Pasaron más de 15 años y finalmente habrá juicio oral por el caso de la valija de Antonini Wilson, un escándalo que conmocionó al país en plena campaña presidencial de 2007. El debate, a cargo del Tribunal Oral en lo Penal Económico, arrancará este miércoles a las 10 y será virtual, aunque en el futuro puede haber audiencias presenciales con algunos testigos.
Entre los acusados se destacan el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti, y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, quien intentó esquivar el juicio a través de una serie de planteos que llegaron hasta la Cámara de Casación. Los otros cuatro acusados son funcionarios aduaneros: Rosa Nélida García, Guillermo David Lucangeli, María Cristina Gallini y Jorge Félix Lamastra.
Todo ocurrió el 4 de agosto de 2007, cuando Antonini Wilson intentó ingresar una valija con USD 790.550 a través de la terminal Sur del Aeroparque Jorge Newbery. En el avión, contratado por la empresa Energía Argentina SA (ENARSA), viajaban ocho pasajeros. El único que estará en el juicio es Uberti.
También estaban en el avión la secretaria Victoria Bereziuk (sobreseída por la Cámara), el ex titular de ENARSA Ezequiel Espinosa, Daniel David Uzcátegui Specht, Ruth Begrends Ramírez, Nelly Cardozo Sánchez, y Wilfredo Ávila Driet.
El avión aterrizó a las 2:38 de la madrugada. Según consta en el expediente, el aduanero Lamastra se habría mostrado reticente a que las valijas pasen por el escáner y la que terminó descubriendo el dinero fue María de Luján Telpuk, por entonces agente de la PSA.
Ante la primera pregunta, Antonini Wilson respondió que llevaba libros. Telpuk insistió y el venezolano aseguró que transportaba “papeles o papelitos”. En ese momento, la agente de la PSA decidió abrir la valija y descubrió el dinero. “¿Cuánto dinero lleva?”, fue la pregunta obligada. “Unos USD 60.000″, habría respondido el venezolano.
En ese momento, Antonini Wilson fue trasladado a una oficina donde se contó el dinero. Uzcátegui Specht fue testigo de toda la situación. Luego se sumaron los otros funcionarios aduaneros implicados: Rosa Nélida García, Guillermo David Lucangeli, y María Cristina Gallini.
Cuando terminó el operativo y se firmó el acta, cerca de las 5 de la mañana, los otros pasajeros ya se habían ido del aeropuerto. Sin embargo, el chofer de Uberti esperó a Antonini Wilson y Uzcátegui Specht y los trasladó hasta el hotel Sofitel.
Luego del episodio, Antonini Wilson participó de un acto en la Casa Rosada y se volvió a Miami. El gobierno de Néstor Kirchner intentó a través de varios emisarios que el venezolano fuera a retirar el dinero y pagara la multa. Pero no lo convencieron. Desde entonces, la justicia argentina reclamó, sin éxito, su extradición ante las autoridades de Estados Unidos.
La investigación duró trece años y estuvo a punto de prescribir. Ocurre que Uberti tuvo falta de mérito durante diez años. Cuando el caso iba a quedar en la nada, el juez Pablo Yadarola procesó a De Vido y Echegaray, que por su condición de ex funcionarios pudieron extender los plazos de prescripción. En ese momento también fueron procesados Victoria Bereziuk (luego sobreseída por la Cámara), Ezequiel Espinosa, y los funcionarios aduaneros.
Echegaray intentó esquivar el juicio hasta último momento. Primero le pidió al Tribunal Oral que declare la extinción de la acción penal por la garantía a ser juzgado en un plazo razonable. El ex titular de la AFIP argumentó que fue indagado y procesado por el juez Yaradola en septiembre de 2018, once años después del comienzo de la causa.
En ese momento, el juez lo acusó, junto a la entonces titular de la Aduana, Siomara Ayerán, de actuar “detrás” de los restantes imputados, “brindando las directivas a las personas que dependían jerárquicamente de ellos, con la finalidad de facilitar el ingreso del dinero en cuestión”.
El tribunal rechazó el planteo de Echegaray, pero el ex titular de la AFIP no se rinde y apeló ante la Cámara de Casación, que hasta ayer no había resuelto.
Siempre se sospechó que el dinero que llevaba Antonini Wilson en la valija había sido enviado por el entonces presidente Hugo Chávez para el financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner. “La clara afectación que implicó para la población nacional la desviación de recursos económicos del Estado para el aprovechamiento y concreción de maniobras delictivas que tuvieron como fin la obtención de importantes sumas de dinero espurias y que, posiblemente, luego fueron utilizadas para la financiación de campañas políticas y/o el enriquecimiento de funcionarios públicos, no ha escapado a la atención de este magistrado”, dijo el juez en el procesamiento.
Durante la campaña presidencial de 2019, Alberto Fernández aseguró que esa versión nunca pudo ser confirmada en la justicia argentina. Es más, afirmó que el dinero iba con destino a Uruguay, lo que generó un reclamo de diputados de la oposición del país vecino.
Semanas después de ese episodio, con la confirmación de los procesamientos, el fiscal Pablo Turano pidió la elevación a juicio oral. El expediente ya había pasado por al menos tres jueces de primera instancia, por la Cámara en lo Penal Económico, la Cámara de Casación, y hasta la Corte Suprema, que ordenó avanzar en la investigación por el delito de contrabando.
Pasaron otros seis años para que haya juicio oral.
