El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, renovó por un año más la declaración de emergencia nacional respecto a Rusia, aplicada en abril de 2021 por las “actividades extranjeras perjudiciales” de Moscú.
A 90 días que expire, la administración Biden le solicitó al Congreso la extensión de esta medida, que se revisa cada año, dado el peligro que supone para Estados Unidos la situación en el país.
En concreto, detalla como peligrosos los “intentos de socavar las elecciones libres, justas y demócratas, así como las instituciones democráticas estadounidenses y de sus aliados; facilitar y participar en actividades maliciosas en materia de ciberseguridad; promover y utilizar corrupción transnacional para influenciar a gobiernos extranjeros, llevar a cabo acciones extraterritoriales que atacan a disidentes o periodistas, socavar la seguridad de países y regiones importantes para la seguridad estadounidense, y violar la ley internacional, incluyendo no respetar la integridad territorial de los estados”.
“He determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 14024 con respecto a las actividades extranjeras dañinas específicas del Gobierno Rusia”, expresó Biden en una carta dirigida al presidente de la Cámara de Representantes estadounidense.
El pasado 01 de febrero Estados Unidos sancionó a veintidós individuos y organizaciones por ayudar a la industria de defensa de Rusia a evadir las sanciones de Washington, en medio de la guerra en Ucrania.
El Departamento del Tesoro explicó en un comunicado que los sancionados han apoyado a Rusia en el terreno militar para esquivar las sanciones impuestas contra sus autoridades
“Sancionar a los aliados (de Rusia) es uno de los muchos pasos que el Tesoro y nuestra coalición de socios han adoptado, y seguirán adoptando, para reforzar la aplicación de las sanciones contra el sector de defensa de Rusia, sus benefactores y quienes lo apoyan”, dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, en la nota.
Entre los designados por Washington está el traficante de armas Igor Zimenkov, con base en Chipre, y su hijo Jonatan por supuestamente haber facilitado la venta de armas rusas a Gobiernos de otros países.
De acuerdo con el gobierno estadounidense, ambos han tratado directamente con compañías de defensa rusa sancionadas por el Tesoro y han estado involucrados en ventas de helicópteros y material de ciberseguridad fuera de Rusia.
El resto de los sancionados forman parte de lo que el Tesoro llama “red Zimenkov”, a la que acusa de estar implicada en proyectos relacionados con las fuerzas armadas rusas, como el suministro de artefactos tecnológicos a una empresa de Rusia después de que Moscú iniciara la invasión de Ucrania en febrero de 2022.
El comerciante de armas ruso Igor Zimenkov, su hijo y compañías relacionadas con “la red Zimenkov” en Singapur, Chipre, Bulgaria e Israel, entre otros países, fueron identificadas por la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para ser objeto de penas financieras.
El secretario de Estado, Antony Blinken, afirmó que cada vez es más difícil para el “complejo industrial militar de Rusia reabastecer la maquinaria de guerra del Kremlin, lo que le obliga a recurrir a proveedores perversos, como Irán y Corea del Norte”.
