Los recientes casos de abuso sexual a menores en Venezuela han llevado a algunas organizaciones y partidos políticos a plantear la castración química como una medida de castigo para los aberrados.
Prensa de Lara | Guiomar López
Como delitos atroces, así lo califica Tania D’Amelio, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien confirma que la Sala Constitucional no considera beneficios procesales y ni siquiera fórmulas alternativas de pena para casos de violencia de género y abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Consideran el agravante del acto carnal con víctimas vulnerables, prostitución forzada y explotación sexual a menores de edad.
En este contexto, la propuesta de la castración química que vienen trabajando desde hace seis meses en el Movimiento Ecologista de Venezuela cobra más fuerza para una posible reforma de ley. Sin la pretensión de obviar la respectiva condena. Según Alejandro Aguilera, secretario nacional de este partido y diputado de la Asamblea Nacional (AN), se trata de un debate en el marco jurídico y sin violar los tratados internacionales. Es una alternativa con soporte en la asistencia psicológica y la capacidad de respuesta del Estado para invertir los recursos.
Aclara que es concebida a partir del tratamiento con acetato de medroxiprogesterona, que es una especie de progesterona sintética que disminuye la libido, más allá de aquella quirúrgica que sacrifica el miembro y de igual forma persiste el riesgo de que no cese esa conducta aberrada en el deseo sexual. Una práctica que se aplica desde el año 1996 en Estados Unidos y luego se extendió por Rusia, Indonesia, Corea del Sur y otros países.
Resalta la necesidad de adaptar las legislaciones, que en casos de varios delitos pueden llevar de 15 a 20 años de prisión, además de la máxima condena de 30 años. «Todo desde una profunda reforma al Código Penal más funcional y agilizando el proceso probatorio», sugiere.
Henderson Maldonado, abogado y miembro del Movimiento Vinotinto, explica que estos delitos se consideran atroces, de lesa humanidad y que atentan contra la vida. Los que cumplen pena por estos crímenes no tienen beneficio. Ese acto carnal contra una víctima vulnerable no opta a alguna alternativa al cumplir las tres cuartas partes de la pena. Suman delitos principalmente de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) y código penal, dependiendo de la gravedad del caso.
Lamenta que luego de la pandemia se han tenido repuntes de agresiones contra los menores, como un hecho multifactorial que arranca desde la familia disfuncional, con el peso de quedar desmembrada por la migración y dejando a hijos bajo la responsabilidad de cuidadores.
En este escenario, desde hace cuatro meses el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Iribarren (Cpnnai) realiza una campaña para sensibilizar e insistir en que se denuncie. Su coordinadora, Ana Rosa Sánchez, confirma que hasta septiembre han impartido más de 470 talleres en parroquias. Piden estar alertas frente a la pedofilia, acoso escolar y las consecuencias de la violencia intrafamiliar.
De allí, que en lo que va de 2022 han abierto más de 1.035 casos y superado 695 medidas de protección ejecutadas. Siempre recordando la necesidad de mantener la extrema vigilancia de los cuidadores.
Más confianza
Una campaña permanente de prevención y que el sistema de justicia procese de manera efectiva son las premisas que para Marisol Bustamante, defensora de los derechos humanos, son impostergables. Hay que impedir que la impunidad pueda teñir de desconfianza las denuncias. «El MP habla de más de 718 casos de abuso sexual, pero se puede triplicar el número por aquellos sin denunciar», dice.
También señala que sólo cinco de cada 10 denuncias terminan siendo procesadas. El retardo es una constante y en esos lapsos de tiempo se permite hasta la huida de victimarios. En los casos de zonas rurales, ni siquiera se cuenta con el seguimiento. «Las autoridades deben modificar las leyes y acelerar los procesos desde un plan de protección», sugiere ante la vulnerabilidad de niños, cuyos sueños son apagados desde la violencia intrafamiliar sin medir daños que pueden hasta llegar al crimen.
Considera Marisol Bustamante como más grave, que 90% de los sucesos de maltrato infantil o abuso sexual en menores proviene de familiares tan cercanos como padres, padrastros, abuelos, hermanos o tíos.
Para José Ramón Quero, de la asociación Convite en Barquisimeto, los niños y adolescentes son tan vulnerables porque no saben cómo defenderse y en la mayoría dependen de quien formule la denuncia. «Puede pasar que la violencia está normalizada en el hogar y hasta la madre viene de ser víctima del mismo delito con temor de denunciar este tipo de maltrato a un hijo», señala que no hay que cuestionar sin profundizar.
Siempre se debe estar vigilante del entorno familiar más cercano.
Instan a generar en casa más conciencia de humanidad
La infancia clama por ser tratada con amor, protección y orientación. Pero sin consumirse en un contexto social, que deja a la violencia como un factor común en el hogar y se materializa en el abuso de los más vulnerables. Para la defensora Marisol Bustamante, es urgente el rescate de una conciencia humanizada, sin resignarse a vivir en un país de maltratos.
Se refiere a las agresiones pasivas que afectan a la colectividad, pasando desapercibidas pero violentando la calma o seguridad que debería garantizar el hogar, como un templo de la familia. «Fallan las políticas de prevención y eso atenta contra la población, más aún entre las limitaciones de la pobreza». Le causa dolor los trastorno emocionales que terminan marcando el desarrollo emocional del niño, sin la garantía de protección bajo su propio techo.
José Ramón Quero, de Convite, recalca que los padres o representantes de los menores deben entender que cualquiera no puede ser un cuidador. Comprende las necesidades de salir a trabajar para cubrir el sustento y demás necesidades básicas, pero no se detienen en pensar en la integridad de los menores, independientemente de la supuesta confianza que se deposita en un adulto.
Recuerda que todo cuidador debe estar preparado, más allá de la voluntad y disposición de tiempo. Lo más importante es velar por la seguridad del hijo y entender sus inquietudes. Un niño menor de cinco años deja claro su rechazo en sus reacciones y esos cambios deben ser considerados por sus padres.
Ambos, Bustamante y Quero, coinciden en la necesidad de una sociedad provista de valores y sensibilidad, hacia el respeto a niños y adolescentes, así como el acompañamiento a su estabilidad emocional. Un hijo puede expresar, incluso desde el miedo un caso de abuso, solo es cuestión de fijarse en ellos.
Salud mental y vida en juego
Abusar de un niño es atentar contra sus sueños y salud mental. Así lo recalca el psicólogo Jorge Jaime e insiste en que en los menores se deben reconocer las alertas del maltrato y evitar caer en abuso por amenazas o manipulación.
Desde los tres años se debe empezar a enseñar al niño y siempre interesarse en como se siente. Advierte que si la violencia es normal en la familia, pues se callara el sufrimiento y llegará a sentir depresión, ansiedad, trastornos de sueño, autoflagelación, consumo de bebidas y hasta el suicidio.
Explica lo relativo de cada caso, pero un adolescente ultrajado puede sufrir trastornos en su sexualidad, porque los familiares sólo se quedan en la denuncia y sin el apoyo para su recuperación emocional con profesionales.
