En tiempos de reapertura de fronteras y de reactivación del comercio binacional, el ministro de Justicia de Curazao, Shalten Hato, salió al paso a las informaciones que destacan una presunta vinculación entre el delito y la creciente presencia de venezolanos indocumentados.
Al presentar su informe de gestión correspondiente a 2022, el funcionario precisó que el año pasado hubo 80 detenciones por asaltos. De ellos, 72 eran nativos de Curazao.
“Algo contrario a la percepción de que los indocumentados procedentes de Venezuela cometen atracos a gran escala”, afirmó el funcionario.
Hato estuvo acompañado por el jefe del Cuerpo de Policía de Curazao, Raymond Ellis, quien aportó los detalles sobre las estadísticas de criminalidad de la isla. Precisó que los extranjeros aprehendidos por robo procedían de República Dominicana (3), China, Haití, Colombia, Países Bajos y Jamaica (1 cada uno).
En 2022 hubo además 158 denuncias por robos o hurtos de vehículos. Durante las averiguaciones correspondientes, fueron privadas de libertad 48 personas: 42 de Curazao y el resto de Bonaire, Haití, Jamaica, Países Bajos, Portugal y Puerto Rico.
Según Amnistía Internacional, en esa isla caribeña hay 17 mil inmigrantes de origen venezolano. La entrada irregular de personas procedentes del país suramericano se ha incrementado como consecuencia de la emergencia humanitaria. En 2016, la gobernadora curazoleña, Lucille George-Wout, afirmó que los venezolanos habían llevado “delincuencia y prostitución”.
En 2022 fueron reportados en Curazao solamente ocho homicidios. En 2017 fueron 27.
En cuanto a las víctimas de delitos contra la propiedad, solo 18% estaba en calidad de turista.
Los robos o atracos, indican las estadísticas, son perpetrados mayoritariamente en las vías públicas, en horas nocturnas o de las madrugadas.
Las autoridades curazoleñas admitieron incrementos en los casos de violencia doméstica y de lesionados por accidentes de tránsito.
