La estrategia de aumentar el salario mínimo en Venezuela ha sido insuficiente para recuperar la capacidad de compra de los trabajadores, y hasta la fecha, otras alternativas como el pago de bonos en bolívares y en dólares han tenido poco éxito. Los altos índices de inflación y la devaluación constante del bolívar terminan por pulverizar los ingresos, mientras que la política económica del gobierno no ha sido capaz de evitarlo.
Hoy, una propuesta de indexar el salario al dólar, en una economía dolarizada de facto desde hace cuatro años, surge de hasta los propios representantes del oficialismo como una forma de proteger a los trabajadores. Sin embargo, ya esto sucede desde hace dos años, aproximadamente, en varios sectores privados del país, por lo que habría que esperar si el sector público se encuentra en la capacidad de asumir este costo.
La estrategia de aumentar el salario mínimo en Venezuela ha sido insuficiente para recuperar la capacidad de compra de los trabajadores, y hasta la fecha, otras alternativas como el pago de bonos en bolívares y en dólares han tenido poco éxito. Los altos índices de inflación y la devaluación constante del bolívar terminan por pulverizar los ingresos, mientras que la política económica del gobierno no ha sido capaz de evitarlo.
Hoy, una propuesta de indexar el salario al dólar, en una economía dolarizada de facto desde hace cuatro años, surge de hasta los propios representantes del oficialismo como una forma de proteger a los trabajadores. Sin embargo, ya esto sucede desde hace dos años, aproximadamente, en varios sectores privados del país, por lo que habría que esperar si el sector público se encuentra en la capacidad de asumir este costo.
A juicio de Mary Olga Girán, abogada especialista en derecho laboral, el país adolece de una serie condiciones para que los trabajadores puedan contar con una indexación del salario. Advierte que una de esas primeras premisas es contar con cifras oficiales sobre la economía del país para que los distintos actores puedan planificar sus presupuestos.
Resaltó Girán que hasta ahora, aquellas empresas que han optado por esta opción o a pagar a sus trabajadores con bonos en efectivo en divisas, lo hacen sin un estudio técnico previo. «Es como al ojo por ciento, es decir, fijan el monto que pueden pagar de acuerdo a sus ventas y a su flujo de caja, lo cual depende completamente del consumo. Pero hay otras variables que deben considerarse».
El economista Hermes Pérez coincide con que es inconveniente indexar el salario para un país como el de Venezuela con los graves problemas de inflación y devaluación que aún tiene. Recalcó que la caída del poder de compra del salario está asociado con el continuo aumento de los precios y servicios, así como del incremento del tipo de cambio tanto oficial como paralelo.
Sostuvo Pérez que Venezuela adolece de un programa económico integral que ataque de raíz los grandes desequilibrios macroeconómicos fiscal, monetario, cambiario, financiero y de desigualdad en ingresos, por lo que «cualquier medida en solitario con respecto al salario no resolverá el problema de la baja capacidad de compra de los trabajadores».
Explicó que el problema de inflación crónica que tiene el país desde 2015 es consecuencia en primer lugar del financiamiento excesivo del Banco Central de Venezuela (BCV) al gobierno y que, mientras no se elimine esta práctica «cualquier aumento salarial se convertirá en sal y agua. Esto es una decisión política, mañana el gobierno puede dejar de recibir recursos de manera directa del Banco Central y reducir a cero la inflación a muy corto plazo».
Salario en dólares
Para que una indexación del salario al dólar tenga efectividad también es prioritario tomar decisiones orientadas a mejorar la situación laboral. Mary Olga Girán, quien es presidente de Asuntos Laborales de Conindustria, reiteró que temas como la inamovilidad laboral y la forma de cálculo de las prestaciones sociales impiden que no solo las empresas privadas sino también las estatales, puedan mejorar las remuneraciones.
Recordó la experta en temas laborales que la potestad de fijar el salario mínimo es del gobierno, previa consulta con los trabajadores y los empleadores. Sin embargo, reiteró que no hay desde hace 20 años, una data que pueda decir cuánto debe ser el salario mínimo mediante una medición técnica, es decir, que el BCV informe sobre la tasa de inflación, del precio de la canasta de alimentos, «para que así se pueda formular un cálculo sobre lo que el trabajador requiere para cubrir sus necesidades y no solo las básicas».
