Hace dos meses se iniciaron los operativos en los que al menos 61 personas, entre ellas altos funcionarios públicos, han sido detenidas y procesadas por estar incursas en “hechos de corrupción” y “malversación de fondos” en las estatales Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Cartones de Venezuela (Cartoven) y el Poder Judicial.
El fiscal general, Tarek William Saab, precisó que, puntualmente, en el caso de PDVSA-Cripto, son 43 las personas detenidas entre funcionarios y empresarios.
Además, reiteró que la modalidad de las operaciones paralelas a PDVSA implicaban la asignación de cargas de crudo a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y a “particulares sin ningún tipo de control administrativo” e inclumpliendo con las normativas de contratación.
“Luego de que comercializaban el crudo ilegalmente se incumplía con los pagos correspondientes a PDVSA”, agregó en una entrevista concedida el 26 de abril a Globovisión.
La Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela (PNA) anunció el 17 de marzo que solicitó al Ministerio Público (MP) el “encauzamiento judicial” de una serie de individuos y aseguró tener instrucciones expresas de llevar la investigación “hasta las últimas consecuencias”.
Muchas de las detenciones se informaron de manera extraoficial por diversos medios de comunicación y, horas, e incluso días después, fueron confirmadas por las autoridades. Las audiencias de presentación de los detenidos más importantes han ocurrido de madrugada, y las imágenes han sido divulgadas por el canal del Estado, Venezolana de Televisión.
Sin datos del patrimonio público comprometido
No se conocen cifras precisas sobre el monto que ha sido desfalcado al Estado, pero, según la agencia Reuters, PDVSA ha dejado de cobrar al menos 21.000 millones de dólares por la comercialización de petróleo a través de intermediarios.
Al respecto, el fiscal Saab ha dicho que el MP no puede “lanzar cifras que parecen temerarias y especulativas”.
“Nosotros estamos en una fase de investigación bien importante y en este momento no creo conveniente estar refiriendo cifras, pero algunas han sido propagadas de manera temeraria, porque sin tener elementos de convicción nadie puede decir es tanto, es cuanto, eso le corresponde al Ministerio Público”, aseguró el fiscal al ser interrogado en la primera rueda de prensa sobre el tema el 25 de marzo.
En ese entonces, Saab aseguró que próximamente se referiría al monto del “daño patrimonial causado”. El 26 de abril, en la misma entrevista a Globovisión, se limitó a asegurar que las cifras son “importantes”.
El mes pasado, Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz, una organización política de oposición independiente, consignó un documento para exigir formalmente al fiscal de Venezuela rendir cuentas sobre el monto de los fondos desfalcados en la trama de corrupción en la industria petrolera, pero aún no hay respuesta a su solicitud.
“Pasan los días y el gobierno dice que le robaron, pero no dice qué fue lo que le robaron, cuál es el monto del delito, de qué estamos hablando o cómo se está investigando para llegar al monto del fraude. Además, qué se está incautando, cuánto es el monto y en qué van a usar”, dijo el martes Ecarri al ser consultado por la Voz de América.
Ecarri aseguró que continuarán exigiendo una rendición de cuentas al país que está “pasando hambre y necesidad”.
“Se ha negado hasta el ajuste salarial porque no hay recursos, deberían decir qué fue lo que se robaron y dónde está lo robado”, insistió.
La organización Transparencia Venezuela expuso en marzo sus preocupaciones por la “escasa” información pública a pesar de la gravedad de los hechos e insistió en que el país tiene derecho a conocer más sobre los funcionarios detenidos, los delitos de los que se les acusa, los presuntos mecanismos empleados, desde cuándo estarían ocurriendo y el tamaño del patrimonio público comprometido.
Transparencia Venezuela ha identificado más de 140 procesos de corrupción anunciados por sistemas de justicia de terceros países, en los que “están involucrados fondos públicos venezolanos, muchos de los cuales no se han investigado en Venezuela”, al menos públicamente.
Tareck El Aissami investigado
El diputado chavista Jesús Faría aseguró a inicios de este mes que el ex ministro de Petróleo Tareck El Aissami “está siendo investigado” en el marco de la trama de corrupción en PDVSA.
“Está siendo investigado por las diferentes instancias del Poder Judicial y toda esa investigación que, no solamente él, sino múltiples funcionarios y hombres de mucho peso del sector económico. Eso es lo que ha arrojado y nosotros actuaremos”, respondió Farías en la emisora de radio local Unión Radio, al ser consultado sobre si la Asamblea Nacional interpelaría al ex funcionario.
El Aissami renunció a su cargo como ministro de Petróleo en marzo, horas después de que varios altos funcionarios de su entorno fueron detenidos y posteriormente acusados por delitos de apropiación de patrimonio público, valimiento de relaciones de influencias, legitimación de capitales y asociación, así como traición a la patria.
“En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA, he tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso”, escribió en Twitter el 20 de marzo.
