Un acuerdo opaco y múltiples conexiones fueron los cimientos sobre los que uno de los principales traficantes de oro del sur de Venezuela edificó un circuito para explotar el codiciado mineral en un territorio del pueblo pemón, rico en minerales en Guayana, para llevarlo a Miami, en Estados Unidos. El circuito incluía un enrevesado esquema corporativo, por el que el oro llegó a suelo norteamericano siguiendo pasos legales en apariencia. Al final, transitaría por una franca ilegalidad, pero con el mismo destino: Miami.
La inusitada ruta empieza en Chirikayén, una apacible comunidad indígena fundada en 1971 en el municipio Gran Sabana, un altiplano entre tepuyes, las características mesetas de esa antigua formación geológica en el sureste del estado Bolívar. Su nombre hace alusión en lengua pemón al hábitat de un pequeño pájaro de plumaje verde. Desde Chirikayén parten excursiones a un tepuy del mismo nombre, cuya cumbre rocosa parece dibujar la silueta de una persona, tan definida que luce esculpida a propósito. Le llaman el Indio Acostado. Esta montaña es ciertamente menos conocida que el tepuy Roraima, la cumbre más alta de la Sierra Pacaraima y mole que sirve de hito fronterizo entre Venezuela, Brasil y Guyana (antigua Guayana Británica). Aún así, el Chirikayén ha cobrado popularidad entre quienes practican el turismo de aventura y las caminatas exigentes.
En la ruta al asentamiento del pueblo pemón no hay minas visibles. Tampoco movimiento de camiones o motocicletas, usuales en zonas mineras. En varios tramos, la masa boscosa amenaza con invadir la pica arcillosa y maltrecha que conduce a la comunidad. Por imágenes satelitales, o de acuerdo a la experiencia de los pobladores, se sabe que los yacimientos mineros están camino adentro, hacia la comunidad de Ikabarú y las orillas del río homónimo, que desemboca en el negro Caroní y bordea otro grupo de minas ilegales.
De hecho, Chirikayén no queda dentro del perímetro del megaproyecto estatal Arco Minero del Orinoco, creado en 2016 por el gobierno de Nicolás Maduro. En las 45.000 hectáreas de la comunidad no hay áreas delimitadas por ley para el ejercicio de la minería, un requisito indispensable para la extracción comercial de los recursos naturales en el subsuelo. Pero a hora y media de caminata desde los pies del Indio Acostado ya se encuentran minas activas, ilegales, controladas por el pueblo indígena.
En ese enclave, Andrés Antonio Fernández Soto, mejor conocido como Toñito, operó con permiso, pero no del Estado venezolano, sino de la capitanía indígena. El hombre de 47 años, oriundo de La Fría, una localidad del estado Táchira, en los lejanos Andes del suroeste venezolano, se desenvuelve sobre una zona gris de actividades en la que, si bien es considerado un empresario, también se ha ganado motes como El Rey, que alude a su poder, o El Pran, referido a su posición en el organigrama vertical de un grupo criminal.
Toñito creció, estudió y empezó a hacer negocios en Santa Elena de Uairén, la última población del estado Bolívar venezolano sobre la Troncal 10, antes de cruzar a Brasil. Sus padres eran dueños de una venta de repuestos, Mercantil Parks. Acumuló poder económico, pero sin abandonar el bajo perfil. Tratando de no exponer el origen de su riqueza fortuita, se empeñó en hacerse popular entre indígenas y criollos mediante dádivas y beneficios.
En los predios de la zona minera de Chirikayén tenía un helipuerto y un galpón que servía como depósito y sitio de trabajo. Una aeronave llegaba, de día y de noche, y cargaba material rocoso. Varias veces aterrizó en la cancha de fútbol comunitaria. También por tierra, camionetas movían en nombre de Toñito insumos y sacaban sacos de material aurífero para supuestas pruebas de pureza. Al menos, eso establecía el acuerdo más reciente que había pactado con la comunidad.
Mientras tanto, lejos del punto de extracción, detrás del telón, Fernández Soto armó un conglomerado familiar que le permitía venderse oro a sí mismo, desde compañías en Venezuela a otras en Estados Unidos. Pero no solo eso. Tenía también una aeronave, con matrícula norteamericana, para hacer los traslados que, al menos hasta mediados de 2018, despegaban desde el principal aeropuerto de Ciudad Guayana, en el estado Bolívar. Un revés político le forzó a mover la ruta de extracción, ahora por contrabando, a través de Brasil, país en el que intentó dar un cariz legal al oro con documentación insuficiente y, en algunos casos, sin vigencia.
