Lunes 6 de marzo de 2023. Esa fue la última vez que se vio en público al entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami. Ese día nadie podía imaginarse que el poderoso ministro caería en desgracia y su entorno sería encarcelado como parte de una purga desatada en el régimen de Nicolás Maduro, que intenta escenificar una operación anticorrupción, así lo reseñó MONITOREAMOS.
Desde hace un mes no se tiene rastro del ahora exministro. Ese día se reunió en su despacho con el director ejecutivo de la empresa rusa Rosneft, Igor Sechin. A través de sus redes sociales divulgó fotografías del encuentro, donde se mostraba sonriente y en el que acordaron “seguir complementando nuestras potencialidades en petróleo y gas” y definieron “una agenda de trabajo para elevar la producción de crudo, y avanzar en nuevas oportunidades de negocio”.
Pero tan solo 10 días después el régimen de Maduro anunció una operación de la hasta entonces desconocida Policía Nacional Anticorrupción. Fue así como uno a uno comenzaron a caer los más estrechos colaboradores de El Aissami.
El viernes 17 de marzo, se conoció del arresto de Joselit Ramirez Camacho, quien se desempeñaba como jefe de la Superintendencia de Criptoactivos, señalado por el supuesto robo de 3 mil millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano.
Le siguió el diputado del PSUV por el estado Trujillo, Hugbel Roa, quien fue detenido el domingo 19 de marzo, también investigado por hechos de corrupción en la industria petrolera.
Un día después, en la cuenta de Twitter de El Aissami se publicaron dos mensajes en los que se anunciaba su renuncia al cargo de ministro de Petróleo, que venía ejerciendo desde abril de 2020.
Esa misma noche Maduro encabezó un encuentro con la dirección nacional del PSUV para abordar los escándalos de corrupción en el chavismo. Y aunque El Aissami es parte de la directiva del partido, no estuvo presente en la reunión. Ese día Maduro declaró que El Aissami había “ratificado su condición de revolucionario” al dimitir a su cargo.
Al día siguiente, la Asamblea Nacional chavista aprobó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Hugbel Roa para que sea juzgado por considerar que había cometido delito en “flagrancia”.
