El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (CICPC) citó a Óscar Murillo, coordinador general de Provea, para que declare en medio de las investigaciones que adelante la delegación de San Cristóbal sobre la supuesta comisión de delito contemplado en la Ley contra el Odio.
La ONG advirtió que la boleta no aclara el origen ni el fundamento de la investigación, ni mucho menos «la cualidad procesal bajo la cual deberá comparecer el también profesor universitario».
«Esta situación se produce en medio de una vertiginosa escalada de abusos registrada con posterioridad a los comicios del pasado 28 de julio y de nuevos actos de hostigamiento y amenazas encabezadas por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Sr. Diosdado Cabello, contra personas y organizaciones que solicitaron una investigación imparcial sobre las circunstancias que rodearon la muerte del Sr. Edwin Santos en el estado Apure».
Entre el 2020 y el 2024, la CIDH determinó que los integrantes de Provea se encuentran en una situación de riesgo en el marco de sus labores como defensores de derechos humanos en el contexto actual por el que atraviesa Venezuela, “considerando la visibilidad de la institución y sus coordinadores, los frecuentes señalamientos estigmatizantes realizados por altas autoridades estatales en medios de comunicación, la vigilancia y seguimientos por parte de agentes estatales”.
