La Coordinadora de Trabajadores en Lucha de Los Altos Mirandinos expresó este viernes su rechazo ante dos hechos acontecidos esta semana y que son violatorios de los derechos humanos de los trabajadores: el derecho al salario y el derecho a la protesta, ambos amparados por la Constitución y por Tratados Internacionales.
Recordaron que el #1May se hizo por parte del Presidente un anuncio sin precedentes, la bonificación del 94% del salario, dejando prácticamente sin base de cálculo las vacaciones, los aguinaldos, las prestaciones sociales y las cláusulas económicas de los contratos colectivos.
«Esto afecta a trabajadores públicos y privados, el pago por ejemplo de las próximas vacaciones será realmente un mal chiste y va en incremento la devaluación lo que conlleva a desaparecer lo que puedas comprar con los 130 bolívares de salario mínimo», reseñó un vocero de la coordinadora.
Reiteran que bono no es salario, siendo los más afectados por las medidas los jubilados y pensionados que vienen desde hace mucho padeciendo la imposibilidad de acceder a una vida digna, no pueden comprar ni lo más elemental que es alimentos y medicinas haciendo de la Constitución letra muerta, siendo además discriminados en relación al ingreso mínimo ya que no gozan del beneficio de Cesta Ticket.
«Exigimos a las Federaciones un pronunciamiento entendiendo que son ellas quienes representan los intereses de los trabajadores hoy violentados flagrantemente por el Estado Patrón» indicó.
Sabemos que la decisión de pasar a cobrar por nómina y no por patria bonos como el cesta ticket procura una medida de coacción sobre la protesta. El llamado es a todos los trabajadores, activos y jubilados a no desmayar en la lucha por sus derechos, la presión ha surtido efecto, cuando no luchamos el salarios llegó a ser de 1$ mensual. No retrocedemos seguimos con una agenda de acciones en unidad sindical en procura de la restitución del salario como derecho humano de acuerdo a lo contemplado en el artículo 91 de la CRBV.
Por otra parte rechazaron categóricamente los actos de violencia acontecidos el día miércoles 03 de mayo donde 2 trabajadoras fueron agredidas por funcionarios que deben estar al servicio de la ciudadanía y frente a cuerpos de seguridad que deben garantizar y proteger el derecho a la protesta.
«Los concejales se supone son representación del pueblo por lo que agredir a quienes defienden los derechos del pueblo debe ser condenado por todos, más aún cuando la violencia fue ejercida en contra de mujeres que son además amparadas por una Ley especial a una vida libre de violencia», reseñan.
