Odevida pudo constatar que el Estado venezolano es responsable de implementar una política en contra de los líderes sindicales mediante la acción coordinada del Ejecutivo nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público, con la participación de la Defensoría del Pueblo.
La violencia que se sigue en Venezuela en contra de los líderes sindicales representa un retroceso en contra de la clase obrera, así lo considera la coalición regional Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida).
Entre el 2015 y el 2020, Odevida registró un total de 82 casos de violencia en contra de personas defensoras de los derechos laborales y líderes sindicales.
44 casos de asesinatos, lo que representa un (53,66%), un de estos estaría presuntamente vinculado con el accionar del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
28 casos de detenciones arbitrarias, equivalente a un (34,15%).
Cinco casos de amenazas o intimidaciones (6,10%).
Cuatro casos de intentos de asesinatos, equivalente a un (4,88%)
Un caso de malos tratos (1,22%).
De los 82 casos cuatro fueron en contra de las mujeres.
Durante la presentación del boletín “Violencia contra líderes sindicales: el retroceso de la clase obrera en Venezuela”, sobre la situación de personas defensoras de derechos laborales y sindicales en el país en el marco del contexto reciente.
Esta investigación fue construida con base en la revisión y análisis de diversas fuentes de información provenientes de investigaciones publicadas en los Informes Anuales 2015-2020 del Programa Venezolano de Educación En Derechos Humanos (Provea) y de Informes del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) 2015-2020; así como entrevistas a dirigentes sindicales y activistas de DDHH, quienes aportaron su visión sobre la situación que afecta a los sujetos sociales que luchan en favor de la libertad sindical en el país.
De los 82 casos de defensores de derechos laborales 23 (28,05%) de las víctimas pertenecían al sindicato de la construcción, 21 (25,61%) a sindicatos de las empresas básicas estatales del estado Bolívar; 11 (13,41%) a centrales sindicales, seis (7,32%) a sindicatos de la administración pública, 4,88% a sindicatos de la industria petrolera, cuatro a sindicatos de empresas eléctricas y 8,54% no se conoce información.
Estos actos de violencia han tenido mayor impacto en los estados Bolívar, Anzoátegui, La Guaira y Carabobo.
La mayor parte de la violencia sindical se observa en sectores productivos donde concurren dos factores, por un lado, una situación de paralelismo sindical y por el otro, el sindicato tiene un papel relevante en el ingreso o contratación de trabajadores, ambos fenómenos han venido mostrando su mayor evidencia en el sector de la construcción.
Odevida señala que ese fenómeno se ha extendido a otros sindicatos, como los de empleados públicos, del sector salud, de las empresas eléctricas del hierro y aluminio; extendiéndose a por lo menos 14 estados del país.
En una entrevista realizada por Odevida a varios dirigentes sindicales señalan que, luego del 2003 con el fracaso del llamado “pero petrolero” realizado como protesta contra el gobierno de Hugo Chávez, el gobierno con la anuencia del Ministerio del Trabajo, multiplicó la creación de sindicatos paralelos, con el objetivo de eliminar o neutralizar el accionar de aquellos que simpatizaban con los partidos opositores al Gobierno.
Ante este escenario Odevida pudo constatar que el Estado es responsable de implementar una política antisindical mediante la acción coordinada del Ejecutivo Nacional, el poder judicial y el Ministerio Público, con la participación de la Defensoría del Pueblo.
Entre el 2015 y el 2020 Odevida registró un total de 82 casos de defensores de los derechos laborales que han sido víctimas de violencia y la represión. De los 44 defensores o líderes asesinados, 43 han sido asesinados por sicarios vinculados a organizaciones de este sector y solo uno se atribuye a ejecución extrajudicial, atribuible a un organismo policial.
Asimismo, consideran que la impunidad es la constante en prácticamente todos los casos de asesinatos y detenciones arbitrarias que hemos documentado. El Estado sigue ausente a la hora de investigar y sancionar estos hechos.