El capitán indígena de Chirikayén, Carlos Gómez, reconoce que no tiene licencias para extraer minerales, propiedad de la República, de acuerdo con el artículo 12 de la Constitución Nacional. Sin embargo, al amparo de los acuerdos con Toñito, denuncia que la comunidad no recibió los resultados de las pruebas de pureza del oro que les permitirían negociar un mejor trato en los últimos años de producción. Pero el oro de Chirikayén, con o sin pruebas, con o sin papeles, tenía un destino invariable: Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El rastro de los lingotes
Un conjunto de facturas comerciales muestra la consignación y venta de ocho barras de oro extraídas en 2019 de la comunidad indígena Chirikayén para ser vendidas a la empresa venezolana BM Gold, C.A. Los lingotes sumaban 5,6 kilogramos, con un valor de 250.000 dólares americanos. Se trata apenas de una muestra del circuito que se mantuvo por más de una década con punto de partida en el territorio indígena, una operación a todas luces ilegal, pues las tierras no tienen delimitación formal para la explotación minera por parte del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico.
La guía de traslado con membrete y sello de la comunidad de Chirikayén, en el sector VI de la Gran Sabana, indica que la extracción del metal se realizó en diciembre de 2019, y la entrega a BM Gold, C.A., el 16 de enero de 2020, dos semanas antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia de la covid-19. El papel no precisa valor económico alguno o monto de compensación al pueblo indígena.
Otra factura comercial, con data de apenas cinco días después, refleja el envío del oro en poder de BM Gold a Tremens Metals LLC, una compañía radicada en Florida, uno de los más populosos asientos de la diáspora venezolana y sus negocios. En un intento por legitimar el origen del oro, el documento va acompañado de un certificado de admisibilidad de entrada y entrega inmediata en la Aduana de Estados Unidos, suscrito por la empresa Priority Customs Broker, INC en el aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale en Florida.
El registro refleja el código arancelario para el oro doré (7108.12.1020), denominación que corresponde a la mezcla impura sin refinar, con frecuencia acompañada de plata y otros minerales no nobles, usualmente el producto fundido extraído de la mina y enviado luego a refinación. El origen anotado es VE: Venezuela. El certificado es un paso clave que se gestiona ante el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Sin embargo, el documento de soporte con datos de exportación de oro doré es de 2018, cuando Toñito trasladaba el mineral directamente desde el aeropuerto internacional Manuel Carlos Piar, en Ciudad Guayana, hacia Estados Unidos, de acuerdo con la documentación revisada para esta investigación. El registro de ese año especifica que el traslado se produjo en el avión privado matrícula N581PH, propiedad de Gold Caribbean Airline INC, registrada en el estado de Delaware en Estados Unidos, según precisa la Administración Federal de Aviación de ese país y, como se verá, también propiedad de Toñito.
Las tres empresas –la compradora del oro en Venezuela, la receptora en Florida y la de transporte aéreo– convergen en un solo nombre: Toñito, propietario de Tremens Metals LLC y Gold Caribbean Airline INC, y hermano de las representantes de BM Gold C.A., Lilia Yasmín y Cherly Fernández Soto. El consorcio familiar ha sido clave en el proceso desde la extracción hasta la exportación del oro a suelo norteamericano.
Correos electrónicos y soportes de traslado consultados para esta investigación muestran que Toñito exportó oro desde la Guayana venezolana a Estados Unidos de forma directa hasta principios de 2018. Hasta este punto, el esquema funcionó de la siguiente manera: BM Gold C.A. y Tremens Metals C.A., otro brazo del consorcio familiar, recibían el oro ilegal explotado en territorio indígena y lo enviaban a Tremens Metals LLC en Florida, Estados Unidos, en aeronaves de Gold Caribbean Airline INC.
Pero ese año, la ruta mutó y sumó a Brasil como escala.
No fue casualidad. En realidad, fue forzado a ello. Fernández Soto fue incluido, en mayo de 2018, entre los buscados por la Operación Manos de Metal, una iniciativa de las autoridades venezolanas para encarcelar a presuntos traficantes de oro en Guayana. La solicitud por Toñito, de acuerdo con el expediente judicial 1004215-46.2020.4.01.4200 de Brasil, fue trasladada a Interpol, que procedió a emitir una alerta roja en junio de 2018 bajo la referencia 2018/49630-1 por crimen ambiental. Hoy, del caso no quedan rastros en la base de datos de notificaciones rojas de la organización intergubernamental.
