Pese a la campaña emprendida por el régimen de Maduro, la crisis de derechos humanos en Venezuela se acentuó en los últimos meses. Protestas por mejoras en los servicios públicos, salarios de hambres y los presos políticos son algunos de los problemas que caracterizaron a 2022.
Organizaciones no gubernamentales (ONG) y representantes de la sociedad civil denuncian que durante el año 2022 las violaciones a los derechos humanos no cesaron. Alertan mayor vulneración en el área de salud, educación, además de servicios esenciales como agua y aseo urbano. Sin embargo, también suman a la lista el deterioro de la calidad de vida como consecuencia de las bajas pensiones y salarios de «hambre», sin olvidar los casos de presos políticos en Venezuela,
Juan Quintero, miembro del Monitor Descave y defensor de derechos humanos, dijo que el foco de las denuncias no sólo se centró en presos políticos y civiles a quienes dice no les garantizan el debido proceso, sino que en el año 2022 temas como: «agua, basura tanto en el municipio Iribarren como en Palavecino fueron muy denunciados y son problemas que siguen sin resolver». Agregó que el hecho de que una persona tenga que esperar a que llueva o improvisar vertederos es una prueba de que no hay garantía de vida digna para la ciudadanía.
La exigencia de un salario digno también se hizo sentir durante el año pasado. Un reclamo que vienen arrastrando los trabajadores públicos de todos los sectores desde aproximadamente el 2018 con más intensidad. Eso produjo que sindicatos, federaciones y demás organizaciones tomaran las calles bajo las consignas de un salario digno.
Según Alexis Ramos, miembro del Movimiento Vinotinto, el reclamo más reiterado fue un mejor salario, así como mejoras en sus beneficios sociales.
La falta de respuesta del Estado es catalogada una violación a los derechos humanos, a la que se le suma las deficiencias en centros de salud pública del país y el deterioro progresivo que se ha registrado en el sistema educativo. Tanto pacientes como trabajadores de la salud se vieron obligados a hacer maromas para poder ser atendidos en centros asistenciales, mientras que en el sector educativo padres y representantes tuvieron que recurrir a la autogestión en las instituciones para garantizar desde servicios, implementos de limpieza, material didáctico, además de sillas, mesas y pupitres.
Marisol Bustamante, defensora de los derechos humanos, explicó que esto ocurre más en los municipios foráneos que en las zonas urbanas. «En estas zonas se les complica aún más el acceso a los servicios». Añadió que también el acceso a salud se hace complicado y quienes son más vulnerables no cuentan con las sumas de dinero necesarias para comprar medicamentos y mucho menos si son de la tercera edad que dependen de una pensión.
Édgar Silva, miembro del Comité de Pensionados y Jubilados, dijo que este sector está muy golpeado, tomando en cuenta que Bs. 130 equivalentes a $6.3, según el dólar en el mercado paralelo, cada día se devalúa más y no les alcanza ni siquiera para poder alimentarse o comprar medicamentos. «Lo que hay es un exterminio de los pensionados, algunos sobreviven porque tienen ayuda de familiares y personas que están en el extranjero». Razón por la que ellos también se han mantenido en la calle reclamando una vejez digna.
Presos
El poco acceso a la defensa de presos políticos que continúan detenidos de manera injustificada, según organizaciones no gubernamentales, también forma parte de las violaciones de derechos humanos.
Según la data que registró Foro Penal durante 2022 en el país, sumaron 274 presos políticos de los cuales 261 son hombres y 13 mujeres. Lamentan que no se les dé respuesta oportuna.
Imputan a más de 1400 funcionarios
Las denuncias por violación de los derechos humanos en Venezuela disminuyeron en un 38 por ciento desde el 2018 hasta el 2022, informó el Ministerio Público en diciembre.
A través de una nota de prensa desde el 2018 hasta el 2021, las causas por presuntas violaciones de los derechos humanos fueron disminuyendo de manera paulatina, al pasar de 13 mil 234 a 8 mil 237, tendencia que se mantuvo en 2022, según las proyecciones.
Hasta noviembre del año pasado imputaron a 1493 funcionarios de seguridad del Estado por presuntas vulneraciones a los derechos humanos y 61 particulares indicados como colaboradores, según el Ministerio Público.
Sobre la atención del Ministerio Público a los privados de libertad, destacan que desde agosto de 2017 realizaron tres mil 173 jornadas de asistencia que implicaron dos mil 908 visitas a centros de detención preventiva, además de 98 mil asistencias jurídicas.
