Detenciones selectivas de opositores venezolanos, desapariciones forzadas y encarcelamiento de extranjeros, estas han sido las prácticas más comunes en los últimos dos meses aplicadas por el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Así lo detalla el informe “El libro rojo de Nicolás Maduro: crisis de derechos humanos en Venezuela alrededor de la instalación de un gobierno de facto (10E)”.
Este es el segundo informe que realizan un grupo de ONG y que por temor a más represalias no han firmado. En él concluyen que “Venezuela vive su hora más oscura, tanto en materia de democracia como en derechos humanos” y detallan la curva “represiva” desplegada alrededor de la instalación “de un gobierno sin legitimidad de origen”.
Los integrantes de estas ONG consideran, además, que el 10 de enero, día en que se juramentó Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, ocurrió el hecho más grave para el Estado de derecho y la democracia en el país desde el año 1958, día en el que cayó la tiranía militar de Marcos Pérez Jiménez.
El informe recoge que entre el 10 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, al menos tres personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos fueron detenidas en el país, entre ellas Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público.
Pero, además, seis personas fueron detenidas por mensajes que circularon en redes sociales, incluido el sindicalista Juan Valor, detenido por divulgar un video invitando a una manifestación. Fue acusado de terrorismo, incitación al odio y resistencia a la autoridad.
Los medios de comunicación tampoco escaparon de la mirada gubernamental. En ese periodo de un mes, el Estado cerró las emisoras Más Network Coro 97.9 FM y Criolla 100.7 FM, y el programa de radio Profundidad de Campo, conducido por Augusto Hernández.
Las cifras detallan que en los últimos dos meses se han registrado al menos 138 detenciones arbitrarias por razones políticas, 116 hombres y 22 mujeres, siendo el Distrito Capital el lugar con más aprehensiones.
Según Nicolás Maduro, en el país se encuentran detenidos más de 100 extranjeros de 25 nacionalidades, incluyendo colombianos. A todos se les acusa de querer atentar con el mandatario.
“Alrededor del 10 de enero se afianzó el patrón de detenciones selectivas, que intentan mandar un mensaje ejemplarizante al resto de la población. Según expertos consultados, el único patrón novedoso y consolidado alrededor del acto de juramentación sería la detención de extranjeros para intentar forzar una negociación bilateral con sus gobiernos”, se lee en este informe.
En algunos casos, hay familias que prefieren no denunciar y mantener las detenciones en “bajo perfil” para evitar mayores represalias.
En este informe se recogen de manera anónima testimonios de defensores de derechos humanos, uno de ellos explica su condición.
“Ya trabajaba en condiciones muy complejas y temor por los míos y yo mismo. Me sentía vigilado, entré en algún grado de paranoia. Esta situación me obligó, a mí y a la organización, a bajar nuestro perfil al máximo. Apagamos nuestra web y redes sociales. Incluso impidió que suscribiéramos comunicados o apoyado acciones de incidencia por el contexto país. El temor a aumentar el riesgo y la amenaza me intimidó y no dí más entrevistas ni hablé más de la represión post electoral”, dice un defensor.
A la fecha se contabilizan 11 periodistas y trabajadores de la prensa detenidos por razones políticas: Carlos Julio Rojas, Leandro Palmar, Belices Cubillán, Julio César Balza, Roland Carreño, Biagio Pilieri, Víctor Ugas, José Camero, Gabriel González, Luis López y Ramón Centeno. El gremio también exigía la liberación de Omar González y Claudia Macero, periodistas refugiados en la Embajada de Argentina en Venezuela.
Este informe refleja la preocupación por el desarrollo de este 2025 en el que no solo se ha convocado una nueva elección, esta vez para elegir gobernadores y diputados, sino la reforma constitucional que se está preparando.
“Las autoridades imponen una agenda para todo el año 2025, por lo que la sociedad democrática del país pudiera estar en los próximos meses replegada y a la defensiva, sin ningún hito que pueda articularla y movilizarla”, puntualiza el texto.
El primer texto de este tipo fue presentado en septiembre del año pasado con el nombre de ‘El libro negro de la dictadura 2024’, en el que se advertía sobre la erosión de la institucionalidad democrática que ha derogado, por la vía de los hechos, el 21,7 de los artículos de la Constitución.
