Redaccion El Tequeno No tienen derecho a llamarlos ni a visitarlos, no tienen pruebas de que están vivos, ni siquiera una lista de nombres. Los abogados y activistas que defienden a los 252 venezolanos deportados por Estados Unidos y encarcelados sin juicio en una gigantesca prisión de El Salvador chocan con un muro legal.
Emprendieron esta batalla de David frente a Goliat apenas vieron en marzo las imágenes de esos hombres rapados y encadenados, de rodillas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad construida por el presidente Nayib Bukele para pandilleros.
El presidente estadounidense Donald Trump y su aliado Bukele, que gobierna El Salvador con poder casi absoluto, mantienen en reserva toda información de estos venezolanos a quienes acusan de integrar la banda criminal Tren de Aragua sin mostrar pruebas. Incluida su identidad.
A 10 km de San Salvador, en Santa Tecla, en un antiguo colegio que alberga a la ONG Cristosal, el abogado René Valiente cuenta que ha golpeado las puertas de la dirección de centros penales, presidencia, ministerios y cortes de justicia.
“Hemos pedido información y ha sido denegada en repetidas ocasiones. De unos 70 habeas corpus presentados, ninguno se ha resuelto”, dice Valiente, jefe de investigaciones de este grupo de derechos humanos que asiste psicológica y legalmente a familias de los deportados a distancia.
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