Venezuela está en el penúltimo lugar del ranking mundial en el Índice de Libertad Humana 2022, difundido hace unos días, elaborado por los institutos de investigación Cato y Fraser, con sede en Washington y Canadá, respectivamente.
En el escalafón internacional obtuvo la posición 164, de las 165 naciones objeto de estudio. Fue superada solamente por Siria. Los datos más relevantes, aunque abrumadores según expertos, es la puntuación en el tema de libertad económica; en una valoración del 1 al 10 Venezuela obtuvo apenas 3,32. Mientras que en la libertad personal obtuvo 4,65 puntos.
Otro de los indicadores desalentadores de las libertades personales está relacionado con la del Estado de derecho en el que la valoración es de 1,6 sobre 10 puntos; y en la libertad económica se observa como detalle que la calidad de la moneda no alcanzó ni siquiera un punto (0,9).
El imperio de la ley, seguridad y protección, movimiento, religión, asociación, asamblea, sociedad civil, expresión e información, identidad y relaciones, tamaño del gobierno, sistema legal y derechos de propiedad, acceso a sound money (moneda fuerte), libertad de comercio internacional, regulación de trabajo, crédito y negocios, economía y libertad personal son las áreas de estudio abordadas por ambos institutos aliados de la ONG nacional Cedice LIbertad.
En un comunicado de prensa, Cedice expone que en los últimos 20 años Venezuela ha descendido 77 posiciones en el apartado de libertades personales. Lo que sí dejó claro la vocería de las instituciones internacionales es que a nivel mundial se redujeron las libertades personales, sobre todo después de la pandemia.
Las únicas puntuaciones altas que obtuvo Venezuela fueron las de libertades para relacionarse con personas del mismo sexo y de los derechos de las mujeres. En el mundo, la puntuación más alta la obtuvo Suiza con 8,95 en el área de libertades personales; mientras que en Latinoamérica y El Caribe el punto más alto fue de islas Bahamas con 8,14 en el área social y económica.
Educación
Naudy Pereira, economista y profesor jubilado de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), explica que para lograr los niveles de crecimiento que permitan obtener calidad de vida de la población es necesario que el Gobierno aplique medidas políticas, fiscales, monetarias y cambiarias «coherentes» que permitan el aumento sustentable y sostenible en el tiempo del Producto Interno Bruto (PIB).
«Si el Estado se enfoca en lograr un PIB sustentable se generarán empleos, mayor producción de bienes y servicios, reducción de la escasez, disminución de la inflación e indiscutiblemente calidad de vida para los ciudadanos».
No obstante, el especialista aclaró que hace falta anteponer al tema económico el sistema educativo. «Un país con educación mediocre es difícil que logre un crecimiento económico», añadió. Alcanzar altos niveles de investigación, innovación, de tecnología, aumentará el desarrollo humano, sostiene el especialista y, por ende, ese nivel alto de desarrollo se proyectará al resto de las áreas de la sociedad.
En este caso, continuó explicando, es necesario el incentivo en las universidades del país, apoyar los programas de extensión que tienen ideas para el desarrollo del país y de reintegrar la sociedad para solventar la crisis estructural. El excatedrático de la UCLA instó al Estado a planificar estrategias que rescaten la educación en todos los niveles y, sólo de esa forma, podrían conseguirse el resto de beneficios para los ciudadanos.
«La economía debe atenderse sí, pero antes deben desarrollar políticas educativas que apoyen la investigación. Desde las academias se crean nuevas oportunidades que deben ser valoradas por los gobiernos de cualquier parte del mundo».
Políticas erradas
A diferencia de las razones que da el gobierno venezolano sobre la crisis económica del país, Pereira expresa que no se debe a factores externos como las sanciones estadounidenses, por mencionar un ejemplo, sino que tiene que ver con las políticas económicas erradas empleadas en la conducción del país.
«La crisis económica se debe a factores internos, a medidas erradas de economía que han generado un conjunto de desequilibrio macroeconómico, elevando los niveles de pobreza, somos uno de los países más pobres del mundo, siendo esto lamentable porque contamos con cuantiosos recursos naturales y capital humano», manifestó.
Por otro lado, se refirió a las dádivas dadas por el Estado a través de los programas sociales que estarían empobreciendo aún más a la nación. Argumenta que «los bonos» o misiones sólo generan desempleo, flojera y se desestima la capacidad del ciudadano de generar fuentes de ingresos propias o de sumarse al aparato productivo nacional.
En el caso de Venezuela, las misiones forman parte del Plan de la Patria que ejecuta el Gobierno con la participación de integrantes de las comunidades populares de los estados y municipios que se fundamentan tanto en el trabajo social como en la activación política para favorecer al partido del gobierno, una realidad ampliamente criticada mediante denuncias públicas por economistas y líderes adversarios a los gobernantes.
«En países donde los gobiernos se dedican a otorgar a la población dádivas a través de misiones y bonos para que mejoren su condición de vida, son países que no lograrán ningún crecimiento económico debido a que eso sólo genera más pobreza. Entonces es indispensable que los gobiernos tengan políticas económicas que permitan el empleo, calidad de vida, progreso económico y social en la población».
Pero ¿cómo prosperar en un país donde no hay garantías? Sobre esta interrogante se pronunció la economista, Josymar Wanderlinder, de una reconocida consultora de economía del país. En Venezuela prácticamente no existe el mercado, está destruido alegó, aunque existe variedad en el mercado nacional no podría compararse con lo que ocurre en otros lugares del mundo donde la competitividad de las industrias es mayor.
«No hay libertad de competencia, hay variedad de productos, pero el consumidor está obligado a comprar lo que se consiga y para lo que le alcance. No me extraña que hayamos obtenido el penúltimo lugar en el Índice de Libertad Humana, cuando la economía atraviesa críticos momentos».
Asimismo, se refirió al nivel de deterioro de la producción, el cual empeoró después de la pandemia dejando una recesión económica pronunciada que, entre otras cosas, continúa alejando la inversión extranjera, según detalló la experta.
«Si no tenemos unas instituciones sólidas que garanticen una seguridad jurídica a las empresas no habrá incentivo para atraer a los inversionistas y así aumentar la producción de los diferentes rubros. El Estado debe crear condiciones jurídicas confiables».
Ahora bien, para lograr el propósito de aumentar la producción nacional la premisa debe ser la confianza, continuó explicando, si hay buenas expectativas sobre alguna medida impartida desde el Gobierno, el mercado responderá de manera positiva, habrá confianza.
Sólo que en los últimos 10 años «la política económica del Gobierno ha hecho todo lo contrario», e indicó situaciones como ejercer un control de precios que en nada beneficiaría a los pequeños, medianos y grandes empresarios.
«Se habla que el control de precios ya fue levantado, pero indirectamente existe un control porque el Estado venezolano obliga a los establecimientos a fijar sus precios, según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV)».
