El expresidente venezolano Nicolás Maduro regresó a un tribunal en Estados Unidos, donde intenta que se desestime la acusación en su contra mientras continúa la disputa sobre cómo financiar su defensa legal.
En una declaración escrita presentada ante el tribunal, Maduro argumentó que tiene derecho a que el gobierno de Venezuela pague por su defensa legal.
Los fiscales respondieron que el gobierno de Estados Unidos había autorizado a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, a utilizar fondos personales para pagar sus honorarios legales, pero no les permitirá hacerlo con dinero controlado por un gobierno sancionado.
Maduro afirmó que no puede costear su defensa. Para poder recibir un abogado pagado por el Estado estadounidense, tendría que demostrar que carece de recursos suficientes para pagar uno por su cuenta.
Maduro y Flores fueron capturados el 3 de enero durante una operación nocturna en su residencia en Caracas.
Ambos se han declarado no culpables de los cargos en su contra, que incluyen conspiración para importar cocaína y otros delitos relacionados con el narcotráfico.
El caso forma parte de una acusación más amplia en la que los fiscales sostienen que Maduro habría participado durante años en una conspiración para traficar drogas hacia Estados Unidos, presuntamente utilizando estructuras del gobierno venezolano.
Mientras tanto, los abogados de Maduro han señalado que planean impugnar la legalidad de su arresto y argumentar que debería gozar de inmunidad por haber sido jefe de Estado en el momento de los hechos.
Maduro y su esposa permanecen detenidos en un centro federal en Brooklyn, Nueva York, a la espera de que avance el proceso judicial.
