La Convención de Minamata sobre el Mercurio pidió a los países parte tener planes para frenar la contaminación de este elemento en el mundo. Venezuela sigue sin suscribir el acuerdo desde 2013, a pesar de que lo anunció, y no supervisa el cumplimiento de normas para lograrlo, afirman defensores del ambiente. Mientras tanto, las altas concentraciones consumen más zonas del sur.
El 25 de marzo pasado, se celebró el segundo segmento de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, en la cual 400 participantes se comprometieron a evaluar y diseñar planes para controlar y frenar la contaminación de este elemento químico en el mundo. Además, se recomendaron métodos para seguimiento y conseguir cooperación, así como educar a la gente.
“Es un momento crucial para la Convención en el que hemos pasado de centrarnos más en cuestiones de procedimiento a avanzar hacia la plena implementación”, afirmó Monika Stankiewicz, secretaria ejecutiva de la Convención de Minamata, en la clausura de la reunión efectuada en Bali, Indonesia.
“Hoy ha logrado resultados verdaderamente notables para acercarnos un paso más a lograr el objetivo del Convenio y comenzar a romper el ciclo de miseria que trae consigo el mercurio”, dijo a los participantes. Estos volverán a encontrarse del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2023 en Ginebra, Suiza.
El Convenio de Minamata sobre el Mercurio es el acuerdo mundial más reciente sobre ambiente y salud, según lo define su página web. Desde que entró en vigor el 16 de agosto de 2017, 137 Partes trabajan “para controlar el suministro y el comercio de mercurio, reducir el uso, la emisión y la liberación”.
Al margen de la Convención
Venezuela, uno de los países de la región con gran uso de mercurio por la minería ilegal, se mantiene al margen. Aunque habría asistido al encuentro como “observador”, no se ha hecho parte del acuerdo que fue suscrito hace nueve años, en Kumamoto, Japón. Esto, a pesar de que Nicolás Maduro en 2013 dijo estar “listo” para firmarlo.
“Venezuela tiene una obligación ética con el mundo, con los ciudadanos, y con un número indeterminado de afectados por mercurio que no hay manera de saber”, expresa el biólogo Alejandro Álvarez-Iragorry, especialista en ambiente y coordinador de la ONG Clima21, al comentar la falta de interés del Estado en controlar la situación.
A pesar de que la Convención no puede obligar a los países no partes, tampoco Venezuela ha diseñado planes. En 2016, se dictó un Decreto-Ley N.° 2.412 de fecha 5 de agosto, mediante el cual se prohíbe el uso, tenencia, almacenamiento y transporte del mercurio, como método de obtención o tratamiento del oro y cualquier otro mineral metálico o no metálico. El texto fue publicado en Gaceta Oficial N.º 40.960 de la misma fecha, pero el experto es tajante. “No hay nadie que diga que eso se está aplicando en alguna parte”.
El mercurio se expande por el sur
Mientras, los riesgos de contaminación por mercurio en el país crecen.
Al ser el principal recurso para la extracción ilegal de oro en las minas del sur de Bolívar, el mercurio ha contaminado el agua y, en consecuencia, ha puesto en riesgo a los habitantes. Pero también se encuentra en zonas no mineras.
En 2021, al menos dos millones de personas en las cuencas del Orinoco estaban en riesgo de contaminarse por las altas concentraciones.
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