«El día de hoy 28 de marzo me dirigí a la oficina de servicios de identidad ubicada en Súper Líder para renovar mi cédula de identidad donde después de al menos tres horas me informan que aparte de la planilla que arroja el sistema y la copia de la cédula, debía presentar partida de nacimiento, lo cual no se encuentra como requisito en ninguna parte de la solicitud o del sistema, siendo esto violatorio al derecho que tiene todo venezolano a acceder al sistema de identidad, no siendo este un requisito que se encuentre en algún Decreto Ley , resolución o acto administrativo alguno».
Así lo expresó Erick Blanco, quien además de usuario es abogado, quien destacó que a toda persona que no presente partida de nacimiento se le niega el derecho de identidad.
Detalló que así mismo cuando en la partida de nacimiento no coinciden los datoss bien sea porque no se establece lugar de nacimiento tal como hospital o maternidad, le piden cambiar la cita, siendo que para una persona regresar de nuevo a acceder al sistema puede tardar un tiempo.
«Los funcionarios que atienden al parecer en conjunto, al decirles que se me está violando el derecho a renovar mi documento de identidad, se alteraron diciendo que se les está atropellando y que levantaría un acta , con intención de intimidar y al momento en que me identifico como abogado especialista en Derechos Humanos, sus palabras fueron que no hacía falta ser profesional con maestrías o doctorados, que ellos saben lo que están haciendo, de una manera escandalosa en las instalaciones de la oficina de identificación», dijo Blanco.
-Me retire sin poder renovar mi cédula de identidad sintiendo que se me violenta mi derecho a la debida identificación, siendo este un derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional, y no siendo estos requisitos que exigen ni para solicitud de pasaporte ni para renovar cédula de identidad, por lo que hago un llamado a las autoridades competentes para que respeten y hagan respetar el derecho que tiene todo ciudadano a acceder a la debida renovación de sus documentos de identidad y que los funcionarios acaten las normas legales establecidas en atención a los ciudadanos para no violar el debido proceso del cuál habla nuestra Constitución.
