Redaccion El Tequeno La publicación, en una historia temporal de Instagram, provocó más indignación en un momento en el que el ministerio afronta otro caso que ha causado una fuerte conmoción, la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, luego de que su madre pasara 16 meses buscándolo de cárcel en cárcel. Amnistía Internacional rechazó el uso de la imagen de Benítez y su familia como parte de una campaña institucional “mientras que esas mismas autoridades la mantienen injustamente encarcelada y le niegan acceso a tratamientos médicos, visitas familiares y condiciones de vida digna”, señaló en un comunicado.
Benítez fue detenida arbitrariamente en 2018 en un punto de control policial en el estado Portuguesa y la implicaron en un intento de magnicidio contra Nicolás Maduro durante una parada militar en agosto de ese año en Caracas, el llamado caso dron. Estaba embarazada cuando la apresaron y, a causa de las torturas que recibió, sufrió un aborto espontáneo y quedó con secuelas en su movilidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas de protección que el Gobierno no ha cumplido, y distintas instancias de las Naciones Unidas han denunciado las violaciones de sus derechos. Desde 2022 está en silla de ruedas. A principios de este año, el senador republicano Rick Scott pidió por su libertad.
Amnistía Internacional exigió que las imágenes de personas detenidas usadas con fines propagandísticos sean retiradas de los canales públicos. “Esto lesiona aún más la dignidad de estas personas y sus familias”. La historia no fue borrada: circuló las 24 horas que permite la aplicación con los rostros de Benítez, los cinco niños y los tres adultos que la acompañaban expuestos.
En la cuenta de Instagram del Ministerio de Servicio Penitenciario se publican con frecuencia imágenes de reclusos en actividades deportivas y recreativas dentro de las cárceles como muestra de la gestión gubernamental. En las últimas semanas se han reseñado las visitas institucionales del propio ministro Julio García Zerpa, miembros del Programa de Convivencia y Paz y de la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, a algunas cárceles, entre ellas el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), donde está recluida Ermilendris Benítez.
Esas fotos contrastan, sin embargo, con los datos del Observatorio Venezolano de Prisiones, que ha contabilizado 16 muertes de reclusos entre abril y mayo en Venezuela, incluidas cinco en un motín ocurrido en el Centro Penitenciario de Yare, del que las autoridades no han informado sobre sus causas, el número de heridos ni la identidad de los fallecidos.
La ONG exigió la semana pasada la destitución del ministro de Servicio Penitenciario tras revelarse la desaparición forzada, el ocultamiento de información y la muerte bajo custodia de Víctor Hugo Quero Navas. La petición ha sido compartida por cientos de presos políticos excarcelados este año —por los que Estados Unidos ha ejercido presión— que han denunciado malos tratos y condiciones de insalubridad.
Enfermedades como tuberculosis y desnutrición —con una dieta basada únicamente en granos— son las más reportadas en las cárceles. La falta de atención médica, el retardo procesal, los traslados arbitrarios y el incumplimiento de las órdenes de excarcelación de quienes han cumplido su pena o recibido su boleta de salida son denuncias reiteradas entre los familiares de presos en Venezuela.
García Zerpa es una ficha discreta del chavismo, vinculado a Nicolás Maduro y Cilia Flores a través de su padre, Julio García Jarpa, quien, como él, también fue diputado. Maduro lo nombró ministro de las cárceles en junio de 2024, poco antes de las elecciones presidenciales, cuando las protestas de presos políticos —entonces poco más de 300— se habían intensificado. “Lo designo para que siga impulsando un sistema adaptado a los nuevos tiempos, seguro, estable y con respeto a los derechos humanos”, dijo entonces el líder del chavismo, hoy preso en una cárcel de Nueva York tras la intervención de Estados Unidos en enero pasado.
A García Zerpa le tocó gestionar la reclusión masiva de más de 2.000 detenidos por la represión contra las protestas tras los resultados electorales, entre ellos un centenar de adolescentes. Inició su militancia en las juventudes del Partido Socialista Unido de Venezuela y ocupó cargos en varios ministerios antes de ser electo diputado en 2021. Forma parte de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial, ordenada por Maduro en 2021 y presidida por Diosdado Cabello —ministro de Interior—, la misma que ahora Delcy Rodríguez, como presidenta encargada, ha vuelto a invocar.
En 2023 supervisó los operativos denominados Liberación Gran Cacique Guaicaipuro, en los que fueron tomados militarmente penales como la cárcel de Tocorón, desde donde operaba la banda criminal el Tren de Aragua, aunque sus cabecillas lograron escapar antes de la entrada de las autoridades. Desde entonces desaparecieron los llamados “pranes” —líderes criminales armados que gobernaban en las prisiones— y el Estado tiene el control total de lo que ocurre en las cárceles del país.
Vía AlbertoNews
