En el 2008, Siemens admitió que pagó sobornos en Argentina y Venezuela

Redaccion El Tequeno
Das Leipziger Siemens Werk für Niederspannungsschaltanlagen. (zu dpa «Abschreibung auf Energy und Russland drücken Siemens tief ins Minus») +++ dpa-Bildfunk +++

Las filiales de la compañía Siemens en Venezuela y Argentina admitieron haber pagado sobornos millonarios a funcionarios en ambos países a cambio de tratos favorables en contratos pagados con dinero público, según documentos judiciales de la condena a la empresa alemana en Estados Unidos publicados hoy.

La compañía argentina admitió que entre septiembre de 1998 y el año 2007 hizo “significativos pagos” de forma “directa e indirecta” a “varios” funcionarios a cambio de un trato de favor en conexión con el proyecto del documento nacional de identidad, valorado en unos 1.000 millones de dólares.

Además, la empresa admitió que desde que Siemens comenzó a cotizar en la bolsa de Nueva York en marzo de 2001, pagó unos 31,263 millones de dólares en sobornos a funcionarios argentinos. Esos pagos fueron registrados inadecuadamente en sus libros de cuentas como “gastos de consultoría” o “gastos legales”.

Al mismo tiempo, Siemens Venezuela admitió que desde noviembre de 2001 y hasta mayo de 2007 pagó sobornos por valor de “al menos” 18,78 millones de dólares a funcionarios venezolanos, a cambio de un trato favorable en la adjudicación de los proyectos para construir un tren suburbano en Valencia y otro en Maracaibo. Los dos contratos estaban valorados conjuntamente en 240 millones de dólares.

Cada una de las dos filiales tendrá que pagar una multa de 500.000 dólares. Según los documentos judiciales, ambas partes acordaron una cifra tan baja porque el cálculo de la multa sería muy complicado debido a la dificultad para ponderar la responsabilidad de la empresa matriz y de una filial. Por ello, la mayor parte de la carga en el caso fue adjudicada a la empresa matriz.

Además, en el caso de Argentina, la fiscalía estadounidense reconoce que no existió “un beneficio pecuniario de la ofensa”, porque Siemens terminó incurriendo en pérdidas por el contrato del documento nacional de identidad.
El juicio llevado a cabo en Estados Unidos se basó en la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, y la acusación se fundamentó especialmente en dos cargos: la falsificación contable de una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York y la utilización de medios registrados (cuentas bancarias, direcciones de correo, etc) en Estados Unidos para facilitar sobornos.

Según el acuerdo al que llegaron las partes, Siemens accedió a pagar una cantidad de casi mil millones de euros (1.366 millones de dólares) en multas por el escándalo de pago de sobornos en el extranjero.

De esa cantidad el gigante tecnológico pagará una sanción económica de 600 millones de euros (casi 820 millones de dólares) en Estados Unidos, según decidió hoy la corte encargada del caso en Washington, mientras que otros 395 millones de euros (casi 540 millones de dólares) serán abonados en Alemania, de acuerdo con lo dispuesto por la Fiscalía de Múnich, encargada del caso.

De los más de 800 millones de dólares que se pagarán en Estados Unidos, 450 millones fueron impuestos por el Departamento de Justicia y otros 350 millones por la Comisión Nacional de Valores (SEC).

Los documentos judiciales no citan nombres y apellidos de los que denomina “co-conspiradores”. Sin embargo, sí ofrece detalles que permiten aproximar su identidad.

En los documentos sobre Siemens Argentina, por ejemplo, se habla de un “antiguo ministro” con “una gran influencia”, que recibió pagos corruptos de la filial de la compañía alemana para impedir que el contrato para el documento nacional de identidad fuese cancelado.

También se cita a un “antiguo funcionario” del gobierno argentino hasta 1999, posterior diputado nacional hasta 2007, que igualmente recibió sobornos.

En el caso de Venezuela, toda la estructura de sobornos estaba basada en varias firmas “consultoras” a las que Siemenes pagaba grandes cantidades con el entendimiento de que los “consultores” sobornarían a los “funcionarios gubernamentales” adecuados.

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