Redaccion El Tequeno La aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en Venezuela ha sido reconocida como una señal inicial para la reinstitucionalización democrática, un camino con muchos pendientes, como desmontar el aparato represivo que ha sido usado sistemáticamente para perseguir a la disidencia. Defensoras de derechos humanos, activistas y familiares de presos políticos advierten que la ley deja por fuera a sectores de la persecución política y que, sin reformas estructurales profundas, no puede considerarse un paso suficiente hacia la justicia.
Así lo plantearon cuatro mujeres: Andrea Santacruz, abogada y defensora de Civilis Derechos Humanos; Martha Lía Grajales, fundadora del Colectivo Surgentes; Katiuska Camargo, fundadora del Movimiento Ciudadano Uniendo Voluntades; e Yris Medina, sobreviviente y fundadora de COFACIV, desde la 14.ª edición de Encuentros Feministas titulada “Sin mujeres no hay paz”, celebrada el pasado viernes 6 de marzo, un espacio de reflexión sobre justicia transicional, género e interseccionalidad en el contexto venezolano.
Una ley con exclusiones estructurales
Para Martha Lía Grajales, la Ley de Amnistía es una medida necesaria pero insuficiente, identifica al menos tres sectores que quedaron fuera: trabajadores y trabajadoras judicializados por su actividad sindical, campesinos y campesinas perseguidos por exigir la democratización de la tierra y militares acusados por delitos políticos que no involucran graves violaciones a derechos humanos.
“Es una ley que es insuficiente, dejó a distintos sectores que han sido perseguidos políticamente en el país por fuera”, señaló Grajales, quien también mencionó a las mujeres criminalizadas por ejercer autonomía sobre sus cuerpos como otro grupo excluido. Para la activista, estos casos son razón suficiente para sostener que la ley debe ampliarse: “Tenemos que seguir empujando para que esa ley incorpore a todos los sectores que están por fuera”.
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