Excepción denegada
Más de un año después, en diciembre de 2019, su nombre reaparecería, pero esta vez vinculado a la llamada Operación Aurora, en la que participaron indígenas armados del municipio Gran Sabana supuestamente bajo el comando del exsargento de la Guardia Nacional, Darwin Balaguera. Su objetivo era el asalto y toma de unidades militares, empezando por el Batallón 513 Mariano Montilla, en Luepa, a dos horas y media de Santa Elena de Uairén. Pero no tuvieron éxito.
“En la madrugada de hoy, fue asaltada una unidad militar al sur del país, por sectores extremistas de la oposición, siendo sustraído un lote de armas de dicha unidad”, tuiteó en esa ocasión el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en alusión al robo de 112 fusiles AK-103 y municiones. Al menos 13 indígenas del pueblo pemón fueron detenidos y recluidos en El Rodeo II, una cárcel del centro del país, cerca de Caracas, a 1.200 kilómetros de distancia de los territorios de los que eran oriundos.
A Antonio Andrés Fernández Soto, Toñito, se le señaló entonces como presunto financista de la asonada, un elemento más que acicateó su búsqueda. Pero Toñito se había adelantado a tramitar desde 2018 su refugio en el vecino Brasil, estatus que le concedió en 2019 la administración del presidente Jair Bolsonaro, enemigo jurado del gobierno chavista de Caracas.
A Toñito se le imponía un nuevo desafío: rediseñar y activar una ruta para el oro, que si bien seguía extrayendo desde Chirikayén, ahora tendría que transitar por Brasil. Para llevarlo a Estados Unidos, tenía que arreglárselas para hacerlo pasar por legal. La manera que adoptó para ello sería la primera de una seguidilla de singularidades que, a la postre, llamaron la atención de las autoridades brasileñas.
Tremens Metals LLC contrató a la empresa brasileña Union Security para prestar el servicio de vigilancia, seguridad y transporte del oro. No en cualquier unidad, sino en camiones blindados.
Toñito respaldó la supuesta legalidad de la exportación con la factura comercial de BM Gold, C.A. a Tremens Metals LLC, una lista de embalaje, la guía de traslado desde la comunidad indígena Chirikayén –que la defensa de Fernández gusta describir como “la guía emitida por la autoridad venezolana”– y el viejo certificado de admisibilidad de entrada y entrega inmediata en la Aduana de Estados Unidos. También adjuntó el certificado de actividad económica (compra y venta de oro) de Tremens Metals LLC, emitido en Miami. Pero no aparecen permisos emitidos por el Banco Central de Venezuela (BCV), el ente al que por ley debe venderse el oro extraído en Venezuela.
El plan era que Union Security recogiera el oro en la aduana de la localidad brasileña de Pacaraima y lo trasladara al recinto aduanero del Aeropuerto Internacional Atlas Brasil Cantanhede, en Boa Vista, para su embarque “inmediato” en la aeronave de matrícula norteamericana, con escala en Brasilia o Manaos, y destino en Fort Lauderdale. Para este vuelo de febrero de 2020, la aeronave contratada era la N27TZ, propiedad de Sparrow Aircorp Inc, por un precio de 28.500 dólares, según indica la factura de taxi aéreo.
El régimen especial de tránsito aduanero permite el transporte de mercancías, bajo control aduanero, de un punto a otro del territorio, con suspensión del pago de impuestos, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 6.759 del gobierno brasileño. Por esa modalidad podían transitar por territorio brasileño, sin generar aranceles, mercancías provenientes del exterior pero destinadas a una exportación subsecuente.
Toñito pretendía acogerse a esa excepción: el paso por Brasil de oro proveniente de Venezuela y destinado a Estados Unidos. Bajo esta modalidad de tránsito aduanero, sólo debía notificar a las autoridades sobre el cargamento presentando una Declaración Electrónica de Bienes del Viajero (e-DBV), cual pasajero en tránsito aéreo internacional. Pero el transporte de mercancías en los modos de tránsito únicamente puede ser realizado por una empresa autorizada para el transporte internacional y esa era una habilitación que Union Security no tenía aunque intentó conseguirla.
