Redaccion El Tequeno Un sentimiento de precariedad y miedo invade a los venezolanos migrantes. Países que antes les abrieron las puertas, como Estados Unidos, ahora hacen lo posible por mandarlos de vuelta a casa, donde se apilan las señales de una nueva crisis económica. Las condiciones del país petrolero se están deteriorando, quedando latentes en la aceleración de los precios, la devaluación de la moneda y la contracción del consumo y, como consecuencia, dejando a los venezolanos con pocas opciones.
“Es un mal momento para ser venezolano en Estados Unidos… y también para ser venezolano en Venezuela”, zanja Elizabeth, quien radica en Miami desde octubre de 2023 amparada por el programa del parole humanitario que fue anulado por la Administración de Donald Trump el 12 de junio. Esa decisión convirtió a 532.000 beneficiarios del plan de cuatro nacionalidades (también afecta a los cubanos, haitianos y nicaragüenses) en extranjeros ilegales. “Es una sensación de orfandad tan dura”, agrega. Pide proteger su identidad porque su última esperanza para quedarse en el país y conservar su empleo de analista de datos es una petición de asilo que está en trámite. Reconoce que si en dos semanas, el último plazo que le impone el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), no recibe una respuesta positiva, abandonará los Estados Unidos. Aunque descarta volver a Venezuela: “No es una opción, todo está peor”.
El fin del parole humanitario es la última arremetida en una cadena de restricciones del Gobierno republicano contra los migrantes. Con el argumento del aumento de la criminalidad, el presidente ordenó el fin del programa al que se habían adherido unos 117.000 venezolanos y que les permitía vivir y trabajar en ese país de manera legal y temporal, gracias a la invitación de un patrocinador o garante.
Una tormenta perfecta
Muchos venezolanos en Estados Unidos, tradicionalmente escorados hacia la derecha, han percibido las medidas como una estocada, mientras temen lo que les espera en su país si son deportados. La sensibilidad del Gobierno de Nicolás Maduro ante las malas noticias económicas está, además, en aumento. Solo en lo que va de junio ha ordenado la detención de Rodrigo Cabezas, un exministro de Finanzas de la era de Hugo Chávez, dos prominentes economistas y unas 20 personas acusadas de inflar el precio del dólar del mercado paralelo, cuyas cotizaciones se publican a diario por medios digitales. El precio oficial del bolívar ha sufrido una devaluación interanual del 64% hasta junio, mientras que la brecha entre la cotización del dólar en el mercado autorizado y el no oficial se está ampliando, añadiendo presión sobre una economía dolarizada y que depende de los bienes importados.
El Banco Central de Venezuela (BCV) no ha publicado cifras de inflación desde octubre de 2024, cuando el valor empezó a aumentar. El organismo, que durante el período de hiperinflación de 2018 y 2019 dejó de reportar indicadores negativos, comunicó en mayo que en el primer trimestre la economía creció un 9,32%. No obstante, el grupo privado Observatorio Venezolano de Finanzas reportó un alza de precios anualizada a mayo del 229%, lo que permite proyectar que Venezuela cerrará el año con una inflación de tres dígitos y una de las más altas del mundo, ante una mala combinación de factores internos y externos. También prevé una contracción económica a fin de año del 3,5%. Las sanciones desde Estados Unidos, que precipitaron el fin de las operaciones de las petroleras extranjeras, incluyendo a Chevron, han reducido las fuentes de ingresos de la economía, que demanda correcciones de política monetaria y fiscal que el poder central no ha ejecutado. Solo la petrolera estadounidense era responsable de un 25% de la producción de crudo del país.
“Venezuela se veía mucho mejor a principio de año, con un desempeño macroeconómico mucho mejor al que se ve en este momento ”, explica José Manuel Puentes, economista y profesor titular del IESA en Caracas y asociados del IE en Madrid.
“Chevron técnicamente se fue en un 100%. Queda con algunos derechos para dar mantenimiento a sus equipos y campos, pero ya no va a poder exportar petróleo a los mercados que exportaba y eso agrava la situación de Venezuela. Se han dado todos los factores para una tormenta perfecta”, agrega.
Penalización a los migrantes
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) reporta que ha expulsado a unos 4.600 venezolanos en lo que va de 2025.
En el mundo hay 7,7 millones de migrantes y refugiados venezolanos, según cifras de la Organización Mundial para las Migraciones, dependiente de Naciones Unidas. De ellos, 6,6 millones residen en Latinoamérica y el Caribe, donde, como muchas otras poblaciones migrantes, también han sufrido penalizaciones a la hora de integrarse al campo laboral y social. Por ejemplo, un estudio científico publicado recientemente en el Journal of Public Economics comprobó a través de un experimento con reclutadores de recursos humanos en Ecuador que los migrantes venezolanos percibían menores ofertas laborales y salariales cuando competían con candidatos locales, a pesar de compartir características culturales, lingüísticas y poseer niveles educativos mayores. El sesgo quedó en mayor evidencia en posiciones donde se requería mayor conocimiento local o interacciones con el público.
Uno de los autores de este estudio también condujo un experimento en el mercado hipotecario colombiano, donde se calcula que viven 2,9 millones de venezolanos, es decir, la mayor comunidad fuera de su país. Ahí también encontraron evidencia de que los agentes estaban menos inclinados a alquilar propiedades a los venezolanos sobre otras nacionalidades.
Elizabeth está evaluando autodeportarse a Bogotá si sus planes en Florida finalmente no se cristalizan, un escenario bastante probable en este momento, porque sabe que al haber pasado menos de dos años en Estados Unidos puede ser objeto de una deportación expedita, un proceso que permite a las autoridades expulsar a extranjeros sin una audiencia completa frente a un juez. Dice que lo importante es evitar un proceso violento y desordenado, que la vulnere a ella y a su esposo, quien también había logrado integrarse al mercado laboral.
“La petición de asilo –según– te protege de deportaciones, pero la verdad es que somos anónimos, a menos que haya un precedente o un proceso legal, pero no podemos usar los pocos ahorros que tenemos en abogados. Es una gran incertidumbre: es el terror como política de Estado. Prefiero retirarme con las fichas de póker que me quedan. Somos venezolanos: el tiempo para llorar es poquito”, zanja.
