La Defensoría del Pueblo de Argentina pidió al gobierno de Javier Milei buscar una solución para permitir que los migrantes venezolanos que han ingresado legalmente al país puedan tramitar la residencia argentina con documentos venezolanos vencidos.
«Recomendar al titular de la Dirección Nacional de Migraciones que articule los medios necesarios, dando intervención a los actores que correspondan, a fin de encontrar una solución para los ciudadanos mayores de edad de la República Bolivariana de Venezuela que hayan ingresado legalmente a nuestro país y en la actualidad no cuenten con documentación válida y vigente que acredite su identidad jurídica, que les permita gestionar y obtener la solicitud de residencia en nuestro país», señala la Resolución N° 00008/24.
El organismo abrió una investigación de oficio sobre las dificultades que enfrentan los migrantes venezolanos para tramitar en territorio argentino los documentos venezolanos que acreditan su identidad, debido a los obstáculos que impone el régimen de Nicolás Maduro, y constató que la Embajadada de Venezuela en Argentina desde hace tres años no emite certificado de nacionalidad, tampoco tramitan la cédula de identidad y que la tramitación del pasaporte venezolano tiene un costo de más de 300 dólares, lo que es imposible de pagar para los migrantes en situación de vulnerabilidad económica.
«La imposibilidad que tienen los ciudadanos venezolanos de poder acceder a tramitar desde nuestro país, de manera eficiente y a un costo accesible, documentaciónvigente que acredite su identidad, dificulta el otorgamiento de la residencia solicitada pudiendo acarrear lapermanencia irregular de dichos ciudadanos en nuestro territorio», advirtió la Defensoría del Pueblo.
«Los venezolanos huimos de una dictadura que viola todos nuestros derechos, incluido el derecho a la identidad al imponer obstáculos y costos altísimos para poder tramitar los documentos venezolanos. Por eso es necesario que los países de acogida puedan crear mecanismos alternos que permitan la regularización migratoria», afirmó la activista de la diáspora venezolana Elisa Trotta Gamus.
«Esperamos que el gobierno del presidente Milei y la Dirección Nacional de Migraciones atiendan la recomendación de la Defensoría del Pueblo y se pueda avanzar con la regularización de tantos venezolanos de bien que, huyendo de un sistema criminal que viola los derechos humanos, han llegado a este país con la mejor disposición de ofrecer sus talentos y trabajo», pidió Trotta Gamus.