Alegando falta de equipamiento, seguridad e infraestructura para el almacenamiento de valores, las autoridades aduaneras en Pacaraima y Boa Vista no dieron su visto bueno a la operación y, por lo tanto, tampoco a la habilitación de Union Security para el tránsito aduanero. “La operación que pretenden los peticionarios es muy delicada y crítica, principalmente porque ya existen antecedentes de robo de carga de alto valor en aeropuertos más grandes, que a su vez tienen una gestión de seguridad mucho más compleja que el Aeropuerto Internacional de Boa Vista”, advertía en junio de 2020 André Romero, abogado de la Empresa Brasileña de Infraestructura Aeroportuaria (Infraero) en Roraima.
La maniobra, argumentó por su parte el abogado defensor, Shiska Pereira, en un escrito incluido en el expediente judicial, se intentaba porque “la vecina Venezuela no autoriza el aterrizaje, despegue y mucho menos el sobrevuelo de aeronaves comerciales, regulares y no regulares de carga y de pasajeros, vuelos, y tampoco de taxis aéreos o aviones particulares registrados en Estados Unidos”, debido a las sanciones impuestas por el gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump a partir de 2017 y, particularmente a las exportaciones de oro venezolano, desde 2018.
En efecto, con el trayecto por Brasil, Toñito intentaba esquivar la orden ejecutiva 13850 del 1 de noviembre de 2018, firmada por Donald Trump, que prohibió a las personas y entidades estadounidenses comprar oro de Venezuela, con el objeto de impedir al gobierno de Nicolás Maduro obtener recursos de la extracción aurífera. En marzo de 2019, Washington sancionó a la estatal aurífera Minerven y a su presidente, Adrián Antonio Perdomo Mata; este último, por cierto, tenido por un secuaz de Alex Saab -el mercader favorito de Nicolás Maduro-, fue recientemente aliviado de esa sanción por Washington. “Maduro y su red ilícita están haciendo un mal uso de las operaciones de extracción de oro de Venezuela como otra forma de robarle al pueblo venezolano después de haber administrado mal y saqueado la industria petrolera venezolana que se desmorona”, señaló la nota de prensa oficial del Departamento de Estado en ese momento.
“Perseguiremos agresivamente a los involucrados en el imprudente comercio ilícito de oro de Maduro que está contribuyendo a esta crisis financiera, humanitaria y ambiental”, dijo también entonces el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.
Así, con un fardo de sanciones por detrás y documentación escasa por delante, Union Security y Tremens Metals LLC habían convenido un contrato de un año (del 30 de diciembre de 2019 al 29 de diciembre de 2020) que establecía un límite máximo de dos operaciones de transporte semanales punto a punto. Intentaron ir más allá al tratar de obtener un permiso para el transporte internacional de carga con blindados entre Pacaraima y Santa Elena de Uairén. No contaban con que el uso de transporte de valores no está comprendido en los convenios bilaterales.
El acuerdo entre las firmas y los pormenores para el tránsito aduanero engordaron un expediente abierto, luego de que Toñito, Tremens Metals LLC y Union Security decidieran, en junio de 2020, presentar una demanda en tribunales solicitando a la Hacienda Federal brasileña la habilitación para el transporte del oro.
Toñito confiaba en salir airoso. Después de todo, Tremens Metals LLC tenía a su favor un historial de importaciones a Estados Unidos. Entre 2016 y 2021, la compañía registró un valor total de importaciones de 90 millones de dólares, de acuerdo con una fuente de la administración de Estados Unidos. El mayor monto, entre 2018 y 2019.
Sin embargo, el venezolano ya estaba siendo investigado en Brasil por la importación de más de 100 kilos de oro ilegal venezolano, el lavado de 6,2 millones de dólares y el contrabando de oro no solo de tierras de los pemones en el estado Bolívar, sino de las reservas de otra etnia en el estado brasileño de Roraima, la de los Yanomami.
Las actividades de Fernández Soto alimentaron, por cuenta propia, la investigación policial en Brasil, operación que llevó como nombre La Cadena. La pesquisa se inició con el decomiso de 34.700 dólares en abril de 2019 en Pacaraima, que estaban destinados al pago de oro venezolano. Toñito fue detenido en octubre de 2021 y recluido en la Penitenciaria Agrícola de Monte Cristo, en Boa Vista. Lo mismo ocurrió con sus dos hermanas, Lilia y Cherly, y su cuñado, Wilson de Sousa Alves, partícipes en su red empresarial.
Delirio Tremens
Puede que Tremens Metals sea en Miami apenas un nombre más, sin mayor significado en el enorme registro de corporaciones de Florida.
Pero en Santa Elena de Uairén, por el contrario, es una referencia clave del mundo de los negocios. Y del entretenimiento también.
