En el marco del foro «Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela», organizado por el Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Austral de Chile, la diputada Delsa Solórzano analizó detalladamente las conclusiones de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), advirtiendo que, en las últimas semanas el horror se ha incrementado».
Durante su participación, la presidente de la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional mencionó algunos de los casos más evidentes de incursión en crímenes de Lesa Humanidad por parte de la dictadura, destacó las muertes por tortura de Fernando Alban y el Capitán Rafael Acosta Arevalo, las detenciones arbitrarias a diputados y altos cargos del gobierno de Juan Guaidó, catalogó de «gravísimas» las evidencias de tortura del diputado Juan Requesens y muchos otros.
Sobre la realidad de los parlamentarios en Venezuela, expresó que 139 diputados, incluyendola, sufren «asedio, acoso y persecución». Explicó que, según la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del régimen: «los diputados estamos permanentemente en flagrancia. Eso es inentendible para cualquier jurista», agregó luego de explicar minuciosamente a qué se refiere dicho delito y aludir al levantamiento de la inmunidad parlamentaria y muchos otros flagelos a los que están sometidos los parlamentarios y el resto del país, como muestra fehaciente de que «en Venezuela no hay democracia».
La parlamentaria actualizó a la audiencia latinoamericana, presente en el foro, sobre las prácticas de los cuerpos policiales y de inteligencia maniatadas por el régimen de Maduro. Mostró preocupantes cifras y casos muy particulares de arbitrariedades, acusó a estas «policías políticas» de allanar propiedades, sembrar evidencias y secuestrar sin ninguna orden legal, «no presentan ningún tipo de orden de detención, los secuestran, los someten a actos inhumanos, para obligarlos a asumir responsabilidades y acusar a los demás con declaraciones falsas. Casi siempre acompaño a los abogados en los casos como presidente de la comisión especial; nos niegan información sobre las imputaciones o nos niegan la presencia del detenido».
Destacó que, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pasando por las instancias más importantes de la ONU y la Corte Penal Internacional, tienen detalles de lo que ocurre en Venezuela. Según Solórzano, para el país esto no es nuevo, «Desde el 2004 vengo denunciando la violación sistemática de los derechos humanos», pero aseguró que las organizaciones internacionales «no creían», lamentó que: «la consecuencia de la indiferencia nos trajo aquí, a una sircunstancia en que no hay energía eléctrica, gas domestico, agua servicios públicos».
El informe «determinó que, ha habido crímenes de Lesa Humanidad comprobables y además evidenció a algunos de los responsables con nombre y apellido», afirmó la legisladora, para luego mencionar uno a uno los actores del régimen registrados en el documento y algunos otros que, le dieron la espalda, pero igual no escapan de la culpa reflejada en la última evaluación de la ONU.
«Para los venezolanos es difícil leer este informe, porque lo hemos vivimos, es nuestra realidad y no es fácil leer en negro y blanco, en un papel, nuestro sufrimiento», fueron las sentidas palabras de la presidenta del partido Encuentro Ciudadano, quien cerró haciendo referencia a «otras historias que uno lee o escucha de nuestros propios abuelos que, vinieron a Venezuela hullendo de realidades difíciles hace muchos años, pero para ellos eso es historia, es pasado, para los venezolanos es presente, el llamado es a levantar la voz», despidió emotivamente la dirigente.
La legisladora Delsa Solórzano compartió panel con importantes expertos en el área de derechos humanos y especialistas en temas concernientes a los crímenes de Lesa Humanidad, entre los cuales destacan el Dr. en Derecho de la Universidad Austral de Chile, Luis Palacios; la politóloga venezolana Betilde Virginia Muñoz-Pogossian, quien es directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad en la Organización de Estados Americanos (OEA); la reconocida defensora de los derechos humanos y directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar; además del abogado especialista en derecho penal y miembro de «Project Expedite Justice», Nicolás Süssmann.
Redacción El Tequeño
