reino Unido. Guyana se independizó en 1966 de las riendas británicas. Esto sin tomar en cuenta el uti possidetis iuris (como poseías, seguirás poseyendo), un principio en el derecho internacional que señala que los territorios en países que se independizaron del reino de España pasan a las repúblicas independientes. Este fue adoptado por Venezuela en 1811.
Después de conocerse el fallo del Laudo Arbitral de París, Venezuela tuvo acceso a documentos que reflejaban la complicidad entre los delegados británicos y el juez ruso de ese fallo. Por ello llevó su denuncia a las Naciones Unidas y esto dio inicio a un nuevo acuerdo.
El Acuerdo de Ginebra
El Acuerdo de Ginebra, en 1966, determinó que Guyana controla la zona, pero apunta que Venezuela reclama su soberanía. Según este, la disputa debía resolverse en un plazo de 4 años, sin embargo, 54 años después, todavía sigue vigente.
Cedeño hace énfasis en que la controversia que debe resolverse es la reclamación territorial de Venezuela y no la validez del Laudo Arbitral de París.
“Hay una cuestión importante a destacar y es que el objeto de la demanda de Guyana es la validez del Laudo Arbitral de 1899, pero el problema de la controversia con Venezuela no es la validez del Laudo Arbitral. La controversia entre Guyana, Venezuela y Reino Unido desde 1986, tal como se desprende del Acuerdo de Ginebra, es por la reclamación territorial nuestra. En el acuerdo del 66 se reconoce que hay problemas en cuanto a la validez del Laudo Arbitral del 99, si no el Reino Unido no hubiera aceptado unas connotaciones para considerar los límites. Venezuela consideró, y así quedó reflejado, que ese laudo era nulo e írrito. Con base en eso se haría una comisión mixta y los procedimientos del secretario general para llegar a un acuerdo en el que se establece el límite de las fronteras. Guyana se adelanta ahora y sale un poco del acuerdo al demandar la confirmación de la validez del laudo del 99”, asegura.
Las partes tendrán que ceder
La decisión de los 15 jueces que actualmente llevan el caso debería hacerse de conocimiento público entre las próximas 6 u 8 semanas, indica Cedeño.
Explica además que, de ser afirmativa, la corte entrará a proceder el fondo de la demanda, que sería la reconfirmación de la validez del laudo de 1899.
“Lograr la nulidad del laudo sería un tema difícil. Venezuela no ha comparecido en esta fase preliminar pero se verá obligada a participar en la segunda fase. Aunque ese no es el objeto de la demanda porque el tema es la delimitación. Lo que pasa es que esta gente se centró en el laudo y eso es lo que nos complica las cosas. Si se reafirma va a ser un problema para nosotros el restablecimiento de las fronteras y la consideración definitiva de nuestro territorio. Si es lo otro, que se niegan a su validez, Guyana va a perder los cinco octavos de su territorio, de manera que la negociación es lo sensato”, afirma.
Anacoco es venezolana
Cedeño rechaza que la delegación de Guyana haya incluido en la demanda el reclamo de la isla de Anacoco, la delimitación de los espacios marítimos adyacentes al territorio terrestre, la solicitud de que Venezuela asuma la responsabilidad por los daños y perjuicios durante décadas debido a la reclamación, entre otros.
“Anacoco es venezolana. Lo que pasa es que ellos metieron en la demanda, que no tiene nada que ver con el acuerdo, la agresión venezolana y el uso de la fuerza militar. Ellos meten una cantidad cosas porque cuando uno les llega a la corte y les mete siete planteamientos espera que por lo menos nos den los dos primeros. En este caso serían la validez del laudo y que Venezuela está obligada a cumplirlo”, agregó.
Sin embargo, si la corte no se declara competente y la demanda no es admisible las partes tendrían que volver a negociar. Esta etapa, afirma Cedeño, implica que los dos Estados tiene que ceder. Si la negociación se entabla dentro del marco del Acuerdo de Ginebra, nadie, ni los más radicales, podrían decir que el territorio es absolutamente venezolano para quitárselo a Guyana.
“Habrá formas que a lo mejor no son territoriales, habrá que utilizar la creatividad jurídica y política. Hace 30 años había territorios en condominios, explotación conjunta de zonas, soberanías de un lado, soberanías del otro. Una negociación supone cesión porque si no es imposición. Hay que agotar la negociación”, indicó.
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