El régimen de Nicolás Maduro pretende aumentar el control social en Venezuela y su poder sobre los ciudadanos con la implementación del llamado poder popular y el Estado comunal, que no están señalados en la Constitución de la República.
Así lo advirtió la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, que resaltó que la mayoría de los venezolanos se opuso a esas figuras cuando rechazó el proyecto de reforma constitucional que el fallecido presidente Hugo Chávez impulsó en 2007.
Explicó que tanto la normativa ya vigente en la materia desde hace años como la que está discutiendo el régimen en la actualidad exige que todas las organizaciones comunales estén constituidas con el propósito de alcanzar una supuesta sociedad socialista.
Entonces, los poderes Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral estarán, en teoría, al servicio del poder popular y, por lo tanto, deberán funcionar obedeciéndole.
«Pero en realidad la obediencia es al Ejecutivo nacional, pues el poder popular (o ciudadanos organizados en instancias comunales) dependen de este último. Los poderes territoriales, municipal y estatal prácticamente desaparecen, aunque estén contemplados en la Constitución», agregó.
Acceso a la Justicia dijo que se prevé además una justicia comunitaria que dependerá del sistema nacional de justicia y paz.
«El gobierno de Maduro, para dar continuidad a este proyecto de Estado y sociedad, ha realizado últimamente tres movimientos que demuestran sus intenciones de darles vida y profundizar aún más el proceso de desinstitucionalización y desmantelamiento del Estado que ya sufre el país desde hace varios años», señaló.
La organización indicó que a principios de febrero Maduro entregó los proyectos de Ley de las Ciudades Comunales y del Parlamento Comunal al Parlamento chavista. Ambas propuestas las aprobaron en primera discusión el 11 de marzo y el 13 de abril, respectivamente, y ahora están en la fase de consulta pública.
Añadió que a estos dos proyectos se le suma la resolución 0026 del 1 de febrero de 2021 del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que contiene las normas de actuación de funcionarios policiales y de investigación penal para la atención de casos de violencia de género.
«Texto publicado en la Gaceta Oficial N° 42076 del 26 de febrero de 2021, instrumento que da a los consejos comunales la potestad de recibir denuncias sobre violencia de género en contra de las mujeres», subrayó.
