La Justicia de Cabo Verde ha rechazado la demanda de “habeas corpus” que el empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, interpuso para poder conseguir la libertad, informó hoy a Efe su abogado, José Manuel Pinto Monteiro.
El Supremo Tribunal de Justicia (STJ) desestimó a última hora del martes el “habeas corpus” (derecho de un detenido a comparecer ante un juez o tribunal para que resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse), presentado el pasado jueves.
El STJ argumentó con la “inutilidad” de ese procedimiento legal para adoptar su decisión, según la notificación enviada al empresario.
La defensa emprendió esa acción alegando un “encarcelamiento ilegal” de Saab, con el fin de que se anulara un fallo de un tribunal de la norteña isla de Sal, que dictó prisión preventiva para el presunto testaferro este 14 de junio.
ARRESTO A PETICIÓN DE ESTADOS UNIDOS
Saab fue detenido el pasado día 12 en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de Sal (el más importante de Cabo Verde), en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de una “alerta roja” de Interpol por delitos de blanqueo de dinero.
La prisión preventiva fue confirmada después por una instancia superior, el Tribunal de Apelación de Barlavento en la isla septentrional de San Vicente, de ahí que el STJ desestimara el “habeas corpus”.
Pese al revés, Pinto declaró hoy a Efe por teléfono desde Praia, la capital de Cabo Verde, que “todo está abierto, ya que el STJ no apreció la cuestión fundamental, limitándose a invocar un argumento meramente formal”.
La defensa tiene ahora previsto presentar mañana ante el STJ una nueva solicitud de “habeas corpus”, así como una nueva apelación, esta vez centrada en la validación de la detención preventiva por parte del Tribunal de Apelaciones.
El abogado subrayó su disposición a hacer todo lo posible para “defender los derechos” de su cliente, y agotará todas las opciones legales permitidas por el sistema judicial caboverdiano para tratar de anular la prisión preventiva impuesta a Saab, recluido actualmente en la cárcel de Ribeirinha, en San Vicente.
Si fracasan las citadas acciones legales, Saab interpondrá un “recurso de amparo constitucional (Artículo 20 de la Constitución de Cabo Verde), que permite colocar bajo tutela del Tribunal Constitucional la defensa de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos frente a actos ilícitos de los poderes públicos”.
El abogado sostiene que el empresario “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde”.
Tras la detención del presunto testaferro, Venezuela reaccionó señalando que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno, que se encontraba “en tránsito” para volver al país.
Según la ley de Cabo Verde, Estados Unidos tiene 18 días (a partir del 14 de junio, cuando se ordenó la prisión preventiva) para presentar una solicitud de extradición.
Pese a mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
SUPUESTO BLANQUEO DE 350 MILLONES DE DÓLARES
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con “cientos de millones de dólares”.
Washington también presentó cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
Su detención acaeció después de que el pasado día 9 la Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de expropiación de ocho inmuebles que “harían parte del patrimonio ilícito” de Saab.
Según la Fiscalía, esos bienes tienen un valor de 35.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares) y están en Barranquilla.
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