Pese a que el número de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela ha bajado más de 50 %, las ONG siguen destacando que aún persisten estas peligrosas prácticas, sobre todo en zonas populares.
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Centro de Investigación de los Padres Jesuitas Centro Gumilla reportaron al menos 1.414 casos durante 2021, una reducción de 1.620 ejecuciones con respecto a 2020, cuando se registraron unos 3.034 «asesinatos», puntualizan.
«Parece positiva la reducción, pero es todavía una cifra muy letal. Lo ideal en un Estado de derecho es que no haya ejecuciones extrajudiciales. Y 1.414, aunque en relación con 2020 sea una cifra bastante reducida, sigue siendo alarmante y letal», dijo, en rueda de prensa, Alfredo Infante, coordinador de DD.HH. de Centro Gumilla.
En este sentido, el coordinador de Provea, Marino Alvarado, sostuvo que la cifra «sigue siendo muy elevada» y «refleja la alta letalidad con el que siguen actuando los organismos policiales y militares en el país».
«Se ratifica que estamos frente a una política de Estado. Cuando el Estado tiene voluntad de controlar a sus organismos policiales, de orientarlos, se pueden lograr resultados como el de 2021, que en tan poco tiempo logró una reducción tan significativa», agregó.
De las 1.414 ejecuciones, el 99 % fueron hombres y el 1 % restante mujeres.
«Recientemente, la organización Cepaz presentó el informe sobre feminicidio en Venezuela, donde totalizaba 290 víctimas (en 2021), y en nuestro monitoreo aparecen 14 víctimas mujeres, es decir, que de los 290 feminicidios, 5 % están como presuntas ejecuciones extrajudiciales», dijo Infante.
El coordinador del Centro Gumilla precisó que la instancia policial con «mayor letalidad» en 2021 fue el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), siendo responsable de 347 ejecuciones, desplazando así a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), autor en 2020 de la mayoría de las muertes.
Según Infante y Alvarado, «gracias» a los informes elaborados por distintas organizaciones, por la Misión de Determinación de los hechos sobre Venezuela y a los presentados por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet —en los que pide la disolución de las FAES— este cuerpo ha «reducido su letalidad».
Al Cicpc, le siguieron en 2021 la PNB, con 198 ejecuciones, de las cuales las FAES fueron autores de 111. Les siguen la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con 152 casos, y las policías municipales, con 119 asesinatos. Todos estos casos, en operativos de actuación mixta, donde se documentaron 139 casos, siempre según las ONG.
El 100 % de las víctimas provenían de sectores populares, lo que, a juicio de Infante, indica que los barrios están «sometidos» a un continuo «caracazo», refiriéndose a las protestas populares de febrero de 1989 duramente reprimidas por el Gobierno y en las que «se ejecutó a gran parte de la población de los sectores populares».
«Hoy, esa política sigue a través de las ejecuciones extrajudiciales y de los operativos», aseveraron las ONG.
Dichos organismos indicaron además que se evidencia un «marcado y creciente desplazamiento interno de familias enteras» en algunas zonas populares, principalmente de Caracas, durante y después de la ejecución de estos procedimientos policiales.
Denunciaron, además, que hay una «situación estructural de impunidad», debido a que «tanto la Fiscalía como la Defensoría, en muchos de los casos, no han abierto investigaciones pertinentes».
