Elaine Cristella estaba celebrando su último día de trabajo en septiembre antes pasar a retiro de la compañía Micron Technology en Boise, con sede en Idaho, recibiendo una placa de reconocimiento y tarjetas expresando los buenos deseos de sus compañeros, cuando de repente recibió un mensaje de texto con una foto mostrando a su hijo bajo arresto.
Lo último que supo fue que Joseph Ryan Cristella, de 39 años, estaba en Colombia buscando reunirse con su prometida venezolana. Y lo que le estaban diciendo es que había pasado a ser un prisionero de la unidad de contrainteligencia militar de Venezuela.
“Se suponía que sería un día relajante”, dijo Cristella, recordando en una entrevista telefónica el momento en que escuchó la noticia. “De hecho, me fui temprano, estaba fuera de mí, estaba llorando”.
Diez meses después, Cristella sigue detenido en la infame sede de Boleita, sector de Caracas, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), un lugar citado por organizaciones de derechos humanos por el frecuente uso de tortura por parte de los funcionarios allí, a menudo dentro de un área coloquialmente conocida por los reclusos como la “Casa de los Sueños”.
Es uno de una serie de estadounidenses que después de involucrarse románticamente con alguna mujer venezolana termina viajando a la región fronteriza entre Colombia y Venezuela para luego ser detenidos por las autoridades venezolanas.
Es un patrón que alarma cada vez más a los funcionarios del Departamento de Estado, quienes creen que el régimen de Nicolás Maduro está deteniendo indiscriminadamente a ciudadanos estadounidenses para convertirlos en fichas que luego pueden negociar con Washington a cambio de concesiones políticas.
El miércoles, el Departamento de Estado le confirmó a McClatchy que Cristella había recibido la designación de víctima de una detención injusta, lo cual libera recursos a través de la Ley Levinson, para que el enviado especial del presidente para asuntos de rehenes pueda involucrarse en el caso, un avance positivo para su familia después de meses de inacción por parte de Washington.
“El Departamento no tiene mayor prioridad que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero”, dijo un funcionario del Departamento de Estado.
DETENIDO EN LA FRONTERA DE COLOMBIA
Cristella vivía en Orlando, en la Florida, cuando conoció a su prometida, Agnes, durante un viaje de trabajo a la República Dominicana en el año 2020. Le propuso matrimonio en cuestión de meses, dijo su madre. “Estuvo allí, creo, durante una semana, tal vez un poco menos, y regresó varias veces para visitarla”, dijo. “Estaba muy enamorado”.
Pero una disputa con su jefe afectó su capacidad de viajar a verla, lo que frustró su relación y provocó una confrontación con recursos humanos que resultó en su despido. Cuando viajó a Colombia para reunirse con Agnes en septiembre de 2022, “no estaba en un buen estado de ánimo”.
Se encontraba sin trabajo, sin automóvil y sin una dirección permanente, dijo Elaine Cristella. No está del todo claro si Cristella fue detenido en el lado colombiano o venezolano de la frontera notoriamente porosa. Agnes y su familia disuadieron repetidamente a Cristella de viajar a la región, dijo su madre.
Inicialmente estuvo recluido en una instalación venezolana cerca de la frontera, donde los ex reclusos le contaron a McClatchy sobre las terribles condiciones, antes de ser trasladado a la prisión principal de la DGCIM en la capital venezolana.
Cristella le dijo a su madre que al menos otros cuatro estadounidenses están detenidos en su bloque de celdas, incluidos Eyvin Hernández y Jerrel Kenemore, quienes conocieron a mujeres venezolanas a través de la internet que les motivaron a viajar a la región fronteriza.
Hernández y Kenemore también han sido declarados víctimas de detenciones injustificadas por el Departamento de Estado en virtud de la Ley Robert Levinson de Recuperación de Rehenes y Responsabilidad por la Toma de Rehenes, una ley que proporciona un marco para que el secretario de Estado determine si un estadounidense está siendo detenido injustamente en el extranjero.
La decisión traslada sus casos desde la Oficina de Asuntos Consulares al escritorio del enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, una oficina que cuenta con mejores recursos gracias a la Ley Levinson y que gracias a sus conexiones con varias agencias federales está mejor posicionada para manejar casos de rehenes, además de también estar facultada para negociar con gobiernos extranjeros hostiles.
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