Redaccion El Tequeno La petrolera estatal venezolana ha firmado al menos nueve nuevos acuerdos con proveedores de servicios extranjeros, incluyendo dos empresas chinas, en un esfuerzo por mantener el flujo de dólares a la economía después de que las sanciones estadounidenses obligaran a Chevron Corp. a suspender la producción, según personas familiarizadas con los acuerdos.
Por Bloomberg
Los contratos exigen que las compañías operen pozos ya perforados y otorguen el derecho exclusivo de venta de la producción, lo que supone un cambio con respecto a la práctica tradicional en el país, donde la estatal Petróleos de Venezuela S.A. siempre ha mantenido derechos comerciales exclusivos, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas al tratarse de contratos privados. Al menos una de las compañías ha decidido no seguir adelante porque no pudo obtener una licencia estadounidense para operar allí, según una de las personas.
Los acuerdos ilustran la estrategia del presidente Nicolás Maduro para apuntalar la economía y llenar el vacío dejado por Chevron y otras grandes petroleras occidentales después de que el gobierno del presidente Donald Trump se negara a extender las licencias que les permitían operar en el país a pesar de las sanciones. Chevron representó casi una cuarta parte de la producción de petróleo de Venezuela, la industria más importante del país y la mayor fuente de divisas.
La licencia de Chevron para producir y exportar crudo a EE. UU. venció a principios de abril y la compañía tenía hasta el 27 de mayo para finalizar las obras. Los permisos de los proveedores de servicios estadounidenses Halliburton Co., Schlumberger NV, Baker Hughes Co. y Weatherford International Plc expiraron a principios de mayo.
“PDVSA tiene un plan para seguir produciendo petróleo a pesar de las medidas coercitivas unilaterales de EE. UU.”, declaró la vicepresidenta y ministra del Petróleo, Delcy Rodríguez, el 29 de mayo. PDVSA y el Ministerio del Petróleo de Venezuela no respondieron a una solicitud de comentarios.
Los nuevos acuerdos exigen que cada una de las compañías extranjeras obtenga el control de al menos un bloque de terreno en el estado Zulia o en la Faja del Orinoco, las dos regiones petroleras más ricas, según las fuentes. PDVSA tendrá una participación de al menos el 50 % en el crudo producido (el porcentaje exacto varía según el bloque) y la compañía asociada se encargará de todas las operaciones y de su parte de las ventas de petróleo. Las compañías extranjeras estarán exentas de algunos impuestos. PDVSA pagará su parte de las inversiones con crudo.
Las empresas incluyen a Aldyl Argentina SA y las firmas chinas Anhui Guangda Mining Investing Co. y China Concord Resources, según un documento interno de PDVSA al que tuvo acceso Bloomberg. Una empresa estadounidense, North American Blue Energy Partners, una unidad del Grupo de Gestión Petrolera Global del magnate energético Harry Sargeant III, firmó un acuerdo, pero posteriormente ha indicado que no seguirá adelante porque no pudo obtener una licencia para operar en Venezuela, según una fuente.
Representantes de Aldyl, Anhui, China Concord y North American Blue Partners no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Venezuela promocionó los contratos como oportunidades para que las empresas de servicios con tolerancia al riesgo llenaran el vacío dejado por las grandes petroleras que se han visto obligadas a salir, señalaron algunas fuentes. Generalmente, las empresas pueden intentar eludir las sanciones estadounidenses mediante el uso de cuentas de criptomonedas y otras formas de pago que escapan al control de los reguladores estadounidenses.
“La única manera en que Venezuela puede mantener y aumentar su producción es apoyándose en empresas privadas, tanto locales como internacionales, que no se preocupan por las sanciones estadounidenses”, declaró en una entrevista el diputado William Rodríguez, miembro de la comisión de energía de la Asamblea Nacional. “A diferencia de 2019, cuando las sanciones comenzaron a aplicarse, existe un marco para operar al margen del sistema bancario estadounidense y un mercado estructurado con países aliados, como China, Irán y Rusia”.
A diferencia de los contratos de empresas conjuntas anteriores, los nuevos acuerdos no requieren la aprobación de la Asamblea Nacional, ya que se firman bajo la ley antibloqueo de Maduro, que, según sus críticos, es inconstitucional y elude la ley de hidrocarburos que limita la participación extranjera en la industria petrolera venezolana.
Venezuela produce alrededor de un millón de barriles de petróleo al día, y la producción podría reducirse a la mitad una vez que las políticas de Trump entren en vigor, según Oxford Economics.
Sin embargo, otros pronósticos son menos pesimistas. Francisco Monaldi, director de política energética latinoamericana del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice en Houston, afirmó que la producción podría caer tan solo un 11% para finales de este año.
Si bien Chevron ya no podrá producir petróleo en Venezuela, cuenta con una exención para realizar mantenimiento de equipos en el país sudamericano.
PDVSA prevé que los nueve bloques que se operarán bajo estos nuevos contratos a 20 años producirán un total de 600.000 barriles diarios, con una inversión de capital de 20.000 millones de dólares, según el documento al que tuvo acceso Bloomberg. PDVSA planea firmar más contratos de este tipo en los próximos meses, revirtiendo en parte la ola de nacionalizaciones petroleras impulsada por el difunto presidente Hugo Chávez a mediados de la década de 2000.
“PDVSA ya ha intentado esto con poco éxito, aunque estos nuevos términos son mucho más atractivos que los anteriores”, afirmó Monaldi. La clave, dijo, es que PDVSA debe ofrecer suministros consistentes de petróleo crudo a “esas empresas dispuestas a arriesgarse a las consecuencias de comerciar en el mercado negro”.
