Defensores de derechos humanos y abogados advierten que funcionarios del régimen de Nicolás Maduro están incurriendo en la creación cuentas falsas y en el uso indebido de redes sociales a nombre de presos políticos o de organizaciones vinculadas a ellos, en Venezuela, con fines desconocidos.
Diario Las Américas Ante ello, hicieron denuncias en la red social X para alertar sobre la práctica tecnológica que la ley considera delito informático.
Crece la represión en Venezuela: Hay 270 presos políticos
La abogada y defensora de derechos humanos, Tamara Sujú, alertó este 2 de julio que desde la DGCIM se creó una cuenta falsa en la red social Threads, relacionada con Instagram, con el nombre del capitán del Ejército retirado, Anyelo Heredia, quien se encuentra preso desde diciembre de 2023.
La cuenta, creada el pasado 20 de enero, permitiría seguir los contactos en Instagram, denunció Sujú.
Anyelo, de 39 años de edad, fue detenido por el régimen el 13 de diciembre de 2023, en la frontera de Venezuela con Colombia, y en enero apareció en un video difundido por el fiscal al servicio de Maduro, Tarek William Saab.
En dicho video menciona al teniente retirado Ronald Ojeda, asesinado en Chile un mes después, donde residía como refugiado político, de estar involucrado en una conspiración con Maduro. También nombró a militares, políticos opositores y periodistas que participarían en el supuesto plan.
Uso de redes de ONG de San Miguel
En junio pasado, el abogado Juan González, quien asiste a la presa política Rocío San Miguel, denunció que la cuenta de la ONG Control Ciudadano, que pertenece a la abogada, fue usada indebida e inexplicablemente sin autorización para difundir mensajes de corte político.
“Se desconoce quién la opera y publica con ella”, expresó González en su cuenta de X. Además, indicó que los equipos de San Miguel se encuentran en poder de los órganos de seguridad del Estado y a la orden del Ministerio Público.
Recordó que la Ley Especial contra los Delitos Informáticos establece que “toda persona que sin la debida autorización o excediendo la que hubiere obtenido (…) o use un sistema que utilice tecnologías de información será penada con prisión de uno a cinco años”
Defensores de derechos humanos y abogados advierten que funcionarios del régimen de Nicolás Maduro están incurriendo en la creación cuentas falsas y en el uso indebido de redes sociales a nombre de presos políticos o de organizaciones vinculadas a ellos, en Venezuela, con fines desconocidos.
Diario Las Américas Ante ello, hicieron denuncias en la red social X para alertar sobre la práctica tecnológica que la ley considera delito informático.
Crece la represión en Venezuela: Hay 270 presos políticos
La abogada y defensora de derechos humanos, Tamara Sujú, alertó este 2 de julio que desde la DGCIM se creó una cuenta falsa en la red social Threads, relacionada con Instagram, con el nombre del capitán del Ejército retirado, Anyelo Heredia, quien se encuentra preso desde diciembre de 2023.
La cuenta, creada el pasado 20 de enero, permitiría seguir los contactos en Instagram, denunció Sujú.
Anyelo, de 39 años de edad, fue detenido por el régimen el 13 de diciembre de 2023, en la frontera de Venezuela con Colombia, y en enero apareció en un video difundido por el fiscal al servicio de Maduro, Tarek William Saab.
En dicho video menciona al teniente retirado Ronald Ojeda, asesinado en Chile un mes después, donde residía como refugiado político, de estar involucrado en una conspiración con Maduro. También nombró a militares, políticos opositores y periodistas que participarían en el supuesto plan.
Uso de redes de ONG de San Miguel
En junio pasado, el abogado Juan González, quien asiste a la presa política Rocío San Miguel, denunció que la cuenta de la ONG Control Ciudadano, que pertenece a la abogada, fue usada indebida e inexplicablemente sin autorización para difundir mensajes de corte político.
“Se desconoce quién la opera y publica con ella”, expresó González en su cuenta de X. Además, indicó que los equipos de San Miguel se encuentran en poder de los órganos de seguridad del Estado y a la orden del Ministerio Público.
Recordó que la Ley Especial contra los Delitos Informáticos establece que “toda persona que sin la debida autorización o excediendo la que hubiere obtenido (…) o use un sistema que utilice tecnologías de información será penada con prisión de uno a cinco años”
