En las sombrías paredes del Centro Penitenciario Yare II, en el estado Miranda, ocurre una crisis humanitaria que demanda atención urgente de la comunidad internacional.
Cuatro presos políticos fueron víctimas de una brutal golpiza ordenada por un custodio conocido como “El Federal”, quien aparentemente se enfureció tras una discusión porque uno de los presos se negó a seguir siendo extorsionado.
Los familiares de las víctimas relataron que al menos 20 presos sociales golpearon con palos y tubos a cuatro de los seis presos políticos que permanecen en Yare II, quienes ahora se niegan a salir de su pequeña celda por temor a ser agredidos nuevamente. Todo esto ante la incompetencia del director de este centro penitenciario, Robert Cabeza, quien niega conocer los detalles de esta dantesca situación.
Ahora bien, los informes alarmantes provenientes de Yare II describen un episodio de violencia extrema contra los presos políticos que luchan por sobrevivir en un sistema penitenciario colapsado.
Esta brutal golpiza, más allá de ser una afrenta a la dignidad humana, representa una amenaza directa a la integridad física y mental de estos individuos, quienes ya se encuentran privados de libertad.
En ese sentido, es imperativo que la comunidad internacional no permanezca indiferente ante este atroz acto de violencia. Esta agresión no solo representa una violación de la integridad física de los presos políticos, sino también un ataque directo a sus derechos humanos.
Recordemos que la Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de todas las personas, independientemente de sus creencias políticas.
Una de las víctimas es autista
Uno de los presos políticos golpeados brutalmente en Yare II tiene diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA,) lo cual no solo constituye una violación flagrante de sus derechos humanos, sino que también arroja luces sobre las consecuencias de un sistema penitenciario sin diferención de género y mucho menos de condición mental.
Las condiciones a las que sobrevive este joven detenido desde abril de 2022, a quien además le niegan el acceso a tratamiento psiquiátrico, no solo es un atentado contra su libertad, sino también contra su bienestar emocional y físico.
Para un individuo con autismo, la rutina y la estabilidad son fundamentales. La violencia, especialmente en un entorno carcelario, puede desencadenar consecuencias emocionales profundas.
La ansiedad, el estrés postraumático y otros trastornos pueden manifestarse de manera exacerbada en personas con autismo, aumentando significativamente el impacto de la golpiza.
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) solicitamos:
- Una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la golpiza a los cuatro presos políticos, por parte de los organismos del Estado (Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, Defensor Especial en materia penitenciaria de la Defensoría del Pueblo y jueces de ejecución del poder judicial).
- Investigar las acciones del funcionario Geomar Cabrera, alias “El Federal”, quien manipula al resto de la población penal para que arremetan contra los presos políticos, lo que puede ocasionar daños irreparables a la vida; y al director del establecimiento por hacerse la vista gorda ante estas aberraciones.
Asimismo, OVP está informando sobre esta situación a los organismo del sistema interamericano y universal de los derechos humanos, a la Organización Mundial contra la Tortura, Amnistía Internacional y Human Right Watch.
OVP sigue cumpliendo con su misión de velar por los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Por ende, seguimos monitoreando la situación para combatir la opacidad y la impunidad que son el pan de cada día en las cárceles del país, y que solo perpetúan un ciclo de abusos en el sistema penitenciario.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
