Durante el segundo día de audiencias convocadas por la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), el régimen de Nicolás Maduro admitió que en Venezuela continúan impunes la mayoría de los casos de los cuales presentó documentación ante el tribunal de La Haya.
La jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza comenzó la audiencia preguntando a los representantes del régimen de Nicolás Maduro si las fichas presentadas de 124 incidentes son documentos oficiales y cuáles son sus estatus. En su respuesta, la delegación del régimen admitió que ninguno de los casos ha sido concluido con una condena definitivamente firme.
«Los datos actualizados en relación a esos 124 incidentes son: 113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos; hay 3 en fase intermedia, es decir con una acusación formal; 3 en fase de juicio; y 5 condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados», dijo el abogado Aitor Martinez Jimenez.
Además detalló que «en relación a los rangos, dentro de esos 124 incidentes nos encontramos con 15 oficiales actualmente condenados, que van desde oficiales la policía hasta sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana. Y sometidos a investigación tenemos dentro de las fuerzas de seguridad a 18 comisarios, 39 inspectores, 9 detectives, 9 supervisores, 2 oficiales jefe, 26 oficiales, y en el cuerpo militar 3 tenientes coroneles, 7 tenientes, 1 mayor, 6 capitanes y 31 sargentos».
El abogado británico Ben Emmerson, que encabeza la comitiva chavista, admitió que «evidentemente en algunos casos habrá algún sospechoso idenificado y en otros no, porque la investigación no ha alcanzado ese nivel».
Y reconoció que «ninguno de esos casos se ha cerrado o ha concluido completamente, ninguna de estas investigaciones han acabado, a raíz de las alegaciones tan importantes que suponen y son objetos de investigación continua».
Por su parte, la Fiscalía de la CPI informó que de los 62 casos reportados por el régimen han visto que «47 de ellos no se identificaron a los perpetradores, es decir 3/4 partes no se identificaron. También en 57 casos estaban en la fase preparatoria, es decir la primera fase del procedimiento donde todavía no ha habido una acusación formal. Y para 21 casos la Fiscalía vio que era una caracterización jurídica inadecuada».
