El desfalco mil millonario que la Policía Anticorrupción destapó en la industria petrolera representa, nada más y nada menos, un 80% del monto total que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) entregó al Estado venezolano en el año 2022.
“Todo indica que se ‘extraviaron’ tres mil millones dólares. Eso representa lo que estaba en juego en las conversaciones en México o prácticamente el 80% de lo que Pdvsa entregó al fisco como ingresos petroleros del año pasado, que fueron cuatro mil 700 millones”, reveló el diputado del Psuv por el Zulia, Tony Boza.
En un entrevista en Vladimir a la Carta, el también economista, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró que el “destape” de esta olla ha sido un golpe «bajo y ratero” al rentismo.
Dijo que la corrupción “no es nueva” en Venezuela y admitió que este “robo” no es culpa del bloqueo económico: “Que se hayan ‘perdido’ tres mil millones o la cantidad que sea, es asombrosamente preocupante y nada tiene que ver con el bloqueo”.
Boza llamó a la directiva de Pdvsa a poner sus cargos a disposición “y ojalá que los culpables sean castigados”.
“Todo está bajo investigación y amerita que se haga una buena purga. Hay gente que tiene un montón de cosas y no justifica de dónde salieron (…) Vamos a dejar que sean las instancias que cuenten la historia como pasó”, sostuvo.
Pero más allá de las respuestas de Boza, todo un país se pregunta ¿Cómo fue posible que este “robo” sucediera sin dejar rastro y dónde está la millonaria suma?
“La ubicación de ese dinero es parte de lo que la Fiscalía debe explicar”, dijo a Versión Final Sebastiana Barráez, periodista especializada en el área militar. De lo que sí está segura, afirmó, es del “esquema de corrupción que la revolución implementó en Pdvsa” desde la época de Rafael Ramírez, expresidente de la estatal petrolera.
“No dudamos que ahí existía una estructura para desfalcar a la industria que la administración de Tareck El Aissami continuó y perfeccionó”, precisó.
Desfalco con uso de criptomonedas
Por esta razón, opinó Barráez, no habrían sonado las alarmas cuando estos tres mil millones no entraron a las arcas de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) y, por ende, nunca quedaron registrados en las cuentas del Estado venezolano.
Además, refirió que esta trama delictiva ha tenido “soporte en la politización de la administración de justicia” y el desfalco, posiblemente, se habría hecho con apoyo de la banca en paraísos fiscales.
Barráez señaló que una investigación previa arrojó cómo la “mayoría” de personas de la cúpula de Ramírez tienen cuentas de millones de dólares en paraísos fiscales, “lo que se evidenció en los Papeles de Andorra y en la investigación de los Panamá Papers”.
La investigadora enfatizó que los fondos “desaparecidos” no regresarán a Venezuela, pues los implicados, que tienen la posibilidad de huir de la justicia, “se dan vida de gustos muy caros, montan empresas, compran inmuebles, aviones privados, yates…”
Diez personas han sido detenidas desde el fin de semana por esta trama de corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro estrechamente relacionados al exministro de Petróleo, Tareck El Aissami.
El arresto más sonado ha sido el de Joselit Ramírez, superintendente de la Sunacrip y mano derecha de El Aissami.
La poca información oficial que se maneja es que la detención de Ramírez estaría vinculada con el robo de este dinero, generado de la venta de petróleo, en operaciones con criptomonedas.
Un informe publicado en Bloomberg, desde hace algunos años Pdvsa recurrió al uso de la moneda digital, el Petro, para evadir las sanciones de Estados Unidos. Pero en Venezuela, pese a que existir un marco legal que norma el uso de las criptomonedas, se desconoce su aplicación por parte del Estado.
Opiniones en redes sociales exponen que no se tiene certeza del uso ni cómo se articulan los criptoactivos dentro de las finanzas públicas, y mucho menos en el seno de Pdvsa.
Mientras avanzan las investigaciones, se espera que más personas sean detenidas.
“En corrillos del alto gobierno se habla de 16 funcionarios de peso”, certificó Barráez.
