Redaccion El Tequeno El 20 de enero pasado, el presidente Donald Trump redefinió la guerra contra las drogas a través de una orden ejecutiva que permite designar a los cárteles y otras organizaciones dedicadas al narcotráfico como terroristas sin que el Congreso tenga que aprobarlo. La decisión entraña un cambio de paradigma: se transforma en guerra contra el terrorismo y habilita la participación militar directa en el extranjero.
En cierta forma, es el reconocimiento del fracaso de una estrategia que no ha logrado disminuir el consumo ni desarticular los cárteles, que, por el contrario, han devenido en poderosas estructuras con capacidad para desestabilizar países. Esta circunstancia ha empujado a la Casa Blanca a escalar la estrategia a un plano diferente al habitual para combatir el crimen organizado. En otras palabras: ha dejado de ser un problema de policía. Es una consecuencia de los cambios cualitativos en el negocio, y de las nuevas realidades políticas y económicas mundiales.
De la marihuana a la cocaína y de la cocaína al fentanilo
El negocio ha mutado. Ya no estamos en los años setenta, cuando los contrabandistas norteamericanos venían al país a comprar marihuana, porque descubrieron que era un productor casi inagotable y de alta calidad, tal cual lo afirma James Henderson en su libro Víctima de la globalización. La historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz de Colombia (Siglo del Hombre Editores, 2012). Ahora la marihuana se cultiva en 40 estados de la Unión. Es legal para uso recreativo en 24. En Colombia, sin embargo, sigue prohibida y combatirla demanda grandes costos en justicia y seguridad.
El desafío actual es el fentanilo. Una mercancía más adictiva y dañina que la cocaína y la heroína; un opioide sintético 50 y 100 veces más potente que la morfina, y la principal causa de muerte de estadounidenses entre los 18 y los 45 años, aproximadamente 100.000 personas al año. En 2011, según la DEA, los fallecimientos por esta sustancia fueron 2.666. Se produce dentro y fuera de Estados Unidos, principalmente en China. Es legítima, pues, la preocupación de la administración Trump.
En febrero de este año, el Departamento de Estado designó como terroristas a varias organizaciones de narcotraficantes mexicanos; igualmente, al Tren de Aragua de Venezuela y a la Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador. Y, a comienzos de septiembre, el secretario de Estado Marco Rubio fustigó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y arremetió contra Nicolás Maduro: “Dicen que Venezuela no está envuelta en el tráfico de drogas porque Naciones Unidas dice que no lo está. ¡Pero no me importa lo que dice la ONU! ¡Porque la ONU no sabe lo que está diciendo! Maduro está acusado por un gran jurado del distrito sur de Nueva York. (…) No existe duda de que Maduro es un narcotraficante”.
Este nuevo enfoque endurece el relacionamiento con América Latina, especialmente con México, Colombia —a la que acaba de descertificar, pese a no ser un productor ni un comercializador de fentanilo— y Venezuela. El pretexto para intervenir en la patria de Bolívar ya no sería la ilegitimidad del gobierno —derivada de las artimañas y falsedades electorales— y la defensa de la democracia, como durante el primer mandato de Trump, cuando reconoció al gobierno de Juan Guaidó. Maduro está acusado de brindar refugio a terroristas colombianos de las llamadas disidencias de las FARC y del ELN, y de tener vínculos con terroristas internacionales.
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