Tremens -”temblor” en latín- era el nombre de una discoteca, de un centro hípico y de un gimnasio en el corazón de la última localidad del sur del estado Bolívar, antes de cruzar a Brasil. Todos los locales orbitaban en torno al centro de gravedad de Toñito.
Tremens C.A. fue constituida el 9 de agosto de 2006 en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar. Lilia Yasmín Fernández Soto y Cherly Fernández Soto, administradora y abogada, respectivamente, aparecen en el acta constitutiva como sus propietarias y gerentes. El objeto inicial de la empresa era el “expendio de todo tipo de licores por copa, discoteca, pop, pool, restaurant, pudiendo realizar demás actividades de lícito comercio”. En 2011 añadieron la prestación de servicios y asesoramiento en el área de disciplina deportiva; un año después, sumaron servicios de posada, excursiones y venta de paquetes turísticos y, en 2015, la actividad comercial de corresponsal no bancario.
Llamativamente, a partir de 2016, cuando se crea el Arco Minero del Orinoco, no hay actualizaciones en el expediente; por lo tanto, no hay ni permisos ni contratos vinculados a la extracción minera.
BM Gold C.A., en cambio, sí incursionó de lleno en el ámbito de la reventa y exportación de oro, plata, diamantes y otras piedras preciosas. Fue constituida el 11 de diciembre de 2003 en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar. Un oficio del Ministerio de Industrias Básicas y Minería, firmado en octubre de 2013 por el entonces director general de la Dirección General de Concesiones Mineras, Roberto Mirabal Acosta, renueva por cinco años la inscripción de la empresa en el Registro de Comerciantes de Oro, Plata, Platino y Metales asociados a este, Diamantes y otras Piedras Preciosas, de acuerdo con el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas.
Sin embargo, este permiso expiró tan pronto fue publicado el Decreto N° 2.165 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.210 de diciembre de 2015. El mandato estableció en su artículo 31 que el oro y demás minerales estratégicos obtenidos en el territorio nacional son de obligatoria venta y entrega al Banco Central de Venezuela.
El artículo 26 del decreto de creación del Arco Minero del Orinoco, de febrero de 2016, confirma la disposición. De esta forma, cualquier exportación de oro y sus aleaciones en barras, fundido, amonedado, manufacturado o en cualquier otra forma distinta a joyas de uso personal, debe contar con autorización de la máxima autoridad monetaria.
Sin atender a esas normas, a partir de 2015, Toñito levantó la estructura empresarial de venta de oro a suelo norteamericano.
En octubre de 2016, incorporó Tremens Metals LLC –junto a Aarom Baldiris y Jorge Iván Giraldo–, de acuerdo con los documentos revisados en la División de Corporaciones del estado de Florida. Un par de coincidencias en torno a la compañía sobresalen. Las direcciones de Tremens Metals LLC, Baldiris, Toñito y Giraldo, registradas ante las autoridades de Florida, son todas la misma: 2467 Eagle Run Drive en Weston, una residencia valorada en 873.000 dólares, propiedad hasta 2021 de Balvin Mayerli Soto Sánchez y Aarom Wilfred Baldiris Pérez, este último, un pelotero venezolano que jugó con los Mets de Nueva York de la Major League Baseball, también en la Liga Japonesa, y que fue coach de los Tigres de Aragua en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional hasta noviembre de 2022.
Baldiris fue removido en 2017 como gerente de la compañía aurífera y, en su lugar, fue incluida María Yolanda Soto de Fernández, madre de Toñito. Hasta el cierre de este reportaje, no fue posible lograr respuesta de Baldiris, a quien se intentó contactar a través de la coordinación de prensa de los Tigres de Aragua y de su academia AB52, además de su cuenta de instagram y el número telefónico con el que respondía a periodistas de la fuente deportiva.
Al mismo tiempo que Tremens Metals LLC, Toñito y Giraldo constituyeron Tremens Metals C.A. en 2016 en Venezuela. Ambos aparecen como sus representantes en el registro del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y su dirección es la misma de la Tremens C.A., ubicada en la calle Ikabarú de Santa Elena de Uairén. Con esta empresa, ofrecían servicio de análisis de pureza de oro y exportaban a Estados Unidos.
Tremens Metals C.A. fue creada en medio de un boom de locales de compra-venta de oro y análisis de pureza en el estado Bolívar, que estimuló la comercialización ilícita y el contrabando. Tras seis años de fiebre, esa actividad ha bajado, pero los locales ilícitos de compra y análisis siguen siendo parte del paisaje. “Aquí vivimos en Narnia. Los negocios que ves acá no son legales. Las empresas tienen nombres como fachada”, dijo el encargado de uno de los locales de fundición y análisis de oro en la localidad, que pidió mantener su nombre en reserva.
