Redaccion El Tequeno Estados Unidos no se anda con rodeos y ha dejado claro que, en el marco de su política de seguridad y de lucha contra las drogas, su objetivo es perseguir, desmantelar y destruir al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según ha afirmado en un tuit el secretario de Estado, Marco Rubio. El mensaje ha recalcado que Washington quiere golpear por todos los frentes a la organización criminal y así lo han refrendado representantes del Departamento de Justicia, la DEA y el FBI, entre otras agencias federales, en una conferencia de prensa llevada a cabo este miércoles. La presión va desde frenar las conexiones políticas con funcionarios corruptos en México y arrestar a sus principales líderes, hasta mermar su economía, el principal músculo que ha permitido a esta transnacional del crimen operar de la forma en que lo ha venido realizando.
Más millones en recompensas
El monto de más de 100 millones de dólares que el Gobierno de EE UU ha ofrecido por los cabecillas del Cartel Jalisco Nueva Generación va de la mano con la estrategia de “desmantelamiento” que ha aplicado contra el crimen organizado en México desde el inicio del segundo mandato de Trump en enero de 2025. ”Estamos desmantelando al Cartel de Sinaloa. La misma presión la dirigimos al CJNG”, afirmó el director de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole.
Juan Carlos Valencia González, alias El 03 o El Pelón, se ha convertido en el nuevo hombre más buscado por EE UU. Coronado por Washington como el nuevo capo del CJNG en reemplazo, tras el abatimiento de su padrastro y exlíder de la organización, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, ahora ostenta una recompensa sobre su cabeza de 25 millones de dólares, 20 más que hace casi un mes. El podio del Departamento de Justicia lo comparte con los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Archivaldo Guzmán Salazar, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán que lideran la facción de Los Chapitos y que aún permanecen en libertad, por los que ofrecen hasta 10 millones de dólares por información sobre su paradero.
Por otros miembros de la nueva estructura del CJNG, tales como Gonzalo Mendoza Gaytán, alias El Sapo y yerno de Oseguera Cervantes, así como por Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias Chorro, ofrecen 15 millones de dólares. En la escala de recompensas con un monto fijado de 10 millones de dólares, los siguen Ricardo Ruiz Velasco, alias El Tripa; Julio César Montero Pinzón, alias El Tarjetas –y a quien se acusa por el atentado contra el entonces secretario de Seguridad de Ciudad de México, Omar García Harfuch, en 2020–, y Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma.
El fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, reafirmó: “Nos complace anunciar el aumento de las indemnizaciones monetarias que se ofrecen para conducir al arresto o condena de dos líderes del CJNG acusados por la división penal. […] No pueden escapar de nosotros. Los encontraremos y sepan que vamos por ustedes».
Las conexiones políticas
La ofensiva de Washington también apunta a funcionarios mexicanos corruptos que, considera, son una pieza clave para que el CJNG mantenga su capacidad de operación en México. Aunque la DEA aseguró que ya los tiene identificados, no reveló sus nombres este miércoles. Durante la conferencia, el director de la agencia, Terrance Cole, afirmó que el cartel “mantiene su poderosa influencia mediante la violencia y la corrupción en México. Esto incluye a miembros del Gobierno mexicano que protegen de la justicia a los líderes del CJNG y facilitan el narcotráfico, el lavado de dinero y la violencia”.
A su juicio, esos funcionarios comparten la responsabilidad por las miles de muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos. “Ningún título, cargo o conexión política los protegerá”, advirtió en un mensaje dirigido a los jefes prófugos del CJNG y a sus presuntos colaboradores.
Hasta ahora, ningún oficial electo o mando policial mexicano, en funciones o retirado, ha enfrentado cargos penales en Estados Unidos por presuntos vínculos específicos con el CJNG. El antecedente más relevante son las sanciones que el Departamento del Tesoro impuso en mayo de 2019 contra el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, y el entonces magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, a quienes señaló de recibir sobornos del cartel a cambio de brindar protección y obstaculizar investigaciones penales. Pero nunca los acusó penalmente. En el caso del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos a 38 años de cárcel, fue por sus nexos con el Cartel de Sinaloa.
Sandoval Castañeda fue condenado en México en 2025 a siete años de prisión por falsificación de documentos relacionados con la adquisición irregular de un inmueble en el municipio de San Blas. Avelar Gutiérrez, por su parte, fue absuelto hace dos años de un proceso por enriquecimiento ilícito.
