Desde los primeros dos contagios de COVID-19 en el mes de marzo, el Gobierno nacional tomó fuertes medidas restrictivas para presionar el cumplimiento de la cuarentena. Esto, sin embargo, ha sido contraproducente para sectores económicos. No ha generado garantías de salud contra la pandemia y por al contrario ha servido para generar mayor control social y violaciones de derechos humanos.
Por José Rivas | Correo de Caroní
“El abuso policial no se ha detenido a pesar que hay menos gente en la calle”, expresó Marino Alvarado, representante de Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea). Desde la organización estiman que en el primer semestre del año ha habido 1.611 ejecuciones extrajudiciales.
Desde marzo han registrado detenciones al personal de salud por reclamar mejores condiciones de trabajo, a periodistas como el comunicador Darvinson Rojas y una nueva violación que antes de la cuarentena no existía como lo es la aprehensión de personas “por no cumplir” las normas preventivas de la COVID-19, por lo que son expuestos a trabajos forzados o ejercicios físicos.
El defensor de derechos humanos subrayó que durante este tiempo se ha agravado la condición de las personas, sobre todo de pensionados quienes cobran menos de dos dólares. “Ni siquiera un pensionado tiene la capacidad de comprar un kilo de tomate (…) en términos sociales, uno de los aspectos que más se ha agravado es los ingresos de trabajadores y pensionados, que los somete a miseria y a hambre”, manifestó.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ha registrado hasta la fecha 5.811 protestas, de las cuales 3.214 han sido por servicios básicos y 1.086 por la escasez de combustible. “Ha habido un deterioro generalizado en la condición socioeconómica del país”, comentó.
Recomendó al Gobierno atender de forma económica a sectores vulnerables y darle mayor protección al sector salud. “Lo que más necesita el país es inversión en salud pública para evitar que la pandemia se siga expandiendo”, cerró.
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