Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la comunidad de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos ha sido atacada como nunca hasta ahora. En menos de 100 días, a los sudamericanos se les despojó de dos de las protecciones migratorias que les permitían vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Primero, fue la anulación de la extensión del TPS otorgada por el Gobierno de Biden —actualmente suspendida por un juez federal de California— que amparaba a unos 350.000 venezolanos; y segundo, la eliminación del parole humanitario, que concedía residencia temporal a unos 117.000 venezolanos. Pero el mayor daño ha sido el intento de criminalizar a una diáspora que supera a las 900.000 personas, según la encuesta 2023 de la Comunidad de la Oficina del Censo de Estados Unidos (ACS, por sus siglas en inglés), y ocupa el décimo lugar entre las diez mayores comunidades latina del país.
“Hemos sido el target de la nueva Administración con insultos y adjetivos absolutamente racistas. Hemos sido llamados animales… Sin que jamás se diferenciara a los miles de venezolanos trabajadores que llegaron a este país de los contados que han cometido algún delito. Venezuela no es el Tren de Aragua, y estamos luchando para que el sistema judicial estadounidense acabe con esta injusticia”, explica Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, una organización que participó en la demanda con la que la Alianza Nacional de TPS y otros siete demandantes lograron detener de forma temporal la medida del Departamento de Seguridad Nacional que revocaba la vigencia de la protección migratoria.
La activación de la ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte de la Administración Trump, bajo el argumento de estar siendo víctimas de una invasión por parte de la banda criminal Tren de Aragua (de origen venezolano y con presencia en varias ciudades del país), provocó que 238 hombres nacidos en la nación sudamericana fueran deportados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, sin control judicial. El Gobierno incluso reconoció que 101 de ellos no tenían antecedentes criminales ni formaban parte del grupo delictivo.
Este hecho desencadenó una disputa entre el poder judicial y la Casa Blanca después de que un juez bloqueara temporalmente la aplicación de la ley (solo usada en contextos bélicos), y el Gobierno de Trump acudiera al Supremo para pedir que se levante la prohibición que le impide acelerar la expulsión de migrantes irregulares. También la indignación de la comunidad venezolana y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que fueron testigos de una deportación convertida en espectáculo propio de un thriller de terror. Así lo calificó Juanita Goebertus, directora de la División Américas de la organización Human Rights Watch, quien señala que el presidente salvadoreño Nayib Bukele estaría buscando convertir a su país en un Guantánamo centroamericano.
Mientras, los datos oficiales demuestran que la inmigración venezolana no representa ningún peligro para la seguridad de Estados Unidos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), un organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro, publicó que alrededor de 800 personas habían sido arrestadas en el país por su participación o vínculos con el Tren de Aragua. Esto quiere decir que solo el 0,08% de los inmigrantes venezolanos en el país serían parte de la organización criminal. Además, ninguno de los detenidos tenía Estatus de Protección Temporal (TPS).
Los últimos datos disponibles de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos arrojan luces sobre los extranjeros que cometieron delitos y fueron sentenciados en el país, en el año fiscal 2023. De los 64.124 casos notificados, 21.504 afectaban a ciudadanos no estadounidenses (el 33,7%). De estos, el 93,4% corresponden a latinos que cometieron algún delito, y los venezolanos no figuran en el grupo con el mayor número de sentencias, que incluye a México (67,1%), Honduras (7,4%), Guatemala (5,4%), República Dominicana (3,8%), El Salvador (3,7%), y otros países latinoamericanos (12.6%).
Como ha ocurrido con otras comunidades migrantes, los recién llegados suelen ser más vulnerables y propensos a los estigmas y efectos de las agendas políticas abiertamente xenófobas como las de Donald Trump. Estados Unidos se convirtió en la última década en un destino significativo para los migrantes de Venezuela. Un reciente informe del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) muestra que la población de venezolanos en el país pasó de 33.000 personas en 1980 a 770.000 en 2023, pero siguen siendo menos del 2% del total de 47,8 millones de inmigrantes que residen en la Unión Americana.
