Redaccion El Tequeno El 3 de agosto de 2017, Eulogio Del Pino, entonces presidente de Pdvsa, suscribió un contrato con Juan José Ávila Fermín, presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). El propósito era claro: la petrolera estatal, que ya entonces sufría los estragos de la desinversión y la consecuente baja en la producción y en las ganancias, se comprometía así a patrocinar con un aporte de 10 millones de dólares la temporada 2017-2018 del béisbol profesional de invierno.
Para ese momento no solo los problemas financieros y operativos de Pdvsa, su principal fuente de ingresos, azotaban al país. El de 2017 fue el año de las protestas callejeras en diferentes ciudades del país que, a partir de marzo, pusieron en jaque al régimen de Nicolás Maduro, con un saldo de alrededor de 160 muertos y miles de heridos y detenidos. En agosto todavía persistían focos de disturbios. A la vez, la inflación, el desabastecimiento y la crisis humanitaria arreciaban, empujando a millones de ciudadanos a emprender el exigente camino de la emigración. La primera administración de Donald Trump desde Washington apretaba las tuercas de las sanciones contra el chavismo.
Ese contexto conflictivo llevó a pensar a muchos venezolanos, aún por encima de su amor por la pelota, que las condiciones políticas, de seguridad y espirituales no estaban dadas para una temporada de juego y fiesta en los estadios. Las críticas abundaron, formuladas muchas de ellas en medios de prensa. Por ejemplo, el exgrandeliga Alfredo Pedrique reclamó: «Tomen conciencia (…). Que no haya béisbol. Por consideración humana, por los niños que están muriéndose por falta de comida y medicinas».
Sin embargo, el show tenía que continuar. Los fondos se asignaron y la temporada se completó. Caribes de Anzoátegui quedó campeón y participó en la Serie del Caribe en Guadalajara, México. Con los hechos consumados, todo quedaba excesivamente normal, como el extinto vicepresidente de la República y excanciller del chavismo, José Vicente Rangel, había proclamado en medio de otra crisis política y de orden público, la de abril de 2002.
Pero una maniobra había quedado oculta entre los pliegues del contrato con Pdvsa.
El documento preveía dos desembolsos. El primero, de ocho millones de dólares, a partir del momento de la firma del convenio de patrocinio, mientras otro, posterior y final, por dos millones de dólares, se programó para octubre de ese mismo año. Lo que no se anticipaba era que uno de los signatarios del contrato, Eulogio Del Pino, caería en prisión apenas hechos los dos pagos, en noviembre de 2017, como parte de las purgas que se hicieron usuales en la directiva de Pdvsa durante el mandato de Maduro.
