La Comisión Delegada a través de la Asamblea Nacional (AN )este martes durante la sesión vía telemática, debatió la inconstitucional reforma del sistema judicial como mecanismo para eludir la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI).
En ese contexto, la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Paz de la AN, tildó de «maquillaje» está reforma que busca no solo ejercer un cambio de magistrados del TSJ, sino también promover la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad señalados por la CPI.
Aseguró que la cuestionada reforma no resolverá el sistema de administración de justicia, pues a su juicio «no existe esta posibilidad, mientras que en el ejercicio del poder este un régimen dictatorial, que se caracteriza por la ausencia de separación de poderes y el secuestro de todos ellos, para ponerlo al servicio de la mal llamada revolución socialista del siglo XXI», aseveró Solórzano.
Ante el presidente encargado y de la AN, Juan Guaidó, así como también, del resto de la Cámara Legislativa, la parlamentaria informó que están haciendo llegar de manera directa a la Fiscalía de la CPI, todas las probanzas teóricas y documentales, con respecto a declaraciones de las víctimas, «para dejar constancia fehaciente de esta atroz de la dictadura, que pretende dejar de nuevo a las víctimas sin justicia».
La parlamentaria Tamara Adrián, cuestionó la reforma judicial impulsada por el régimen, la cual pretende cumplir con las exigencias formuladas en los informes de la Alta Comisionada de los DD.HH de la ONU, Michelle Bachelet, el Consejo de los DD.HH de la ONU sobre Venezuela, y por el Fiscal de la CPI, «los cuales tienen en común: Exigir que en Venezuela se establezca un sistema de justicia independiente».
Frente a esto, comentó que la ilegítima AN 2020 decidió reducir el número de integrantes en las distintas salas del TSJ y acotó que «la idea era que podían perpetuarse en esas salas los actuales integrantes y hacer quórum, pero después se dieron cuenta que había que ir a un proceso de nombramiento. Pero, los magistrados que están actualmente el TSJ, no pueden participar porque excedería del límite de los 12 años que establece la Constitución».
La diputada Yajaira Castro advirtió que la reforma del sistema de justicia «busca preparar un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ ) a la medida del régimen y frenar el avance de la investigación contra el régimen que cursa en la CPI por crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano».
Aseveró que el régimen pretende desde la ilegítima AN realizar una nueva reforma del Poder Judicial que «busca lavar la cara a un expediente que suma más de 200 presos políticos, persecuciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y severos señalamiento sobre violaciones sistemática de los derechos humanos».
Castro, recordó que el régimen durante años, intentó varias reformas judiciales, «las cuales todas han fracasado y quedaron en meros anuncios sin ejecutar».
