El arresto exprés del alcalde venezolano Ernesto Paraqueima por supuestos delitos de odio por sus comentarios despectivos contra niños autistas es “preocupante y desproporcionado” y sienta un precedente en el derecho penal y político en el país, si bien son reprochables los comentarios, advierten expertos.
Paraqueima, un sociólogo electo hace dos años como alcalde del municipio Simón Rodríguez, fue arrestado la tarde del jueves por funcionarios de inteligencia tras calificar de “horrible” un mural pintado por niños autistas en El Tigre, en la región oriental de Anzoátegui, informó el fiscal general, Tarek William Saab, en sus redes sociales.
En un audio difundido esta semana, el alcalde se preguntó despectivamente si el mural “espantoso” había sido pintado “con las patas” por los niños con síndrome de Asperger.
La Asamblea Nacional, de mayoría chavista, aprobó por unanimidad un acuerdo de repudio a las palabras “infames, despectivas, discriminatorias y destructivas” del alcalde, y una comisión de diputados se reunió enseguida con el fiscal general.
“Hasta aquí llegaste, Paraqueima”, había expresado el presidente del parlamento y uno de los hombres de confianza del presidente Maduro, Jorge Rodríguez.
Saab, exgobernador del chavismo en Anzoátegui, confirmó horas luego la detención de Paraqueima al publicar un video donde se muestra al alcalde, encapuchado, custodiado por agentes del Servicio de Inteligencia Bolivariana Nacional (Sebin), abordando una avioneta para su traslado a Caracas.
Según el fiscal, Paraqueima incurrió en “promoción e incitación” al odio y violó leyes para la protección de niños, niñas y adolescentes y contra la discriminación a niños con trastornos del espectro autista.
El funcionario, antes de su detención, aseguró que el audio había sido «trucado» y «sacado de contexto» para perjudicarle políticamente.
Comportamiento polémico
Paraqueima ganó la elección de 2021 con el apoyo de la Alianza Democrática, una coalición de opositores disidentes que el antichavismo tradicional califica como “traidores”. En 2004, ganó y dirigió por cuatro años esa misma alcaldía con el apoyo del partido de entonces del chavismo, el Movimiento Quinta República.
En 2022 difundió videos donde regaló un juguete sexual a una simpatizante por su cumpleaños, e hizo publicidad a una tienda colocando prendas íntimas de mujer sobre su rostro.
Entre 2014 y 2017, la justicia promovió la destitución y arresto de alcaldes de la oposición, entre ellos Alfredo Ramos, Daniel Ceballos y Enzo Scarano, por desacato a la orden de impedir bloqueos de carreteras como protesta contra el gobierno.
El caso de Paraqueima, sin embargo, se anota como el primero donde se aplica la ley contra el odio para desalojar a un funcionario de su cargo de elección popular.
El arresto de Paraqueima ocurrió solo horas después de que el diputado chavista Jesús Farías admitiera en una entrevista radial que el poder judicial investiga a Tareck El Aissami, ex ministro de petróleo, por presunta corrupción.
Sanción desproporcionada
El proceso contra Paraqueima “es claramente preocupante”, afirmó Carlos Lusverti, abogado y profesor investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
El experto señaló que el fiscal Saab suele “prejuzgar sobre la culpabilidad o no de una persona” a través de sus conferencias de prensa y sus redes sociales.
“No es un proceso ajustado al derecho. Es contrario a la legislación procesal penal venezolana, porque el Ministerio Público no es un acusador a ultranza, sino que debe investigar independientemente para ver su culpabilidad o exoneración”, explicó el jurista y defensor de derechos humanos a la Voz de América.
A pesar de que las expresiones “horribles” se difundieron por doquier en redes sociales, Paraqueima tiene derecho a la presunción de inocencia, advirtió.
Se le acusa por una ley “claramente inconstitucional”, dijo, “diseñada para reprimir a la disidencia”, aprobada por una Asamblea Nacional Constituyente que la oposición y parte de la comunidad internacional tachan de ilegítima desde su convocatoria por parte del presidente Nicolás Maduro en 2017.
Lusverti nota “la desproporcionalidad” de las sanciones previstas en la ley para un acto como el de Paraqueima. Un correctivo adecuado a la responsabilidad que involucra la libre expresión pasa por el derecho a rectificación o una multa que no sea tan onerosa como para restringir ese derecho a manifestarse, opinó.
“Las penas son desproporcionadas para el ejercicio de la libre expresión. No es admisible que sea castigado bajo la lógica de llegar a decir que un comentario puntual debe ser penado con pena corporal, es decir, con cárcel”, apuntó.
Un llamado de atención del Consejo Legislativo local o un acuerdo de reproche por parte de la Asamblea Nacional también eran suficiente castigo para el alcalde, dijo Lusverti.
Institucionalidad frágil
Las opiniones de Parequeima sobre el mural pintado con inspiración de niños con síndrome de Asperger “rayan en lo vergonzoso e indigno de una persona electa popularmente”, indicó el politólogo venezolano José Vicente Carrasquero, sin embargo, señaló que la institucionalidad del Estado no operó de la forma en que debía.
Primero debió haber actuado el Defensor del Pueblo, un funcionario del poder moral, propuesto por la Constitución para esos casos, indicó.
“No la veo ajustado a derecho, esa Asamblea no tiene el poder de ejercer funcionarios judiciales. Se pone en evidencia la fragilidad de la institucionalidad venezolana”, señaló.
Carrasquero, por su lado, dijo a la VOA que el caso Paraqueima pone en relieve la urgencia de revisar programas de televisión de voceros del chavismo, como «Con el mazo dando», de Diosdado Cabello, o «La Hojilla».
Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, fue el primer jerarca del chavismo en pedir la aplicación de la Ley contra el Odio a Paraqueima. Lo hizo justamente en su programa del miércoles. “Es un cobarde y miserable”, expresó.
“Constantemente, en [los programas] hay incitaciones al odio y ofensas a los venezolanos. Creo que la ley debe ser aplicada para todos y ese es el reto de la institucionalización de Venezuela por delante”, aseguró Carrasquero.
El politólogo Leandro Rodríguez Linárez se pregunta por qué el fiscal Saab no actúa penalmente contra funcionarios de alto rango del chavismo, como Maduro, Cabello y el presidente del Parlamento, “si prácticamente a diario, insultan, agreden e incitan a la violencia contra distintas personalidades”.
“Más allá de ser un ‘acto de justicia’, la destitución y encarcelamiento del alcalde deja un amargo sinsabor en la justicia. El argumento de sus declaraciones contra niños de la comunidad asperger es insuficiente jurídicamente”, agregó.
Rodríguez Linárez dijo que que se “mancilla” la decisión electoral de hace dos años por “un procedimiento que legalmente posee muchas orillas oscuras”, a pesar de que sus comentarios deben tacharse.