La empresa encargada del transporte, según se constata en la investigación, es Gold Caribbean Airline INC, propietaria de la aeronave N581PH mencionada en el certificado de admisibilidad de entrada y entrega inmediata en la Aduana de Estados Unidos de 2018. Fue registrada en 2017 en Delaware por Toñito, Daniela Ziliani Custodio y Giraldo, quien aparece también en el registro de Tremens Metals LLC.
La nueva pieza en el emporio corporativo, Ziliani Custodio, está vinculada con Corporación Zicus C.A., una empresa venezolana que importó 74 toneladas de alimentos de Brasil en 2016, de acuerdo con Import Genius; así como con dos empresas al mayor y detal de alimentos con el mismo nombre en Pacaraima y Boa Vista, en Brasil.
Aunque Gold Caribbean Airline INC aparece inactiva en la actualidad, forma parte de un listado oficial del departamento de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. El documento, en sus ediciones de septiembre y diciembre de 2022, contiene los nombres de los transportistas signatarios del Programa de Exención de Visa (VWP). De esta forma, la aerolínea de Toñito puede transportar extranjeros que buscan admisión como visitantes no inmigrantes de Estados Unidos bajo el VWP.
El aliento que aún tienen sus operaciones podría extinguirse de aprobarse el proyecto de ley presentado en noviembre de 2022 por dos senadores estadounidenses, el republicano Marco Rubio y el demócrata Bob Menéndez, para frenar la minería y el tráfico ilícito de oro en América Latina y, especialmente, en Venezuela. El proyecto precisa que alrededor de 80% del oro extraído en Venezuela se obtiene por medios ilícitos, y que un “gran porcentaje” se vende a través de la estatal Minerven y redes de tráfico y comercialización de las que el régimen de Maduro se beneficia. Por eso proponen, entre otras estrategias, promover la debida diligencia y el uso de métodos de abastecimiento responsable en la compra y el comercio de minerales provenientes de la minería artesanal y de pequeña escala, así como prohibir y detener cualquier actividad en curso por parte de personas extranjeras que participen en las cadenas de comercio y faciliten la entrada extralegal de oro a Estados Unidos.
“La minería y el tráfico ilícito de oro en América Latina y el Caribe no solo financian a sindicatos criminales transnacionales, sino también debilitan la selva y la biodiversidad de nuestro hemisferio, facilitan los abusos de los derechos humanos y ayudan a sostener dictaduras brutales como la de Nicolás Maduro en Venezuela. Estados Unidos debe hacer más para desarrollar e implementar una estrategia para combatir estos efectos dañinos y trabajar con todas las entidades internacionales y privadas para promover cadenas de suministro de oro responsables”, dijo el senador Menéndez.
Además de las empresas para la venta del oro en suelo venezolano, así como para la recepción en Estados Unidos y el traslado, los hermanos Fernández Soto son socios de al menos una docena más de compañías. La revisión o el cruce de la información de todas las empresas muestra vínculos con compañías en Venezuela (Mercantil Park, Tremens C.A., Constructora Valdarosa, Más Caucho S.A.); Brasil (BV Pneus Comercio, Duporto y Sousa & Fernandez Representacoes), Panamá (Safira Trading Company) y Estados Unidos (Tremens Metals LLC, Gold Caribbean Airline, Zero Border LLC y 5350 Park 807 LLC).
Investigaciones policiales en Brasil muestran que una de estas empresas, Sousa & Fernandez Representações, propiedad de Lilia Fernández Soto y su esposo, Wilson Alves de Sousa, recibió transferencias por el orden de los 162.000 dólares en 2019 remitidas por MC Produtos de Extração Mineral, la compañía liderada por el brasileño Marcelo Camacho Pinto y el venezolano Marco Flores Moreno. Ambos estaban al mando de un esquema de intercambio de oro por alimentos.
La brasileña Ricca Comercio, también participante de esta trama, hizo 14 transferencias a Sousa & Fernandez Representações por alrededor de 40.000 dólares en total. Las transacciones son un indicio de que Fernández Soto también era proveedor de oro de Camacho Pinto en un esquema de venta de oro a cambio de alimentos.
