Redaccion El Tequeno El Observatorio Venezolano de Finanzas —un monitor de economistas de la oposición que ofrece los reportes sobre la hacienda nacional que las autoridades del estado no quieren proporcionar— ha informado de que el índice de precios al consumidor del mes de mayo se ubicó en un preocupante 26%. El incendio inflacionario se ha recrudecido y de nuevo gana cada vez más terreno en Venezuela, país que había llegado a tener un índice de precios al consumidor de apenas el 2% en julio del año pasado, luego de los estragos hiperinflacionarios de la década anterior.
La inflación de dos dígitos mensuales, un escenario que parecía superado hace pocos meses, es ya toda una realidad. La causa fundamental, de acuerdo con los expertos, es la devaluación de la moneda (un 30% en los últimos meses), asociada a la disminución de ingresos del país y a la emisión de dinero que hacen las autoridades para financiar el déficit fiscal.
Los problemas del fisco nacional se agravan con la marcha de la petrolera Chevron, el endurecimiento de las sanciones en contra por parte de la Administración de Donald Trump en los Estados Unidos y la ruina del aparato productivo del país.
El OVF proyecta un escenario negro para la economía local: una inflación interanual que promedia el 229%, y una tasa acumulada del 105,5% en un entorno contractivo. Estas cifras mantienen a Venezuela como uno de los países con mayor inflación en todo el mundo durante más de 10 años.
Los informes del OVF le sirven de parámetro a muchos empresarios y agentes económicos, en un país en el cual el Banco Central de Venezuela tiene tiempo omitiendo lo fundamental de las cifras de la economía local, o presentándolas de manera muy gruesa y espaciada.
En este contexto, el ejecutivo nacional busca recursos de forma desesperada para cuadrar sus cuentas y contener el alza de los precios. Voceros económicos piden la implementación de una política antinflacionaria integral, que vaya más allá del congelamiento salarial o la restricción del crédito. Por estos días se ha instalado la tesis sobre la posibilidad de un aumento del combustible. Algunas fuentes consideran inevitable que tal medida se termine concretando.
El presidente de la Subcomisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y exministro de Finanzas, Ramón Lobo, anunció que ya existe un nuevo esquema de precios sobre bienes esenciales en el marco de la denominada Ley de Precios Acordados. El anuncio sobre un esquema de pacto de precios con el empresariado ha despertado inquietudes sobre la posibilidad de que regresen los escenarios de desabastecimiento de la década anterior, que produjeron un enorme trauma en la ciudadanía.
Lobo ha dicho que la condición que pone el ejecutivo a los empresarios es que vendan sus productos al dólar oficial, no al paralelo, cuya difusión ha estado gravemente penada en el tiempo reciente. “Con la vicepresidenta Delcy Rodríguez hemos logrado importantes acuerdos con los sectores empresariales. No queremos que los empresarios vendan por debajo del costo, sino que tengan ganancias racionales”, dijo Lobo.
Con el Decreto de Excepción y Emergencia Económica como marco, se endurece la voracidad fiscal del estado, probablemente la más alta de toda América Latina. Empresarios consultados que no han querido identificarse afirman que hasta el 60% de las utilidades de una compañía pueden ser erogados hoy en impuestos.
El grueso de la carga impositiva local descansa en los denominados impuestos parafiscales. Además del Impuesto Sobre la Renta y el Seguro Social, los empresarios deben cotizar al estado montos para el Fondo Nacional del Deporte, el Fondo Nacional Antidroga, el Instituto de Cooperación Educativa, el Fondo Nacional de la Vivienda, El Fondo Nacional de Ciencia y la Tecnología y el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. El Gobierno anunció el aumento de la Unidad Tributaria, de 9 a 43 bolívares.
“La tasa de declaración de impuestos en el país duplica el promedio regional”, afirma un agente financiero que ha preferido mantener su nombre en la reserva. “El decreto de emergencia económica permitiría el ejecutivo bajar la carga impositiva de los municipios, que es altísima. Las contribuciones parafiscales están siendo cobradas con mucha agresividad por el Servicio Nacional de Administración Tributaria, la oficina estatal, y sin el principio de reciprocidad fiscal, puesto que los servicios públicos locales son muy deficientes. Hay que decir que algunos de estos cobros se calculan sobre los ingresos brutos, no sobre los netos. Todos tienen un enorme impacto en salud de estas empresas”.
Muchos empresarios argumentan en privado que la altísima carga de gravámenes que el Ejecutivo vuelca sobre sus hombros no tiene reflejos en la calidad de los servicios ofrecidos a la población o la eficacia de sus políticas, en una nación que sigue teniendo una grave emergencia social.
Sin Presupuestos conocidos
“En Venezuela no hay Presupuesto Nacional conocido y de dominio público desde el año 2015”, afirma Ronald Balza, decano en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). “No sabemos cuánto ni cómo se ha gastado lo que se ha gastado. No es posible calibrar cómo están algunas variables de la macroeconomía, el déficit fiscal o la balanza de pagos, porque no hay información. Las referencias de los gastos ejecutados las hemos escuchado en los discursos oficiales anuales, que ofrecen algo de data. Nada más”.
“La hiperinflación en Venezuela tiene un origen”, afirma Balza. “Se ha financiado el gasto central con emisión monetaria en proporciones no conocidas y para destinos no conocidos. Y además, tenemos 10 años con sanciones internacionales. Desde entonces, el chavismo se negó a debatir o rendir cuentas del manejo de la hacienda pública con el argumento de que estábamos en una guerra económica”.
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