La Asamblea Nacional aprobó este miércoles reformas legales que regulan a la Policía y que, a criterio de una experta en seguridad, “cambian a la naturaleza de la institución” la cual deja de ser legalmente una institución “profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante” para convertirse en un cuerpo armado subordinado al presidente de la República.
El parlamento nicaragüense es un órgano controlado totalmente por Daniel Ortega. Setenta de los 91 diputados que la componen son miembros del partido de gobierno, Frente Sandinista, y los restantes pertenecen a micropartidos aliados de Ortega. Las reformas fueron aprobadas, sin oposición, por los 91 diputados.
Las reformas, aprobadas por los diputados en trámite de urgencia, cambian el artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua y la Ley de organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional, conocida también como Ley 872.
Para la doctora Elvira Cuadra, socióloga, experta en Seguridad, las dos reformas buscan “lainstitucionalización del Estado policial” que, dice, tiene dos vertientes. “La primera, es un cambio en el marco jurídico del país en función de legalizar una serie de medidas de política, de seguridad, de naturaleza represiva y de vigilancia, sobre toda la sociedad nicaragüense; y la segunda vertiente tiene que ver con una modificación o reconfiguración de las instituciones estatales para que respondan a este marco jurídico-legal”.
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En 2018, la Policía nicaragüense se apoyó en paramilitares para reprimir las protestas.
Cuadra recuerda que la ley y la Constitución señalaban que la Policía de Nicaragua “es un cuerpo armado de naturaleza civil”, y con las reformas queda solamente como “un cuerpo armado”.
“Otros elementos que se modifican en la Constitución y en la ley tienen que ver con el papel profesional, apolítico, apartidista, obediente y no deliberante que está señalado en la Constitución y en la ley, y que ahora aparecen completamente desplazados. Eso vuelve a la Policía proclive a las disposiciones que emanan directamente de la Presidencia, sin ningún tipo de principio ni doctrina que pueda frenar las disposiciones centralizadas desde el Ejecutivo”, añade.
El diputado sandinista, Edwin Castro, dijo que “se va a oír una alharaca de que se le quitó la naturaleza civil a la Policía, de que se le quitó que es apartidista o apolítica, como si esas cosas son las que determinan el actuar”.
“Es un distractor el estar discutiendo que, si es apartidista o apolítica, cuando la Policía debe tener la fuerza suficiente para proteger los bienes sociales, para proteger la vida de los nicaragüenses y los bienes del Estado, y por consiguiente los bienes particulares de los nicaragüenses. El mejor ejemplo que pudimos tener fue en el desgraciado intento fallido de golpe de Estado”, añadió, en declaraciones a medios oficialistas.
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Las reformas legales eliminan el carácter «apolítico y apartidario» que la ley establecía para la Policía Nacional.
La exguerrillera Dora María Téllez, quien fue diputada y presa política del régimen de Ortega, dice que cuando la dictadura elimina la naturaleza civil de la Policía la pone a la par del Ejército, que por Constitución era el único cuerpo armado.
Señala también que esta reforma constitucional “se pretende hacer valer sin segundo debate, violando la Constitución que establece dos debates para cualquier reforma”.
Elvira Cuadra destaca que las reformas legales “danpreeminencia a la subordinación directa a la figura de la Presidencia y se hace a un lado el modelo preventivo, proactivo y comunitario que resaltaba la participación de las personas”.
Otra novedad de las reformas, es que la ley ahora incorpora castigos de cárcel para los policías que desobedezcan órdenes o deserten de la institución. “La explicación que le podemos encontrar a estas adiciones es que, frente a las deserciones, a las fugas y al descontento que hay a lo interno de la institución, están tratando de introducir medidas disciplinarias para presionar a los mismos efectivos y que el aparato policial no se vea reducido en su número o en sus capacidades”, dice Cuadra.
La actual Policía Nacional de Nicaragua nació en septiembre de 1979 con el nombre de Policía Sandinista, tras el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza y la toma del poder del Frente Sandinista.
En 1990, tras la derrota electoral de Daniel Ortega y el ascenso de Violeta Barrios de Chamorro, la institución pasó a llamarse Policía Nacional y a establecerse constitucionalmente como “profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante”.
El retorno al poder de Daniel Ortega, en enero de 2007, significó un guiño para la Policía que poco a poco, contra ley expresa, fue convirtiéndose en una institución política y subordinada a Ortega. Se volvieron comunes los símbolos partidarios en las estaciones y unidades policiales, y la participación de efectivos y jefes en eventos de naturaleza política.
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Daniel Ortega nombró a su consuegro Francisco Díaz (a la izquierda) jefe de la Policía Nacional.
Para 2018, cuando se produjo la rebelión ciudadana que exigía la salida de Daniel Ortega del poder, la Policía reprimió violentamente a los inconformes, apoyada por un ejército de paramilitares de filiación sandinista, que luego, Ortega presentó como “policías voluntarios”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció en 355 las personas asesinadas en el contexto de las protestas de 2018.
El actual jefe de la Policía, primer comisionado Francisco Díaz, es consuegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en tanto una hija de Díaz está casada con un hijo de la pareja en el poder.