Pero la cúspide empresarial a la que llegó Toñito se ha venido a menos. El emporio de entretenimiento de la Tremens venezolana, parte del consorcio de Toñito y familia, está ahora cerrada. El edificio principal, en la calle Ikabarú de Santa Elena de Uairén, tenía un centro nocturno en la planta baja; un centro hípico al fondo de la edificación y un gimnasio en el piso superior. Quienes alguna vez visitaron el sitio dicen que era de los mejores –también de los más costosos– lugares de vida nocturna en Santa Elena.
Quien no lo haya frecuentado antes, no podría reconocer ahora con facilidad su antiguo esplendor entre las ruinas. Un muro de ladrillos fue levantado en el acceso a la discoteca y las gigantografías con imágenes de personas levantando pesas en el ventanal del primer piso se han borrado. En medio del desgaste, aún se lee la marca “Tremens” en letras blancas sobre un fondo rojo.
De favorito a fugitivo
Mientras Toñito lidiaba en tribunales de Brasil con la solicitud de transporte internacional para la brasileña Union Security de cara al traslado de las ocho barras de oro provenientes de Chirikayén a Estados Unidos, un video que se hizo viral a mediados de noviembre de 2020 lo puso en el foco público.
En la grabación, cuatro hombres cargan en brazos a una persona. Corren. Un cercado sencillo de tablas de madera separa el lugar abierto del que vienen, una sabana con pequeños montículos de gramíneas verdes. Alrededor de ellos, corre otra veintena de personas. Todos gritan. Se escucha el estruendo de una moto. Tras recorrer unos diez metros, alcanzan una calle asfaltada donde un grupo de carros espera; entre los vehículos figura una camioneta blanca con sirenas encendidas de lo que parece ser un cuerpo de seguridad. Es un hombre el que traen en brazos. Siguen gritando, pero no se entiende lo que dicen. Lo meten en la parte trasera de una camioneta blanca que arranca y se esfuma tan de prisa como el video.
El hombre en brazos es Toñito, herido de bala en la pierna luego de que militares venezolanos intentaran capturarlo. El paso con el cercado de madera separa al territorio venezolano del brasileño. No es el paso fronterizo formal, sino una de tantas trochas abiertas entre ambas naciones. El bullicio es en portugués. La calle asfaltada a la que llegan es una de Pacaraima, la primera localidad de Brasil tras pasar la frontera, en la que Toñito y su familia vivían entonces.
Ese fue el segundo intento de captura, tras la Operación Manos de Metal y la Operación Aurora.
Imágenes del secuestro de Toñito en Brasil, quien logra librarse de sus captores antes de ser trasladado al lado venezolano de la frontera.
Crédito: Youtube/UOL
Pero su vida no siempre fue la de un fugitivo; de hecho, en algún momento fue un favorito del poder. La expansión de Fernández Soto y sus negocios con el oro estuvo amparada por algo más que la astucia personal. Habitantes de Santa Elena de Uairén la atribuyen alianzas apenas veladas con autoridades gubernamentales, durante la gestión del exgobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, un general de división del Ejército retirado y sancionado por el gobierno de Estados Unidos en enero de 2018.
Fuentes consultadas coinciden en que el intento de arresto en la Operación Manos de Metal fue un cobro, pues Fernández Soto –hasta entonces militante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)– cortó amarras con el gobierno y viró su apoyo al líder indígena Emilio González, quien en 2017 se convirtió en el único alcalde no chavista en la geografía del estado Bolívar, la entidad más extensa del país, además de reservorio de cotizados metales como el oro.
“Él [Toñito] andaba con todos ellos, con la familia del presidente Nicolás Maduro, y también con la familia de Diosdado Cabello, también con Rangel Gómez, Adán Chávez: él siempre tenía ese entorno. Después que él se retira políticamente y comenzó a apoyarme en el municipio es cuando ellos empiezan a involucrarme, pero él es socio de ellos mismos, si ellos lo tildan de mafioso, ellos son los primeros cabecillas entonces”, manifestó en junio de 2018, a Venepress, el entonces alcalde, Emilio González.
Bajo el ojo de los ‘uruturü’
Han pasado dos años desde la data de la guía de traslado que confirma la entrega de ocho barras de oro del territorio indígena a BM Gold C.A. con destino a Estados Unidos. La vista de este sábado de finales de 2022 hacia el Chirikayén es más que sublime. Un arcoíris parece salir del pecho del Indio Acostado. En la entrada del pueblo, un grupo de niños se lanza a un riachuelo desde varios peñascos.
