Estados Unidos está investigando a dos accionistas venezolanos de Plus Ultra, la aerolínea rescatada por la SEPI con un crédito de 53 millones de euros.
Por: José María Olmo // EL CONFIDENCIAL
La embajada de Washington en Madrid ha cursado una solicitud de colaboración a España para rastrear los movimientos de Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Pedro Antonio Bórquez Tarff, dos empresarios vinculados con el régimen de Nicolás Maduro que en junio de 2018 entraron en el capital de la compañía y ocupan un asiento en su consejo de administración.
Las autoridades estadounidenses sostienen que la operativa está relacionada con una trama de blanqueo de dinero a gran escala procedente de la corrupción chavista, según ha podido confirmar El Confidencial.
Los inversores bajo sospecha fueron claves para la supervivencia de Plus Ultra. En diciembre de 2017, la aerolínea logró un préstamo participativo de un banco panameño, Panacorp Casa de Valores, de 7,5 millones de dólares.
El dinero fue usado para costear dos de los tres aviones que conformaban en ese momento su diminuta flota, los Airbus A340-313 con matrículas EC-MFA y EC-MFB. Gracias al crédito, la empresa pudo seguir operando, pero volvió a entrar en causa de disolución solo unas semanas después tras cerrar el ejercicio 2017 con unas pérdidas de 6,7 millones de euros, según recogen las cuentas depositadas por la sociedad en el Registro Mercantil.
Para coger oxígeno, Plus Ultra tuvo que recurrir a una ampliación de capital. Tobía Roye y Bórquez Tarff acudieron a esa convocatoria y entraron en su accionariado.
Como reveló ‘VozPópuli‘, cada uno de ellos suscribió 202.789 participaciones por un importe idéntico de 1,237 millones de euros, inyectando así en la caja de empresa un total de 2,47 millones de euros que permitieron a la aerolínea continuar volando. La operación fue ratificada por el consejo de administración el 26 de julio de 2018 y, casi un año después, Bórquez Tarff fue nombrado consejero.
Agencias estatales de inteligencia de Estados Unidos siguen la pista ahora a los fondos invertidos en Plus Ultra y también a otras operaciones que estos inversores próximos al Gobierno de Caracas habrían efectuado en España en los últimos años, revelan las fuentes consultadas. Además de inyectar dinero en la aerolínea, Tobía Roye constituyó el 1 de enero de 2020, por ejemplo, una sociedad limitada dedicada a la gestión de activos inmobiliarios, Corporación Canaima Tosuc, que tiene fijado su domicilio en un despacho de abogados de Madrid especializado en operaciones internacionales con Venezuela. A través de esa mercantil, Tobía Roye controla una vivienda de nueve dormitorios en un edificio de la calle del Barquillo de la capital.
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Las pesquisas de Washington se centran, fundamentalmente, en el origen del dinero usado por los dos empresarios para aterrizar en la aerolínea salvada por la SEPI. Tobía Roye y Bórquez Tarff controlan el banco AndCapital de Puerto Rico, un territorio de Estados Unidos que goza de un estatus financiero especial y que se ha convertido en una enorme lavadora de dinero procedente de Venezuela.
Las autoridades del Tesoro estadounidense calculan que los bancos extraterritoriales como AndCapital (autorizados para operar con cuentas de Estados Unidos directamente, sin tener que recurrir a los costosos bancos corresponsales) mueven activos en Puerto Rico por valor de 50.000 millones de dólares, en gran parte procedentes de la corrupción, el narcotráfico y el contrabando. Una vez en Puerto Rico, los fondos son lavados mediante inversiones inmobiliarias y empresariales en las principales economías del mundo.
La Administración de Joe Biden considera que la inyección de capital en Plus Ultra responde a ese esquema. Tanto Tobía Roye como Bórquez Tarff son próximos al exvicepresidente venezolano José Vicente Rangel Vale (fallecido el pasado diciembre) y al hijo de este, José Vicente Rangel Ávalos, dos pesos pesados del todopoderoso Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Además del banco puertorriqueño, ambos inversores están ligados a más de una decena de sociedades panameñas. Tobía Roye aparece junto a su mujer en una de ellas, Silvana Worldwide Corporation, que se vio envuelta en el escándalo Madoff.
Las diligencias cursadas por Estados Unidos añaden más presión al Gobierno de Pedro Sánchez y, en especial, al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, uno de los principales valedores del rescate a Plus Ultra. La SEPI le concedió un crédito de 53 millones de euros a pesar de tener una cuota de mercado en el sector aeronáutico nacional que no llega al 0,1% y que, en la práctica, el grueso de sus acciones están en manos extranjeras. En concreto, de otros empresarios igualmente venezolanos. Se trata de Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli, a los que se ubica en el entorno de la actual vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, con la que se reunió Ábalos en Barajas en secreto en enero de 2020.
A Reyes Rojas también se le vincula con el empresario colombiano-libanés Alex Saab, que fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020 y está pendiente de extradición a Estados Unidos, que le acusa de liderar una red de blanqueo de dinero del régimen chavista y actuar como testaferro del propio Nicolás Maduro. El abogado de Saab es el exmagistrado Baltasar Garzón.
