El Consejo de Derechos Humanos de la ONU exigió este martes que Rusia permita a las organizaciones internacionales visitar a niños y otros civiles «que fueron deportados a la fuerza» desde Ucrania a territorios controlados por Moscú.
La resolución insta a Rusia a «cesar el traslado forzado ilegal y la deportación de civiles y de otras personas protegidas dentro de Ucrania o a la Federación de Rusia […], en particular niños, incluyendo los que están bajo custodia de las instituciones, no acompañados y separados» de sus familias.
El texto fue aprobado con 28 votos a favor, 17 abstenciones y dos en contra (China y Eritrea).
Según las autoridades ucranianas, 16.221 niños fueron deportados a Rusia hasta finales de febrero, unas cifras que la Comisión de la ONU no pudo verificar.
El 17 de marzo, la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, anunció que había emitido una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por el crimen de guerra de «deportación ilegal» de niños ucranianos desde que empezó la invasión.
La víspera, una Comisión de la ONU encargada de investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas en Ucrania desde que empezó la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022, concluyó en un informe que las «situaciones que examinó sobre el traslado y la deportación de niños, dentro de Ucrania y a la Federación de Rusia respectivamente, violan el derecho internacional humanitario y constituyen un crimen de guerra».
El texto adoptado este martes prorroga por un año el mandato de dicha comisión y llama a Rusia a permitir que los representantes y los colaboradores de los organismos internacionales de ayuda humanitaria y de derechos humanos tengan «un acceso sin trabas, inmediato, duradero y seguro» a esas personas, y a «aportar informaciones fiables y completas sobre el número y el lugar en el que se encuentran esos civiles, y garantizar que sean tratadas dignamente y su regreso sin peligro».
La resolución también pide a Rusia que permita el acceso a todos los prisioneros de guerra y a otras personas «detenidas ilegalmente».
AFP
