Los partidos de oposición venezolanos buscan proteger de los acreedores miles de millones de dólares que serán para un fondo humanitario que administrará Naciones Unidas, por lo que mantienen en confidencialidad los detalles de su liberación, según cinco personas con conocimiento de los esfuerzos.
Delegaciones del régimen de Nicolás Maduro y la oposición regresaron a la mesa de negociaciones en México a fines de noviembre, luego de un año de pausa, y firmaron un acuerdo destinado a liberar gradualmente al menos 3.000 millones de dólares en dinero congelado.
Pero a los líderes de la oposición les preocupa que los acreedores del país puedan emprender acciones legales para incautar parte de los recursos y cobrar así deudas impagas, dijeron a Reuters fuentes cercanas al asunto, que pidieron permanecer en el anonimato.
El Ministerio de Comunicaciones no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters. Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la oposición en las conversaciones, dijo que no comentaría el tema.
Mantenido en cuentas de propiedad venezolana en el extranjero y compuesto principalmente por ingresos de las ventas de petróleo, el dinero fue congelado por bancos estadounidenses y europeos después que Washington intensificó las sanciones durante el gobierno de Donald Trump. Las medidas fueron diseñadas para presionar la salida de Maduro del cargo y forzarlo a que organizara unas elecciones libres.
Los recursos que están en el exterior se utilizarán en las áreas de salud, educación, alimentación, infraestructura y electricidad para ayudar a paliar la crisis económica y social en el país petrolero, según lo estipulado en el acuerdo firmado entre las partes en México el 26 de noviembre.
Maduro dijo la semana pasada que espera que los recursos sean liberados “inmediatamente” y a más tardar en diciembre.
Los montos depositados en las cuentas y los bancos que los manejan no han sido revelados, dijeron las fuentes, que agregaron que las gestiones se realizan con prudencia y harán todo lo posible para mantenerlos en secreto de los acreedores.
Venezuela debe más de 60.000 millones de dólares a los acreedores por las nacionalizaciones de empresas realizadas hace una década bajo el entonces presidente Hugo Chávez, así como por los bonos en mora del país y de la petrolera estatal PDVSA.
A algunos acreedores estadounidenses se les han otorgado fallos judiciales que les permitirían negociar la venta de activos venezolanos en el extranjero, como su refinería Citgo, con sede en Houston, una subsidiaria de la estatal PDVSA, para cobrar deudas. Pero varios de esos activos están bajo la protección del Departamento del Tesoro.
Citgo, considerado el bien más valioso de Venezuela, tiene una licencia del Departamento del Tesoro que vence en enero y que la oposición espera que se extienda por un año más para protegerlo de los acreedores. La refinería se utilizó como garantía para la emisión de bonos de PDVSA 2020 en default.
El “acuerdo social” que rige la liberación de los fondos congelados incluyó la creación de un comité de verificación que supervisará la distribución y ejecución del fondo humanitario y de los proyectos que recibirán el dinero.
“Hay que evitar que el dinero se malgaste y se use en lo más urgente”, dijo el martes el líder opositor Juan Guaidó, quien añadió que el número de miembros y quiénes integrarán el comité de verificación se definirá en la mesa de diálogo.
