Con el residuo de un explosivo y 17 mil 800 dólares (USD 17.800), que iba a ser dividido entre 4 personas, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se creó la historia de un atentado contra Nicolás Maduro, por el que están presos un mesonero y una azafata del Palacio de Miraflores, así como un capitán que prestaba servicio en un batallón del Ejército en la frontera.
Por Sebastiana Barráez | Infobae
El Tribunal los juzgó por delitos de Terrorismo, Tráfico Ilícito de Explosivos y Asociación. Lo grave es que el “residuo de explosivo” que lo usan en las minas de oro, fue catalogado como “explosivo” y el fiscal argumentó que querían crear conmoción en Caracas asesinando a Nicolás Maduro.
Después que el capitán (Ej) Alfredo Saba Peña Díaz reconoció en el Tribunal al teniente Leandro Castillo, como uno de los funcionarios de Dgcim que lo torturó, y así se lo hizo saber al Tribunal, no se presentaron otros funcionarios a declarar y de manera insólita la juez Grendy Alejandra Duque Carvajal (37 años) permitió que supuestos testigos declararan a través de llamadas telefónicas defectuosas, a quienes solo se oía una voz que no se sabía si era o no la persona que se identificaba como tal.
Así ocurrió cuando la juez pidió llamar al testigo que supuestamente era Gregorio Espinoza, agente de la Dgcim, a quien nadie le vio el rostro, solo se escuchó una voz, a través de una llamada telefónica y cuya corneta de sonido estaba defectuosa. Hay coincidencia entre quienes estuvieron en el Tribunal que el supuesto Espinoza no respondía con seguridad, pero lo único que sí dejó claro es que la detención fue ilegal porque no hubo testigos, porque los testigos fueron los mismos funcionarios de Dgcim.
Había otro testigo que también iba a presentarse por llamada telefónica, pero que supuestamente se encontraba fuera del país y que finalmente ni por nombre ni por llamada se supo quién era.
En todo el proceso hubo tortura física y psicológica, también violaciones al debido proceso, denegación de justicia. Si bien es cierto que el capitán Peña Díaz estaba adscrito a una unidad militar en Táchira, también lo es que en ninguno de los sitios en los que prestó servicio se perdió, extravió o robaron explosivo alguno. El material en discusión fue un residuo de explosivo y aun así el Tribunal mantuvo que era un explosivo. Y así lo condenaron a 16 años y nueve meses de prisión.
De la mina a Miraflores
La Fiscalía acusa a los tres detenidos por Tráfico Ilícito de Explosivo cuando en realidad como dijo uno de los abogados, quedó constancia de “una sustancia de explosivo que era material residual”, es decir un desecho; la experticia declaró que era un “explosivo secundario”, lo que significa que no tiene capacidad para calificarse de explosivo.
El otro delito, el de Terrorismo, resulta más ridículo aún, porque no existe el grupo de personas, ni el objetivo al cual apuntaban, mucho menos la utilización de la violencia ni el lugar. La explicación es simple, el objetivo no era Nicolás Maduro, mucho menos el Palacio de Miraflores y a nadie se le ocurriría utilizar un explosivo usado para cometer tal acto.
Y en el caso de la Asociación para Delinquir al final solo dejaron detenidos al cocinero y a la azafata del Palacio de Miraflores, así como a la ex pareja de ella el capitán Díaz Peña, adscrito a una unidad militar en Táchira. Si Dani José Castillo García y Jennifer Carolina Osuna Márquez, como mesonero y azafata de Nicolás Maduro tuvieran intenciones de atentar contra el mandatario, ¿para qué irse a buscar un residuo de explosivo, cuando tenían acceso directo a él en el Palacio de Miraflores?
La pregunta es ¿entonces para qué el cocinero, la azafata y el capitán usarían ese residuo de explosivo? Está muy claro desde el principio que el residuo de ese tipo de explosivo usado sí sirve en la minería. Dos personas que no aparecen en el expediente de los tres condenados, y que eran quienes iban a comprar ese explosivo residual, se dedican a la explotación del oro en las minas del estado Bolívar. Esa es la explicación de por qué esos dos individuos ofrecían comprar el producto y se lo comentan al mesonero, que a su vez se lo comenta a la azafata por tener relación con militares y ella le propone a su expareja vender el residuo del explosivo.
Lea la nota completa en Infobae