Tras presentar cargos por narcotráfico en una corte de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios estatales acusados de recibir sobornos de la facción de Los Chapitos, el Gobierno de Donald Trump adelantó que buscaría procesar a otros funcionarios mexicanos. Este miércoles, por primera vez, la DEA dejó claro que esa estrategia también incluye a los servidores públicos que colaboran con el Cartel Jalisco. “Hay corrupción y vamos detrás de eso. Porque hemos visto a la corrupción como algo único. La corrupción como parte de las actividades del cartel es una actividad del cartel”, afirmó Cole. “Ellos son los facilitadores y vamos a perseguirlos hasta el final”.
El fraude de tiempos compartidos
Otra de las actividades ilícitas del CJNG que ha perseguido Estados Unidos es una red de fraude con tiempos compartidos que, entre 2019 y 2023, provocó pérdidas superiores a los 400 millones de dólares. Según el Departamento de Justicia, el cartel operaba falsos centros de llamadas y, para convencer a las víctimas de entregar su dinero, incluso creó sitios de internet con información engañosa y contaba con hábiles telefonistas que se hacían pasar por agentes inmobiliarios, abogados, oficiales de Gobierno e incluso mandos policiacos.
Las operaciones se concentraban en Puerto Vallarta y sus alrededores, en el Estado de Jalisco, uno de los destinos turísticos más visitados de México y considerado un bastión del CJNG. Cayeron en esta trampa más de 6.000 estadounidenses, entre ellos numerosos adultos mayores que perdieron sus ahorros de toda una vida.
En la cúspide de la operación, sostiene el Departamento de Justicia, se encontraban La Firma, El Tarjetas, y la hermana de este último, Griselda Margarita Arredondo Pinzón, señalada como presunta operadora financiera del cartel. Por información que conduzca a la captura de esta mujer, se ofrece una recompensa de dos millones de dólares. Además de las acusaciones relacionadas con el narcotráfico, los tres enfrentan cargos por fraude en una causa penal separada presentada ante un tribunal del Distrito Este de Nueva York.
Los operadores del CJNG dirigían el fraude contra ciudadanos estadounidenses que poseían o buscaban adquirir tiempos compartidos en México, explicó durante la conferencia Thyssen Duva, fiscal adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia. “Les prometían obtener ganancias por venderlos o alquilarlos. Pero antes debían pagar ‘impuestos’ y una ‘tarifa inicial’. Por supuesto, esas ganancias nunca llegaron”, relató el funcionario y añadió: “Este sofisticado esquema generó una fortuna ilícita que el CJNG utilizó “para financiar sus operaciones: traficar drogas, comprar armas y pagar sobornos”.
Frenar el flujo de dinero del cartel
Otro frente de la ofensiva de Washington contra el Cartel Jalisco pasa por derribar sus estructuras a través de uno de sus pilares más importantes: el dinero. El Departamento de Justicia ha puesto la mira en los operadores financieros que se han adaptado a una aplicación intensificada de la ley, ya que han hallado modos cada vez más frecuentes para enviar las ganancias de la droga a través de criptomonedas desde ciudades estadounidenses a los líderes de los carteles en México.
La llamada desde un call center para ofrecer una semana de vacaciones, un concierto de tu cantante favorito o un pago con bitcoin. Cada uno de estos actos puede esconder una técnica con la que los criminales convierten en bueno su dinero sucio. La idea de Gary Shapley, comisionado interino del Servicio de Impuestos Internos (IRS), es que el trabajo transdisciplinario que viene realizando EE UU pueda interrumpir el flujo de dinero que permite a las organizaciones criminales mantener sus operaciones, a medida que la presión de las fuerzas de seguridad aumenta sobre las rutas de las principales drogas que cruzan de México a EE UU. “Vamos a localizar sus fondos, vamos a encontrar su dinero y no habrá frontera que no podamos cruzar para hallarlo y recuperarlo”, detalla.
Duva manifestó en febrero pasado que los investigadores del Departamento de Justicia “quieren saber cómo funciona el sistema de distribución, quiénes están involucrados y solicitar acusaciones adicionales, y en cuanto al lavado de dinero, qué métodos utilizan exactamente para sacar el efectivo de Estados Unidos a través de los bancos en este país”.