Las autoridades indígenas recorren las calles de la comunidad. Cuentan que el ambulatorio rural tiene seis años sin medicamentos y la escuela básica carece de pupitres y mesas por falta de recursos. El apoyo en materia de salud, alimentos e insumos por parte de las agencias de Naciones Unidas ha sido imprescindible para sus 560 habitantes, coinciden.
Durante la caminata, el silencio hace juego con las vistas a la sabana y los tepuyes, pero en la Iglesia Adventista del Séptimo Día la coral ensaya bajo la dirección de Lilia Eliman. Todo parece perfecto, menos en la choza de tablas que antecede al portón principal de Chirikayén. Allí hay molestia.
El capitán indígena de la comunidad, la máxima autoridad tradicional, no entiende qué pasó. Dice que el último acuerdo con Toñito solo incluía el análisis de pureza del material extraído. No su comercialización y exportación. No reconoce la guía. Dice que no tiene registros de pago del oro, más allá del incentivo de 200 reales brasileños, equivalente a 40 dólares, que Toñito entregó a 18 maestros de la escuela comunitaria.
Una carta del 15 de enero de 2018, firmada por el capitán anterior, Domingo Manila, lo contradice. El documento, incluido como respaldo en el expediente, precisa que la relación comercial entre la comunidad de Chirikayén y la empresa BM Gold data de hace 14 años. La carta destaca el derecho de los pueblos indígenas a promover sus propias prácticas económicas y el uso de los recursos de la tierra y el agua, una facultad que más allá de sus legítimos derechos originarios, está contribuyen a la depredación del territorio y sin duda viola la Constitución Nacional.
“En virtud de lo antes descrito por las leyes venezolanas como pueblos originarios nos dan el pleno uso de nuestras tierras ancestrales para la explotación de minerales de forma artesanal y los mismos sean comercializados para el sustento de nuestras comunidades, hacemos de un conocimiento [sic] que la empresa BM Gold, C.A., representada por el ciudadano [sic] LILIA YASMIN FERNANDEZ SOTO, Venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 13.335.836, mantiene relaciones comerciales con nuestra comunidad desde hace Catorce (14) años donde nosotros le hacemos venta de Oro y Diamante extraídas [sic] de nuestras tierras demarcadas en Siete (07) Sectores establecidos por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, finaliza la misiva.
“Ese trato fue con el cacique, más no con el pueblo”, sostiene el capitán Carlos Gómez. “Es una estafa”, agregó. “Nos robó”, dijo el secretario comunal, Federico Casado.
El acuerdo desnuda no solo la operación ilegal de Toñito en un área no autorizada para la minería, sino el proceso de aculturación que sufren los pueblos y territorios indígenas desde hace décadas, por la cercanía con nuevos modelos de desarrollo y su incorporación a iniciativas con fines comerciales o mercantilistas alejadas de sus prácticas tradicionales.
“Hemos dicho a algunos indígenas que quizás en el pasado cargaban oro con fines decorativos, ritualistas o de intercambio, pero no lo hacían con un carácter comercial, mercantilista y extractivista, [que] al realizar estas actividades sin respetar a la naturaleza y contaminándola lo hacen al margen de la ley (…) es in natura, porque atentan contra la propia naturaleza a la que se deben”, dijo un abogado y activista de una organización no gubernamental, que pidió mantener su nombre en reserva por temor a represalias.
Los indígenas de Chirikayén están por pasar la página. Aunque sus ancestros se asentaron allí por las fuentes de agua y la tierra fértil para la agricultura de subsistencia, aspiran expandir sus operaciones mineras. Solo en áreas de sabana, dicen, pero no en las cuevas protegidas por los uruturü, unos espíritus en forma de tigres que se enfurecen por la perturbación, de acuerdo con su cosmovisión.
Pero los planes están escalando. Por un lado, evalúan la posibilidad de unirse para forma una corporación minera junto a otros grupos indígenas de la Gran Sabana y, por otro, aspiran echar a andar un proyecto de extracción minera, esta vez, invitando a un actor mayor: la Corporación Venezolana de Minería (CVM). Quizás previendo que nadie quedará a salvo de la depredación, el proyecto ha sido llamado El arca de Noé.
Mientras tanto, Toñito, quien permanecía en Brasil con un grillete electrónico desde febrero de 2022, acaba de desaparecer. La Secretaría de Justicia y Ciudadanía del estado brasileño de Roraima confirmó que está prófugo desde el 31 de marzo de 2023. Sus hermanas, Lilia y Cherly, que con frecuencia estuvieron frente a las labores administrativas de Tremens y BM Gold, están libres.