La profunda crisis económica y política provocada por el Gobierno de Nicolás Maduro generó uno de los mayores éxodos del planeta desde el año 2015. Según datos de Naciones Unidas, este ya suma 7,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos alrededor del mundo. La inestabilidad y la represión del régimen se acentuó con la pandemia de la COVID-19 y las oportunidades económicas que ofrece Estados Unidos junto al aumento de la diáspora llevaron a un número cada vez mayor de venezolanos a moverse hacia el norte. Algunos emigraron directamente desde Venezuela, mientras que muchos otros llegaron tras una residencia previa en otros países latinoamericanos.
El informe del MPI apunta que el 74% de este grupo de migrantes llegó a Estados Unidos después del año 2010. Solo el 14% de los venezolanos se estableció antes del año 2000. Previo a la llegada de Hugo Chávez al poder en diciembre 1998, Venezuela fue un país democrático y próspero con una larga tradición como nación receptora de inmigrantes.
Florida, el Estado más popular entre los venezolanos
La diáspora venezolana, como la cubana o la nicaragüense, reside mayoritariamente en Florida, con un 49% del total. Los siguientes Estados con las concentraciones más altas de venezolanos son Texas (14%), Georgia y Nueva York (4% cada uno) y California (3%). Estos cinco territorios constituyen el hogar del 74% de los inmigrantes venezolanos, siendo tres condados de Florida —Miami-Dade (donde se encuentra la ciudad del Doral o Doralzuela), Broward y Orange— y el condado de Harris en Texas (en el que está la ciudad de Katy o Katyzuela), los que contienen al 38% de la población nacida en Venezuela en Estados Unidos. Los venezolanos en Norteamérica también son más jóvenes comparados con otros extranjeros residentes. La edad media en 2023 era de 39 años, comparada a los 47 años del resto de los inmigrantes.
Nivel educativo más alto
Los venezolanos representan a la población con el mayor nivel educativo del país. El estudio del MPI confirma que los sudamericanos tienen tasas de niveles educativos superiores a la de los estadounidenses y de otras comunidades migrantes. En 2023, aproximadamente 48% de los venezolanos de 25 años o más reportaron tener un título universitario, maestría o doctorado, en comparación con el 36% de los adultos nacidos en Estados Unidos y el 35% de los inmigrantes.
Alrededor del 75% de los inmigrantes venezolanos de 16 años o más formaban parte del mercado laboral en 2023, comparado con el 67% de otras comunidades extranjeras y del 63% de los locales, pero sus ingresos son inferiores a los del conjunto de la población extranjera y nativa. Los hogares encabezados por un inmigrante venezolano ganaron de media unos 71.900 dólares, una cifra menor a los 78.700 dólares que percibieron otros inmigrantes y los 77.600 dólares que ganaron los estadounidenses, revela el informe del Instituto de Política Migratoria. En este sentido, los venezolanos tienen más probabilidades de caer en la pobreza que el resto de la población.
Casi medio millón de indocumentados
Hace dos años, solo el 25% de los inmigrantes venezolanos eran ciudadanos estadounidenses frente al 52% del total de la población nacida en el extranjero. Entre 2021 y 2023, la cifra de naturalizados subió a 180.000 personas; y la tasa de nuevos residentes permanentes fue particularmente baja. Solo 18.400 venezolanos recibieron una tarjeta verde o green card ese año (2% del 1,2 millones del total). El 26% de este último grupo se convirtió en residente permanente después de haber sido reasentado como refugiado o de haber recibido asilo.
Estimaciones del Instituto de Políticas Migratorias también señalan que 486.000 venezolanos “no estaban autorizados” para vivir en el país a mediados de 2023, ocupando el quinto lugar entre los inmigrantes no autorizados en Estados Unidos, con un 4% del total de 13,7 millones de inmigrantes irregulares. En enero de 2025, unos 607.000 venezolanos estaban amparados por el TPS, y otros 117.000 habían llegado gracias al parole humanitario. Muchos venezolanos tienen doble estatus migratorios, con trámite de asilo pendiente y el TPS, por eso la lucha por mantener esta protección migratoria es crucial porque la tiene al menos siete de cada diez personas.
