El planteamiento de la nueva ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, de abrir la posibilidad de una importación de gas en el futuro desde Venezuela, para atender posibles faltantes en el mercado local, no solo ha generado polémica sobre la lógica que hay al traer el energético del exterior cuando lo que se necesita es desarrollar descubrimientos como los del mar Caribe para mantener la soberanía y autosuficiencia energética, sino que hizo recordar la frustración que significó hace 7 años que ese país no cumpliera el compromiso de venderle gas a Colombia.
El idilio energético, que también duró 7 años, entre 2008 y 2015, comenzó cuando se identificó que el país tenía excedentes de gas que podría vender, como efectivamente se hizo, ya que en su momento las reservas eran mayores y la demanda mucho menor, y que era buen negocio para Ecopetrol y para Chevron, integrantes de la Asociación Guajira, sacarles rédito a esos recursos.
Según cifras del Dane, entre el 2008 y el 2015 las exportaciones de gas colombiano, que se hacían solo a ese país y cuyo uso principal era la producción de crudo, sumaron 2.272 millones de dólares –unos 4,4 billones de pesos en ese período–, recursos que fueron pagados a los dos vendedores, con algunas dificultades puntuales.
“Colombia lo vendió y a los mayores precios internacionales en ese momento. Venezuela no le ha robado nada a Colombia, pagó sus deudas, hubo unos momentos en que se demoraron en pagarlas, pero la plata la pagaron”, asegura Eduardo Pizano, expresidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás).
El exviceministro de Energía Tomás González explica que el contrato con el que se iniciaron las exportaciones de gas a Venezuela en el 2008 finalizaba en el 2015, con el compromiso de reversar el flujo hacia Colombia desde el 2016, cuando la situación energética del país ya era muy compleja por el fenómeno del Niño y por una hidrología muy débil que hacía necesaria la generación térmica intensiva, pero varios sucesos confluyeron dejando al país casi al borde de un racionamiento eléctrico.
En ese año había serias dificultades con el gas, ya que la planta de regasificación de Cartagena tenía atrasos, no había gasoductos para conectar los campos de Córdoba y Sucre; y un juez de Neiva ordenó en diciembre apagar la hidroeléctrica El Quimbo, en cumplimiento de un fallo de la Corte Constitucional. Y en el 2016, un incendio sacó de operación a la central hidroeléctrica Guatapé, lo que agravaba la situación, al dejar al país ante una seria posibilidad de un apagón eléctrico, como el del marzo de 1992 a febrero de 1993.
Razones de fondo
De acuerdo con el exviceministro González, en medio de ese panorama tan complejo en el que hubiera servido mucho contar con el gas de Venezuela, lo cierto es que ese país, a través de la estatal PDVSA Gas, dijo hasta casi el 31 de diciembre del 2015 que no había problema, pero la realidad es que el primero de enero del 2016 nunca fluyó el gas hacia Colombia y no honraron el contrato.
Los archivos de la época muestran que el Ministerio de Minas y Energía informó que, en una comunicación enviada por PDVSA el 30 de diciembre de ese año, esa empresa dijo que no iniciaba la entrega de gas a Colombia desde el 1.° de enero de 2016, argumentando el comportamiento de la generación de energía eléctrica derivada de la variabilidad climática.
En su momento, los acuerdos de comercialización de gas natural entre la estatal venezolana PDVSA y Ecopetrol se iban a desarrollar en dos fases: la primera correspondió a la exportación de gas desde Colombia en la que participaron Chevron y Ecopetrol y la segunda a una eventual importación de gas de Colombia de parte de PDVSA, para lo cual se planteó la opción de un contrato de suministro y transporte para el recibo del gas en la estación Ballena, en La Guajira.
Según fuentes conocedoras del tema, si bien para esta segunda fase no había obligatoriedad de entrega ni de recibo de gas por las partes, hubo tres factores claves para que Colombia se quedara viendo un chispero cuando más necesitaba el energético.
El primero es que PDVSA Gas nunca terminó las inversiones necesarias para poner el gas en calidad y presión en el sistema de transporte de gasoductos de Colombia, lo que en la práctica indica que técnicamente el gas no estuvo ni está listo todavía.
Al respecto, el exviceministro González explica que estas condiciones están definidas en el Reglamento Único de Transporte (RUT), un conjunto de normas expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que reglamentan la actividad de las empresas que prestan el servicio de transporte de gas natural y su interrelación con los demás agentes.
Pero al mismo tiempo, de acuerdo con las fuentes, el segundo factor que incidió fue que el manejo de los campos de gas de Colombia mejoró y por lo tanto nunca se dio el déficit que se preveía en materia de gas.
Otra situación que incidió fueron las sanciones de bloqueo económico de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Ofac) contra el Gobierno venezolano, que se iniciaron en 2015 bajo el mandato de Barack Obama, las cuales también hacían imposible cualquier transacción comercial de Colombia con PDVSA.
