Redaccion El Tequeno El Comité de Mujeres Políticas solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la nulidad total de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, al considerar que varias de sus disposiciones vulneran derechos constitucionales, entre ellos la libertad de expresión.
La acción también contempla la solicitud de medidas para las personas que permanecen privadas de libertad o han sido condenadas por delitos establecidos en ese instrumento legal.
Iris de Franca, política y coordinadora nacional del Movimiento de Mujeres Políticas de Venezuela, explicó que la iniciativa forma parte de las propuestas impulsadas por el sector en el marco del proceso de pacificación y reconstrucción institucional del país.
«Consideramos que la Ley del Odio ha sido una ley que, más allá de contribuir a la paz, lo que ha hecho es contribuir a la persecución no solo de activistas por los derechos humanos, no solo de políticos, dirigentes políticos, sino también de medios de comunicación y periodistas que han sido severamente perseguidos en la aplicación de esta ley», afirmó.
De Franca sostuvo que la legislación «no contribuyó nada a la tolerancia y a la paz» y afirmó que, a su juicio, terminó contribuyendo «al odio, a la división, a la persecución del Estado, a la disidencia».
La dirigente señaló que, después de un año de trabajo en iniciativas relacionadas con la pacificación del país, las mujeres que promueven la acción decidieron acudir al máximo tribunal para solicitar la nulidad total de la legislación por razones de inconstitucionalidad.
Asimismo, expresó su expectativa de que el recurso sea entendido como una iniciativa orientada a promover la paz, la tolerancia y el reencuentro nacional.
De Franca indicó que, dentro del proceso de reinstitucionalización, consideran la eliminación de esta legislación como una de las medidas que deberían abordarse con carácter urgente. Añadió que posteriormente deberá abrirse una discusión sobre las normas que podrían sustituirla y que estén dirigidas a promover la convivencia democrática.
La coordinadora del movimiento invitó a ciudadanos, movimientos sociales, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil a sumarse a la acción de nulidad durante los próximos días.
También anunció que solicitarán reuniones con la mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional electa en 2015 y representantes del chavismo, así como con el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, con el propósito de presentar el recurso y exponer sus propuestas de cambios legislativos.
Solicitan revisar privaciones de libertad
La abogada Gloria Pinho, quien consignó la demanda junto con el comité, explicó que se trata de una demanda constitucional de nulidad por inconstitucionalidad contra la Ley Constitucional contra el Odio.
Según Pinho, la acción busca que la Sala Constitucional del TSJ revise las disposiciones de la legislación que, de acuerdo con los argumentos planteados en el recurso, transgreden el derecho de los ciudadanos a la libre expresión.
La jurista precisó que, además de la demanda principal, fueron solicitadas medidas cautelares innominadas.
Entre ellas se encuentra el cese inmediato de las privaciones de libertad de personas actualmente detenidas por delitos tipificados en la Ley contra el Odio.
También solicitaron una medida similar para quienes ya fueron condenados por delitos previstos en esa legislación, con el objetivo de que la Sala Constitucional evalúe y, según lo solicitado por los demandantes, decrete esas medidas de manera inmediata.
La iniciativa coloca nuevamente en el debate público el alcance de la Ley contra el Odio y su aplicación durante los últimos años, particularmente en casos relacionados con libertad de expresión, actividad política, medios de comunicación y derechos humanos.
Vía AlbertoNews
