Redaccion El Tequeno En la Sala Este del quinto piso del Palacio de Justicia, en el centro de Caracas, nunca hubo un retrato de Simón Bolívar o de Nicolás Maduro que presidiera el recinto. En cambio, solía haber un logo del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, tal vez a manera de un recordatorio de cómo el Poder Ejecutivo solía incidir en el Poder Judicial.
El logo ya no está. Lo que hay ahora es una sala oscura, una puerta dislocada, tres bombillos que titilan y los bancos de toda la vida.
A las 11:06 de la mañana del martes, 11 de agosto de 2026, Alejandra Verónica Romero Castillo, titular del Tribunal Tercero de Juicio con Jurisdicción Nacional en Casos de Terrorismo, entró a esa sala dando pasos cortos y apresurados hacia el estrado donde, hasta su llegada, dos de sus asistentes reposaban.
Romero Castillo es una treintañera que, en persona, no se parece a la foto que de ella circula en la red social X. Aún más: si no fuese por la toga negra, tampoco parecería juez. Tiene la cara tersa, el cabello negro y muy liso, hasta la cintura y sin copete, lentes geek chic y zapatos de goma con plataformas para que sus aparentes 1,60 metros de altura ganen prestancia. Pero de que ejerce como jueza no queda ninguna duda.
Se sabe que en otros procesos políticos no ha tenido empacho alguno en condenar a acusados de cuya presunta culpabilidad había escasos indicios y hasta ninguno, como los del Boicot a la Asamblea Nacional y los veredictos contra Rafael Tudares -yerno del presidente electo, Edmundo González Urrutia- y Luis Guillermo Istúriz -dirigente de Vente Venezuela-. También es a quien le confiaron dictar sentencia en el llamado Caso PDVSA-Cripto, un proceso actualmente en curso, de gran relevancia y con potencial para revelar fracturas internas en el chavismo, de cuyas vistas el régimen de Delcy Rodríguez se ha ocupado de mantener lejos del acceso del público.
Pero hoy Romero Castillo se apersona en la sala para dar inicio, con dos años de retraso, a las audiencias de la causa de la comúnmente denominada Operación Brazalete Blanco. De hecho, la agenda semanal de la jueza por estos días se estructura en torno a los dos procesos: lunes, miércoles y viernes, atiende Pdvsa-Cripto; martes y jueves, se ocupa de Brazalete Blanco.
Brazalete Blanco alude a una supuesta conspiración de civiles y militares que se habría propuesto la toma de dos cuarteles en el estado Táchira y el asesinato del gobernador chavista de la entidad, Freddy Bernal, para iniciar una marcha hacia Caracas que culminaría en el derrocamiento y asesinato del entonces presidente Nicolás Maduro. La denoMinjaci´poin dada a la frustrada intentona se derrivó de un código que los militares complotados habrían acordado: durante el Día D llevarían brazaletes u otros distintivos de color blanco, para distinguirse de las tropas que permanecieran leales al gobierno y defendieran sus cuarteles.