Desde el punto de vista del empleador, dijo, tampoco hay estudios para saber cuánto es la productividad, el aporte de la producción al producto interno bruto (PIB) y cuáles son los incentivos a la producción. «Reitero, si los aumentos salariales no están vinculados con el aumento de la producción, entonces las alzas a la remuneración son inflacionarios y se vuelven sal y agua antes de que salga publicado el decreto en gaceta oficial».
Sobre la estrategia del gobierno de entregar bonos a través de la Plataforma Patria, Girán indicó que para el gobierno le «es muy fácil» complementar el salario de los funcionarios públicos sin que se vinculen con el salario y así se evita un aumento en los pasivos de la administración estatal.
«En el sector privado hay una realidad y es que si no se le paga un salario a un trabajador en dólares, no van a conseguir a alguien a quien emplear. Hay empresas que están pagando en moneda extranjera y otros en bolívares al tipo de cambio del día, de manera que el trabajador tiene un ingreso que es flotante».
No obstante, explicó que antes de decidirse sobre una indexación del salario se deben tomar varias consideraciones para no causar un pasivo laboral muy importante que puede llegar a descalabrar el patrimonio de las empresas. En primer lugar, se debe tomar en cuenta la antigüedad del trabajador, mientras más años tenga en la compañía más impacto va a generar en las prestaciones sociales. En segundo lugar, una de las razones por las cuales los empleadores no pueden mantener una retroactividad es por la gran pérdida del mercado ante la falta de crédito bancario para poder soportar el día a día. Tercero, la inamovilidad laboral que hace que muchos trabajadores que no son aptos para el empleo, le quitan mercado de trabajo a otros que puedan ser más productivos.
«Lo deseable es que nos demos una tregua, vamos a pedirle al Ejecutivo que por un plazo de dos años, aproximadamente, se procure la ejecución de políticas públicas que mejoren la economía y que esos bonos que se están dando hoy en dólares no formen parte del salario para contar así con un sueldo mensual con el que se pueda cubrir la necesidades y mucho más. Además de eliminar la inamovilidad ya que el desempleo continúa siendo alto, no ha cumplido con su objetivo», afirmó Girán.
«Sí hay ingresos para un aumento»
Una de las discusiones que se han dado en torno al incremento de los salarios es si la actual administración de Nicolás Maduro cuenta con recursos suficientes para ello. De acuerdo al economista Hermes Pérez «indudablemente el gobierno sí tiene ingresos suficientes» para pagar salarios superiores a los de hoy.
Recordó que Venezuela recibió ingresos petroleros por 6.307 millones de dólares, aproximadamente, en 2020 y en ese entonces, el precio del petróleo se encontraba en 28,62 dólares el barril y contaba con una producción de 512.000 barriles diarios (b/s). Mientras que en 2022, recibió hasta noviembre exportaciones por $17.506 millones, con una producción promedio de 685.000 b/d y un precio del barril en $77. Es decir, los ingresos aumentaron el pasado año en 178%.
«La política de tener un salario mínimo tan bajo es una decisión oficial del gobierno. No estamos en el tiempo de las vacas gordas, pero tampoco estamos en una situación precaria. Si en Venezuela el Ejecutivo decidiera elevar el salario a 100 dólares, sería aun el más bajo de América Latina», apuntó.
Recordó que Venezuela dejó de pagar la deuda externa desde el año 2017 y por ese concepto se ha ahorrado unos $30.000 millones y este año 2023, por ejemplo, tendría que hacer un pago de capital e intereses por el orden de los $5.000 millones. «Esos recursos se podrían redirigir a cualquier ámbito que decida el gobierno».
El salario de los trabajadores venezolanos de la administración pública es el más bajo de los 33 países de Latinoamérica, incluyendo Cuba, Haití y Nicaragua. Según cálculos del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), el salario promedio de los empleados públicos es de 14 dólares y de casi 5 dólares el salario mínimo a la tasa de cambio oficial, cuando en otros países está sobre los 100 dólares.
«Según el OVF, el salario promedio de los trabajadores de las empresas privadas es de 150 dólares y el sector privado no recibe renta petrolera y es ahí cuando uno se pegunta, cómo el sector privado está en capacidad de pagar ese monto y el gobierno nacional no. En este sentido se hace necesario un ajuste delos salarios, es indudable, y el gobierno tienen suficientes ingresos para ello»
